Es decir, que sólo para el pago de la deuda externa el Gobierno debe identificar y especializar 25,000 millones de pesos, lo que equivale al 62.5 por ciento de los recursos necesarios para cubrirlos.
Bonos para pagar deuda
Una fuente eventual de recursos para el pago de la deuda es la emisión de nuevos títulos de deuda (bonos soberanos), como el emitido recientemente bajo el eufemístico nombre de “Notas de Infaestructura”. En el Memorando de Políticas Económicas del Acuerdo Stand-By firmado por el Gobierno con el FMI, en agosto pasado, se señala que la actual administración está tratando de “racionalizar” el perfil del servicio de la deuda externa a mediano plazo, realizando emisiones de bonos de menor volúmen con vencimientos a más largo plazo. Esos bonos, según el acuerdo, serían emitidos no sólo en el mercado internacional de capitales, sino en el incipientísimo mercado interno de bonos.
El perfil de la deuda dominicana se ha deteriorado o “endurecido” desde el año 2000. Cuando los economistas hablan del endurecimiento del perfil de la deuda lo que quieren decir es que cada vez el Gobierno le debe más, desde el punto de vista relativo, a acreedores privados (banca, suplidores y tenedores de bonos) y menos a acreedores multilaterales y bilaterales. Como se sabe, los acreedores bilaterales (Gobiernos) y multilaterales (BID y Banco Mundial) prestan a tasas de interés más bajas y a plazos más largos que los acreedores privados.
El cuadro anexo sobre el Perfil de la Deuda Externa Pública Dominicana por Tipo de Acreedor revela el “endurecimiento” del perfil de la deuda dominicana. Este cuadro, empero, no incluye la emisión de 600 millonesde dólares de bonos soberanos, que han alterado en forma más dramática el perfil de la deuda externa pública dominicana, al extremo de que el porcentaje de la deuda dominicana desembolsada por acreedores privado ya bordea el 40 por ciento del monto total.
Un dato que evidencia la propensión del Gobierno del presidente Mejía a privilegiar el financiamiento comercial sobre el bilateral y multilateral es que, de acuerdo al Informe de la Economía Dominicana, que edita el Banco Central, durante el primer semestre del presente año el 80% de los desembolsos de recursos externos correspondió a préstamos comerciales (unos 714.8 millones de dólares), mientras sólo el 20 por ciento provino de fuentes oficiales (47.9 millonesde dólares de organismos multilaterales y 124.0 de dólares de gobiernos amigos).
Esto es sumamente importante entenderlo porque, aunque forme parte del Memorando de Políticas Económicas del Acuerdo Stand-By con el FMI, a las autoridades dominicanas les será dificil propiciar una reestructuración del perfil de la deuda recurriendo a la emisión de nuevos bonos soberanos, en momentos en que todas las agencias calificadoras de riesgo degradan la calificación de riesgo país de República Dominicana.
Es decir, si el Gobierno sale ahora al mercado a emitir unos nuevos bonos soberanos para pagar 500 millones de dólares de su servicio de la deuda para el año próximo, tendría que colocarlos a una tasa de interés elevadísima, debido a que el riesgo país y la calificación de la deuda dominicana se han deteriorado. O sea que, hasta tanto no mejore la calificación externa del país, no luce inteligente emitir nuevos bonos soberanos para financiar el servicio de la deuda.
A este panorama se añade la casi inexistencia de un mercado de bonos en la República Dominicana. En todo caso, si el Gobierno decide colocar los más de 5,000 millones de pesos en bonos internos autorizados recientemente por el Congreso, lo deberá hacer a tasas que compitan con el mercado bancario y con las atractivas tasas que ofrece el Banco Central y que promedian cerca del 30%. En este contexto, una colocación de bonos internos a altas tasas si bien podría resultar atractiva para algunos inversionistas locales y extranjeros, aumentaría la deuda interna del Gobierno, la cual debe honrarse puntualmente de acuerdo con el Programa de Estabilización Económica firmado con el FMI.
Renegociar la deuda
Otra opción para aliviar el monto del servicio de la deuda externa para el 2004 parece ser la renegociación de la misma. De hecho, recientemente una delegación de funcionarios del Banco Central viajó al Club de París para explorar esa posibilidad.
Ahora bien, como la única deuda que está sujeta a una eventual renegociación es la deuda con los gobiernos –porque la deuda privada no se renegocia, como tampoco se renegocia la deuda multilateral– puede resultar que el Gobierno apenas pueda reestructurar el 36 por ciento de nuestra deuda total.
