del 7 al 20 de Enero de 2004 • Edición número 1,335
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Ley de Lemas
¿Remedio o enfermedad?

La “ley de lemas” no es más que un mecanismo a través del cual, un partido en conflicto puede llevar más de dos candidatos en unas elecciones generales. Quien obtenga mayoría de votos, se les suman los de los demás.



Por la Redacción de [A]HORA

La costumbre de moldear las leyes y en ocasiones la propia Constitución de la República para resolver asuntos internos de los partidos políticos, con frecuencia ha metido al país en problemas de los cuales luego le resulta difícil salir o complican mucho más la situación que momentáneamente se quería resolver.

Nuestros políticos son especialistas haciendo valer el popular refrán que reza: “el remedio es peor que la enfermedad”. El oficialista Partido Revolucionario Dominicano se encuentra inmerso en una crisis interna generada por la lucha encarnizada por la candidatura presidencial y su tradicional incapacidad para celebrar convenciones sin traumas.

Los traumas convencionales en el PRD se han producido sistemáticamente, aún cuando contaba con sólidos liderazgos como lo eran en su momento los de Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Majluta y José Francisco Peña Gómez.

La imagen más tradicional de lo que han sido las convenciones del PRD es la especie de conflagración bélica que se libró en el hotel “Dominican Concord” en 1985 cuando los grupos de Majluta y de Peña Gómez se enfrentaron a tiros como consecuencia del accidentado proceso convencional. Ese episodio es recogido en la historia partidaria como “el concordazo” y para que se pudiera presentar un candidato en las elecciones del 16 de mayo de 1986 el entonces presidente Salvador Jorge Blanco debió promover lo que se denominó como “Pacto la Unión”. El surgimiento de un mediador fue posible porque Jorge Blanco no estaba optando por la reelección. El PRD ha celebrado convenciones sin traumas previo a las elecciones de 1994 y 1996, porque en ambos casos ya José Francisco Peña Gómez era el líder único del partido luego de que Majluta formara el Partido Revolucionario Independiente (PRI) y porque los procesos judiciales seguidos contra Salvador Jorge Blanco hicieron que éste saliera del escenario.

La de 1999, que dirigió el hoy precandidato presidencial Enmanuel Esquea Guerrero, también se realizó sin mayores inconvenientes y sus resultados fueron acogidos en gran medida por la gran ventaja que sacó Hipólito Mejía a su más cercano contendor, Rafael Suberví Bonilla.

Aunque sin llegar a los enfrentamientos armados del 1985, el PRD vive un difícil proceso de escogencia de su candidato presidencial para enfrentar el 16 de mayo a un Leonel Fernández que luce fortalecido, especialmente por los mismos errores de sus contendores.

La crisis se ha agravado porque, contrario a lo que ocurrió cuando se firmó el denominado pacto “La Unión”, no hay un mediador confiable y con liderazgo porque el presidente de la República busca romper la tradición perredeísta y optar por la reelección.

En esta ocasión la incapacidad para realizar convenciones ha llegado más lejos, porque no han podido ponerse de acuerdo ni siquiera en la realización de la misma, aunque el presidente del partido, Hatuey De Camps, hizo su propia elección interna en la que él salió como candidato.

Ante el anuncio de Mejía de que optaría por la reelección, entre los precandidatos del PRD se formó lo que inicialmente se hizo llamar como “el grupo de los siete”, que luego se convirtiría en “el grupo de los seis” cuando Rafael Suberví Bonilla abandonara con la excusa de que no se había cumplido el acuerdo de seleccionar un candidato único antes de la realización de un plebiscito en el que se consultarían las bases sobre el tema de la reelección. Suberví ha navegado entre las aguas del PPH y los antirreeleccionistas, lo que le ha permitido moverse de un lugar a otro sin mayores dificultades. Pero su salida del “grupo de los siete” tuvo mayor importancia cuando poco después siguieron sus mismos pasos Milagros Ortiz Bosch y Enmanuel Esquea Guerrero, quienes aceptaron ir a una convención en la que se aceptaría la participación del presidente Hipólito Mejía.

Todo parecía que se recompondría y que esa facción podría hasta celebrar su convención pautada para el 14 de diciembre y en la que era difícil predecir un ganador, gracias a la propuesta que hiciera el ahora conocido como “Grupo de los Tres” en el sentido de que para ganar, uno de los precandidatos tenía que obtener más del 50 por ciento de los votos y que se aceptaban acuerdos de sumatoria. La fórmula, aceptada por los cuatro, consistía en que dos o más candidatos podían acordar una unión en la que se le sumarían los votos de los demás al que de ellos sacara la más alta puntuación. Al unirse Ortiz Bosch, Esquea Guerrero y Suberví Bonilla, conformaban una especie de “todos contra uno” frente al presidente Hipólito Mejía.

Sin embargo, también ese pasó fracasó cuando el 11 de diciembre el “grupo de los tres” solicitó la posposición de la convención por una semana alegando que detectaron irregularidades en el padrón entre las que se encontraban exclusiones de militantes y la inclusión de miles de simpatizantes y dirigentes de otras organizaciones políticas.

La convención se pospuso para el domingo siguiente, pero esa tampoco se realizó porque las denuncias se acentuaron y “el grupo de los tres” terminó retirándose definitivamente de la convención, que ahora está en una especie de limbo, aunque la cuestionada Comisión Organizadora la volvió a convocar para el 18 de enero, pero sólo el presidente Hipólito Mejía se mantiene como precandidato.

Copiando modelos

Aunque Milagros Ortiz Bosch lo había planteado con anterioridad, es como consecuencia de la frustrada convención del 21 que se empieza a orquestar una iniciativa para que el Congreso Nacional facilite una salida a la crisis interna del PRD.

