Por Patricia Mejia

La política de inversión extranjera vigente hoy día en República Dominicana, se inició en 1990, con un conjunto de reformas que continuaron con la puesta en ejecución de una disciplina fiscal continua y una política monetaria más fuerte, que impulsó el aumento del capital extranjero.

En ese entonces, entró en vigoruna serie de nuevas normativas como la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, que amplió la gama de actividades económicas abiertas al capital foráneo, eliminó los requisitos para aprobar ese tipo de inversión, permitió a los interesados repatriar libremente las ganancias y el capital, y amplió la definición de inversión extranjera para incluir insumos tecnológicos.

Ya para fines de la década de los 90´s y a principios de ésta, República Dominicana tuvo niveles sin precedentes de inversión privada, incluyendo la Inversión Extranjera Directa, la cual alcanzó aproximadamente US$ 3.5 mil millones en 2000, suma que representa un 17% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los insumos de Inversión Extranjera Directa comprendieron aproximadamente un 28% del total de la inversión privada, pero lo más interesante es que los sectores en los cuales ésta predominó, que fueron esencialmente los servicios, generaron más de un 50% del crecimiento económico desde 1991.

En este sentido, se puede afirmar que la Inversión Extranjera Directa representa un insumo importante para el continuo crecimiento económico y reducción de la pobreza en la República Dominicana.

El flujo de la Inversión Extranjera Directa ha mantenido una tendencia firme hacia arriba, al pasar de US$145 millones en 1991 (1.9% del PIB), a US$1.3 mil millones en 1999. Ese impulso se atribuyó a las privatizaciones, que propiciaron grandes insumos de US$631.0 millones en generación y distribución de electricidad y US$91.0 millones en redes de telecomunicaciones.

Dentro de este contexto, Estados Unidos ha jugado un papel protagónico, al alcanzar un monto de US$748.6 millones en inversiones en República Dominicana durante 2001 e inyectar recursos frescos, lo que permitió el establecimiento de nuevos y diversos negocios.

Además, se enfocó la exportación especialmente hacia el sector de las zonas francas, actividad que mantiene una generación constante de divisas y empleos y transferencia de tecnología, y ha ayudado a diversificar la oferta exportable de República Dominicana.

En el periodo 1995 -2000, los sectores no tradicionales como manufactura y servicios, o sea zonas francas, turismo y comunicación, atrajeron el 76% de los capitales de Inversión Extranjera Directa (excluyendo los grandes contratos de privatización), según cifras del Banco Mundial de 2001. Sin embargo, sectores como construcción, industria fuera de zonas francas y agricultura, sólo contribuyeron en un 35% al crecimiento en el periodo 1991-1998, de acuerdo al Foreign Investment Advisory Service (FIAS).

Inversión Extranjera Directa

La Inversión Extranjera Directa (IED) en República Dominicana durante el año 2001 ascendió a US$1,198.4 millones.

Después del sector servicios, el segundo en importancia para la inversión extranjera son las zonas francas de exportación.

República Dominicana, con una constante estrategia de liberalización del comercio y la participación en varios acuerdos de comercio preferencial, aumentó el valor bruto de los productos y servicios de exportación en la década de los 90´s a más de US$6,000 millones, con el valor agregado de la manufactura representando aproximadamente 55% del valor bruto de las exportaciones (1995-2000).

Desde mediados de los 80’s, el aumento del valor agregado a la exportación puede atribuirse, en parte, a las cláusulas del Acuerdo Multifibras (AMF) de 1986, que permiten exportaciones libres de cuotas para zapatos y productos de piel hacia los Estados Unidos, y la enmienda al ICC 1987, que autoriza el uso de materiales de fuera de los Estados Unidos y el procesamiento en el extranjero de productos que califiquen.

Se estima que aproximadamente un 80% del total de las exportaciones fue generado por zonas francas (1995-2000). Las exportaciones de este renglón se incrementaron más lentamente en la segunda mitad de la última década, al aumentar la competencia de México bajo el Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (TLCAN).

Estas exportaciones consistieron principalmente en textiles, calzados y productos electrónicos, mientras que algunas industrias tales como la farmacéutica, joyería y tabaco, crecieron grandemente, desde una base relativamente pequeña.

En cuanto a la inversión estadounidense en las zonas francas dominicanas, ascendió a US$723,188,585.91 en 2002, representando un 59.55% del total de la inversión para ese mismo año y un 78.45% de las exportaciones en este mismo sector.

Resulta claro que los textiles continúan dominando la gama de productos que de las zonas francas de República Dominicana, pero también es importante destacar el crecimiento de las industrias electrónica y farmacéutica, entre otras.

