25 de Noviembre del 2003 • Edición número 1,332
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En la JCE no arrancan los motores


La JCE no ha adquirido los 66 impresores de cédulas Datacar ni los equipos de informática que se emplearían para cedular a 315 mil nuevos solicitantes, tanto en renovación como de nuevos votantes



Por Carlos O. Pérez

La crisis política que sacude a los partidos Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano le pone mayor presión a los jueces de la Junta Central Electoral que tienen el tiempo a cuesta para montar las elecciones de mayo, con un montón de trabajos pendientes por terminar que conduzcan a la celebración de unos comicios diáfanos y transparentes. Faltando seis meses y medio para que los dominicanos concurran a las urnas a escoger el próximo presidente de la República, ninguna de las tareas propuestas para la fecha se han cumplido.

Con las imperfecciones que implican hacer una labor aprisa, los magistrados están obligados a dar respuestas rápidas y satisfactorias al pedido de destitución de los cuatro funcionarios responsables del montaje de las elecciones, que son los encargados de Registro Electoral, Elecciones, Cedulación e Informática; resolver el problema de renovación de los 771 mil 388 electores cuyos números de cédulas están ubicados en colegios electorales distintos adonde le corresponde votar; 64 mil 185 personas que figuran en colegios con más de 600 miembros y no pueden sobrepasar esta cifra y16 mil 632 votantes con doble cedulación.

También hay que hacer algo con los 49 mil 435 ciudadanos que no cuentan con su foto en el padrón electoral. Aún no se sabe lo que se hará en el caso de 18 mil 690 jóvenes que alcanzarán la mayoría de edad antes del 16 de mayo.

La JCE tampoco ha adquirido los 66 impresores de cédulas Datacar y los equipos de informática que se emplearían para cedular a 315 mil nuevos solicitantes de cédulas, tanto en renovación como de nuevos votantes y no han abierto los 10 nuevos centros de votaciones para Santiago, Las Matas de Farfán, Maimón, Tamboril, Boca Chica, Bajos de Haina, Villa Isabela, Los Alcarrizos y en Santo Domingo Este. Por el cúmulo de trabajo y la falta de tiempo y personal para dar salida a estos problemas, la JCE se vio en la necesidad de extender por cuatro años el período de caducidad del documento de identidad y electoral, o sea, se vencía en el 2004 y fue prolongada su fecha al 2008.

Crisis EN EL PRD Y EL PRSC

Por la gravedad que implican las divisiones del PRSC y PRD, los jueces de la JCE tendrán la necesidad de emplearse a fondo para tomar una decisión lo más apegada a la Ley Electoral y a los estatutos internos de esas entidades, dado que son dos de las tres principales organizaciones políticas y que su desmembramiento podría poner en peligro el sistema de partido y la propia convivencia democrática.

La Ley Electoral faculta a la JCE intervenir en los procesos internos de cada organización política. Una facción del PRD encabezada por el presidente Hipólito Mejía, la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, Rafael Suberví Bonilla y Emmanuel Esquea dirigieron una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, presidida por Tony Raful, cuya convocatoria estuvo amparada con la aprobación de un tercio de los miembros del organismo de dirección. Otra convocatoria distinta la hizo el presidente del PRD, Hatuey De Camps, al que los estatutos también le dan potestad para reunir al CEN, cuya facción estuvo reforzada por el respaldo de los precandidatos Ramón Alburquerque, José Rafael Abinader y Rafael Flores Estrella. También con la presencia de Félix Alburquerque, en sus funciones de secretario de actas. Ambas facciones escogieron dos comisiones organizadoras de la convención, que obviamente elegirán dos candidatos presidenciales por el mismo PRD y la JCE, solo podrá aceptar uno… ¿Cuál será?

La facción De Camps decidió realizar la convención que elegirá el candidato para el siete de diciembre, para ratificarlo una semana después, y la otra parte escogerá el suyo el 14 del mismo mes y ratificará el 21.

De esto se desprende que la JCE decidirá a principios de año cual de los dos candidatos deberá llevar el PRD en su boleta, precisamente cuando se entra al tramo final para la celebración de las elecciones.

Mientras que en el PRSC, el problema de la candidatura está resuelto, no así el de la dirección, debido a que la Comisión Ejecutiva expulsó de sus filas a Jacinto Peynado, Carlos Morales Troncoso, Leonardo Matos Berrido, Héctor Rodríguez Pimentel, Humberto Salazar y Angel Lockward. Los expulsados reaccionaron con una Asamblea Nacional en la que destituyeron la cúpula dirigencial, o sea, al presidente Rafael Bello Andino, el vicepresidente Joaquín Ricardo y los secretarios políticos Johnny Jones y Ramón Rogelio Genao; y de finanzas José Ramón González Pérez. Como era de esperarse el problema fue a parar a la JCE para determinar la legalidad o no.