Una campanada de que la propuesta iba en serio la dio Juan Bosco Guerrero, un dirigente perredeísta seguidor de la candidatura de Ortiz Bosch, quien en el programa radial “El Gobierno de la Mañana” emitió una especie de grito de desesperación a los legisladores de su partido para que sometan y aprueben lo que ya se conoce como “Ley de Lemas”, lo que según sus propias palabras es la única posibilidad de que el PRD pueda llevar una boleta sin desgarramientos para las elecciones del 16 de mayo.

La denominada “Ley de Lemas”, en su explicación más simple, lo que permite es que un partido pueda llevar varios candidatos presidenciales en una misma boleta y que todos los votos de la organización se le sumen al que obtenga mayor votación individual. La idea es una especie de magnificación del acuerdo de “la sumatoria”, el cual en nada facilitó la celebración de la convención del PRD.

Ese modelo le evitaría al PRD, y en lo adelante a cualquier otro partido, no tener que abocarse a las elecciones internas de candidatos. El sistema no es nuevo, es una copia del utilizado en otros países, especialmente en Argentina.

Sin embargo, los promotores de la idea sólo se limitan a decir que ese sistema puede ayudar a los partidos a resolver sus problemas internos, pero no han enfocado la incidencia en el sistema institucional y democrático de la Nación en sentido general.

Remedio y enfermedad

En Argentina, donde se aplica la Ley de Lemas, han surgido numerosos críticos del modelo e incluso recientemente se elaboró un proyecto para que el Congreso Nacional la derogue y dé marcha atrás. Estos críticos, entre los que se encuentran numerosos politólogos y políticos, coinciden en que la “Ley de Lemas” debilita las estructuras democráticas ya que se concibe al “Partido” como una corporación y que, además de la impresionante cantidad de candidatos, prevalece más el interés en los cargos que las convicciones políticas e ideológicas.

También indican que aunque sus promotores buscan evitar divisiones dentro del partido, porque suprime las elecciones internas, en lugar de integrar las opiniones y los intereses políticos en torno a los grandes partidos, promueve el fraccionalismo que atenta luego contra la gobernabilidad, dado que el equipo gobernante puede estar integrado por facciones que empujan en direcciones distintas y neutralizan la posibilidad de la confraternidad interna de un partido que ejerce el Poder.

Como consecuencia de la eliminación de las elecciones internas, los conflictos partidarios no se resuelven dentro del partido, sino que son trasladados al Gobierno, lo que se convierte entonces en un problema nacional y los problemas internos de una organización pasan a afectar a toda la población.

Aunque traslada de escenario los problemas internos de un partido, no los resuelve y termina fragmentando y debilitando más los partidos porque les quita la necesidad de tener que resolver sus problemas internos antes de presentarse ante el electorado nacional.

Se puede resumir en una pregunta sencilla ¿quién que no sea capaz de organizar su casa puede organizar al país?

La “Ley de Lemas”, según la experiencia argentina, promueve también el desconocimiento por parte del candidato de las propuestas y plataforma programática del partido y aumentan los riesgos de que prefiera dirigir sus acciones proselitistas al mero clientelismo, en el que se toman más en consideración las ofertas de puestos de trabajos y el otorgamiento de privilegios para que los simpatizantes de un partido a la hora de votar lo marque a él dentro de la boleta de la organización.

Otro inconveniente que presenta es que el elector no sabe a quien beneficiará en última instancia su voto.

Puede ocurrir también que el candidato más votado no pertenezca al partido que obtuviera más votos fragmentados, con lo que se podría escoger como presidente de la República a una persona que pudiera estar hasta en un tercer lugar en la tablas de votaciones individuales. Por supuesto, posteriormente eso le traería problemas de legitimidad a quien ocupe en esas circunstancia la Primera Magistratura.

Visto así, la “Ley de Lemas” puede ser una negación y hasta entrar en contradicción con el concepto de la doble vuelta electoral, cuyo objetivo es que quien ocupe una posición tenga una legitimación absoluta al ser beneficiado por más de la mitad de los votantes.

La propuesta hecha por legisladores del PRD no es igual al sistema de voto preferencial que se estrenó en las elecciones congresionales del 2002 ya que con ese sistema los partidos llevaban un candidato por cada plaza que se disputaba y lo que hacía el voto preferencial era quitarle a los partidos la posibilidad de ser ellos quienes decidieran el orden en que se aplicaría la proporcionalidad con que nuestro sistema electoral escoge los candidatos congresionales. Es decir, que si en una demarcación se disputan dos diputaciones, el partido sólo puede presentar dos candidatos y no más. En el caso de la “Ley de Lemas”, aunque se dispute sólo una posición, el partido puede presentar varios candidatos para esa misma posición.

En las provincias argentinas donde las autoridades son electas mediante ese sistema, se ha incrementado notablemente la cantidad de candidatos que se presentan y ha dificultado mucho más la elección por parte del votante debido a la complejidad de la oferta electoral, además del conteo de los votos, lo que ha provocado grandes demoras a la hora de ofrecer los resultados en los lugares donde se aplica.

Como se ve, el sistema propuesto por legisladores del partido oficialista también obvia que el fortalecimiento de los partidos políticos sea posible a partir de su identificación con la sociedad como canales reconocidos por el sistema democrático de articulación de valores, intereses y demandas.

Justamente, la crisis de estas organizaciones en el mundo, y especialmente en América Latina, tiene su origen en su sistemático alejamiento de esos principios y porque han dejado de ser herramientas fiables para las transformaciones sociales.

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