Antes de abocarse a solicitar una renegociación con el Club de París el Gobierno debería ponderar varios factores, entre ellos a) cuál es el peso de la deuda bilateral en el servicio del 2004 y el 2005, b) el efecto en los mercados financieros que tendría el anuncio de que el país va a acudir al Club de París, porque no puede pagar su deuda externa en los montos y plazos acordados, y c) el tratamiento que el país recibiría de parte de los países acreedores.
Una eventual renegociación con el Club de París quizás le permita al país diferir el pago de 100 millones de dólares de amortizaciones del servicio de la deuda programado para el 2004, pero en cambio podría encarecer el financiamiento para República Dominicana en los mercados de capitales.
Un hecho relevante, si el Gobierno logra renegociar su deuda bilateral difícilmente logre las mismas condiciones que obtuvo durante la renegociación de principios de la década pasada, cuando al país le fueron aplicados los denominados “Términos de Houston”, que ya no se aplican a una nación con el nivel de desarrollo que ha alcanzado la República Dominicana. A pesar de que el nivel de ingreso per cápita de los dominicanos se ha deteriorado en el último año en un 30 por ciento, el país no califica para los programas de reducción de deuda que aplican el FMI y otros organismos internacionales a los países pobres altamente endeudados.
Ventas de activos
Otra de las alternativas contempladas por el acuerdo con el FMI para permitirle al Gobierno hacer sostenible el actual nivel de deuda externa pública es la venta de activos estatales. El acuerdo contempla ventas de yacimientos mineros, terrenos y otros bienes raíces públicos a razón de un 2 por ciento del PIB para los próximos tres años, es decir, que el programa con el organismo internacional prevé la venta de bienes públicos por el orden de unos 10,000 millones de pesos anuales.
Si para el 2004, el Gobierno logra enajenar activos públicos por un monto de 10,000 millones de pesos podría obtener el 40 por ciento de los recursos que debe generar para completar los que le proveen la Ley de Hidrocarburos y la Comisión Cambiaria, quedando apenas sin identificar unos 15,000 millones de pesos.
El inconveniente de la venta de los activos públicos es que tendría que realizarse bajo la modalidad de subasta pública internacional, como el proceso de capitalización del 1999, con la desventaja para el Gobierno de que la realizaría en medio de una campaña electoral y de eventuales presione de la opinión pública.
Consecuencias fatales
La precariedad de las finanzas públicas han colocado al gobierno del presidente Mejía en el umbral de la insolvencia financiera, debido a las enormes dificultades y presiones que deberá enfrentar para cumplir con los compromisos internacionales del país.
Si los ingresos fiscales no le permiten al Gobierno pagar su deuda externa deberá verse forzado a reducir el gasto público y social, o de lo contrario exponerse a las consecuencias que derivan de un incumplimiento o cesación de pagos, entre los que destacan un mayor deterioro de la calificación de riesgo del país y de su deuda, encarecimiento del financiamiento, cierre de líneas de crédito y paralización de los desembolsos de los organismos internacionales.
La falta de recursos probablemente obligue al Gobierno a desviar recursos presupuestados para algunas dependencias públicas para cumplir con el pago de la deuda externa y mantener al día los pagos internos (por lo menos los pagos de los bonos emitidos por el Estado), lo que podría redituar un alto costo político al Gobierno, en medio de una campaña electoral, en la que –casi por una tradicional regla matemática- la inversión pública antes que deprimirse se incrementa.
Otra opción, aparentemente descartada por la actual administración, es consensuar una reforma fiscal antes del cierre del año, para iniciar el 2004 con un presupuesto lo menos desequilibrado posible y reducir las posibilidades de incumplimientos en el pago de las obligaciones internacionales de un país que el próximo mes de enero comenzará a discutir las listas de productos que pretende proteger en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Centro América y los Estados Unidos (CAFTA), que actualmente agota su novena ronda de negociaciones, y al cual la República Dominicana se “arrimará” el año venidero.
Cual que sea la estrategia que adopte el Gobierno del presidente Mejía, una gran parte de los esfuerzos de la actual administración deberán concentrarse, en lo que resta del presente año y en los primeros meses del venidero, a generar nuevos ingresos para satisfacer a los acreedores internacionale y a una población que no resiste más ajustes y deterioro de su calidad de vida y que reclama la solución de problemas que, como el de la energía eléctrica, el alto costo de la vida, la salud pública y la educación, requieren atenciones inmediatas.