Marco legal de inversiones en RD

Desde principios de los 90’s, República Dominicana ha mejorado su política de atracción de inversión extranjera. En 1995 aprobó la ley 16-95, en la cual se permite el acceso de capital foráneo a muchos de los sectores que estaban restringidos, concede trato nacional a los inversionistas extranjeros y elimina las restricciones de remesa de capital y utilidades.

Las nuevas legislaciones sobre Telecomunicaciones (Ley 153-98) y de Electricidad (Ley 125-01) y la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, afianzaron el atractivo de invertir, uniéndose a las leyes de Zona de Libre Comercio (Ley 8-90), Propiedad Industrial (Ley 20-0095) y Promoción de Desarrollo Turístico (Ley 158-01), que hacen de la República Dominicana un país con una apertura extraordinaria.

En este sentido, es preciso que los sectores público y privado identifiquen a quienes puedan estar interesados en realizar inversiones en los Estados Unidos, de manera que la información sirva de insumo a los negociadores del Tratado de Libre Comercio (TLC) con esa nación, el cual está en fase de negociación.

De esa manera, se contribuiría a lograr para los posibles inversionistas dominicanos en Estados Unidos las mismas condiciones de apertura que la República Dominicana ofrece a los extranjeros.

Además, con la política de apertura comercial, el país ha entendido la necesidad de crear un marco jurídico que otorgue mayor seguridad al inversionista extranjero en República Dominicana. A partir de entonces, el Gobierno ha firmado más de 12 Acuerdos de Promoción y Protección de Inversión. Ese instrumento jurídico garantiza a los inversionistas extranjeros un trato no discriminatorio y el acceso a tribunales arbitrales internacionales en caso de que se presente una disputa.

En principio, estos acuerdos bilaterales han servido como marco para plantear la posición dominicana en foros de negociaciones multilaterales como el Área de Libre Comercio de Las Américas y en negociaciones bilaterales con países como Panamá y Venezuela. Aparte de estos acuerdos bilaterales de inversión, República Dominicana es signataria de dos Tratados de Libre Comercio, uno con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el segundo con los países centroamericanos. Este último contiene provisiones en materia de inversión en el marco de los acuerdos bilaterales de inversión que el país ha firmado.

Oportunidades del TLC con EEUU

La República Dominicana es una economía pequeña en desarrollo que depende directamente del comercio y la inversión, por lo que el TLC con los Estados Unidos será una oportunidad ideal para consolidar el proceso de apertura y modernización que se inició hace algunos años.

En este sentido, el país debe procurar, conjuntamente con el impacto económico que este acuerdo tendrá, que sus consecuencias se reflejen en la parte social y en políticas nacionales que permitan a los dominicanos acceder a oportunidades reales que mejoren sus estándares de vida, como la generación de empleos que surja con el establecimiento de las empresas estadounidenses aquí.

Pero dentro del contexto de un TLC con los Estados Unidos, es necesario lograr un marco jurídico seguro y transparente que proteja la inversión y que además promueva un clima de negocios seguros para las inversiones y los inversionistas de ambas partes.

Este marco debe estar basado en la no discriminación y garantizar que se otorgue el mismo trato a las inversiones e inversionistas de terceros países.

Conjuntamente con el cumplimiento de este objetivo y basado en los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), República Dominicana debe salvaguardar la libertad de regular de manera transparente las políticas públicas en cuanto a los servicios de salud, seguridad nacional, medio ambiente, agua, educación y derechos laborales, sin que esta libertad regulatoria pueda interpretarse como un obstáculo al libre comercio de los servicios o una expropiación indirecta.

También se hace necesario preservar la facultad de imponer medidas cautelares en el ámbito financiero, que permitan garantizar la estabilidad del sistema en caso de graves dificultades de balanza de pagos y/o impedir prácticas fraudulentas.

Además, se debe mantener el derecho del Estado a ofrecer servicios públicos a la ciudadanía en uso de sus facultades gubernamentales, y defender la facultad del Gobierno de limitar la inversión en ciertas áreas o actividades que atenten contra la moral, las buenas costumbres, la preservación de la identidad nacional o sean nocivas al medio ambiente y la sostenibilidad del ecosistema.

En preciso apoyar las inversiones productivas, en aras de conservar las empresas pequeñas, familiares y comunitarias, así como todas aquellas medidas tendentes a fomentar la transparencia de los regímenes regulatorios de ambos países, a fin de que se publiquen todas las de aplicación general, los tratados internacionales y acuerdos que contengan provisiones del capítulo sobre inversión o que incidan directamente en ella.