INCREDULIDAD Y OBSERVACION

Los partidos políticos de la oposición no tienen fe en la imparcialidad de los jueces electorales y por ello presionaron por una modificación de la ley electoral, en la que se amplió la membresía del organismo de siete a nueve miembros y se dividió en dos cámaras: una Contenciosa y otra Administrativa. Pero esto no fue suficiente y para dar más seguridad fue necesario que los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad designaran una comisión de seguimiento, encabezada por monseñor Agripino Núñez Collado.

Sobre la JCE solo tiene fe y absoluta confianza en los jueces, el oficialista PRD, que precisamente lo impuso gracias a su mayoría mecánica en el Senado.

El embajador de los Estados Unidos en el país, Hans Hertell, advirtió que personalmente estaría dispuesto a denunciar cualquier irregularidad que se detecte en las elecciones de mayo, porque su Gobierno está comprometido con la transparencia de esos comicios.

El candidato presidencial y presidente ha informado que ha hecho contactos para que una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto Carter, del Instituto Demócrata de los Estados Unidos y con el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, para que vengan al país a supervisar el proceso electoral.

También el candidato presidencial reformista, Eduardo Estrella, propuso ante una asamblea de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) que vigile de cerca el próximo torneo electoral, tras señalar que la vulnerabilidad nacional no garantizan transparencia en las elecciones.

EL VOTO DEL EXTERIOR

La innovación de que los dominicanos puedan votar por sus autoridades aún estando fuera del territorio requiere de un trabajo especial y de mucha dedicación por la complejidad que implica, pero estos preparativos avanzan a pasos de tortuga. De acuerdo con el juez Nelson Gómez, presidente de la Cámara Administrativa, apenas hay 18 mil dominicanos empadronados en la comunidad internacional. Estos datos son irrisorios si se compara con que solo en New York, hay más de medio millón de dominicanos con derecho al voto.

PREOCUPACIONES DE LOS PARTIDOS

En el PLD
El delegado del PLD ante la JCE, César Pina Toribio, manifiesta que en los trabajos organizativos de las elecciones, existen elementos de mucha preocupación, básicamente la remoción de los funcionarios: Gilberto Cruz Herasme, director de Elecciones; Franklin Frías, de Informática; Mayra Goris, de Registro Electoral y Juan Carlos Sánchez, de Cedulación. La oposición acusa a estos funcionarios de supuesta confabulación con el PRD para producir alteraciones en el padrón electoral.

"Hay grandes desórdenes en la expedición de actas para fines de cedulación en beneficio de haitianos que son parciales del PRD. Tenemos registros comprobados de que se ha organizado una mafia que vende la cédula a cinco y cuatro mil pesos cada una y los que manejan esto tienen estrecho vínculo con el PRD, que excluyen a los contrarios", afirmó Pina Toribio.

De conformidad con el dirigente del PRD, desaprensivos operan en las oficinas de las oficialías civiles a favor del PRD, ante la mirada indiferente de las autoridades.

Conforme a la apreciación de la organización del proceso que tiene el PLD, da la impresión de que gran parte del personal de las juntas municipales trabajan a favor del PRD, porque supuestamente existe una "manipulación por parte del personal oficial, que se la ponen difícil a los parciales nuestros del PRSC".

El PRSC vigilante
Aparte de la falta de credibilidad de algunos funcionarios y jueces, a los reformistas lo que más les preocupa, lo mismo que a las demás organizaciones, es resolver el problema de los más de 700 mil electores que aún no saben en que colegio votarán y los que figuran en el padrón sin fotografía, porque según Víctor Gómez Bergés, delegado del PRSC ante la JCE, ahí se deciden las elecciones.

Al igual que los peledeístas, los reformista también denuncian que muchos funcionarios de las juntas municipales se la ponen difícil a sus parciales para la expedición de actas de nacimiento para fines electorales, lo que no ocurre con los militantes del PRD.

Pero pese al panorama, que luce sombrío, Gómez Bergés entiende que si se corrigen estos problemas de dislocamiento del padrón electoral, los jueces estarían en capacidad de organizar unos comicios transparentes, independientemente de que su candidato presidencial, Eduardo Estrella, solicite a la ODCA que supervise las elecciones por la falta de confianza.

Confianza del PRD
Para la organización oficial, la honorabilidad de los jueces y los demás funcionarios es incuestionable y además, que confía plenamente en la experiencia de los mismos para administrar las elecciones.

La delegada ante la JCE, Mary Ledesma, no se queja mucho de cómo marcha el montaje de los comicios porque, según dijo, todo va bien, tal lo programado y entiende que los posibles escollos quedarían resueltos cuando se ubique a las personas que no saben donde van a votar.

"Nosotros no tenemos ninguna queja y creemos firmemente en la credibilidad de los funcionarios y los jueces. Todo marcha según lo programado", indicó


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