Ricardo Rojas León

Déficit institucional



La palabra déficit se ha vuelto un lugar común en las conversaciones diarias de los dominicanos. Los pobres y la clase media hablan de los déficits de sus presupuestos. Y los políticos y economistas de los déficits fiscales y cuasi fiscales.

Ciertamente a la gente común le importa poco el tema del déficit fiscal. Y esto porque no entiende los efectos económicos que acarrea tener un gobierno que gaste más de lo que recaude. O que necesite un préstamo (local o internacional), así sea para construir una letrina o un contén.

A la gente llana le preocupa más el déficit de su presupuesto familiar, el deterioro de sus niveles y calidad de vida. Y no se da cuenta que, las más de las veces, los procesos inflacionarios y devaluatorios que tornan deficitarios sus presupuestos individuales tienen su causa en un déficit fiscal.

Ahora bien, en este artículo no quiero referirme al enorme déficit fiscal que nos ha obligado a firmar con el FMI. Sino al déficit institucional que aqueja a la República Dominicana y que amenaza con arrastrarnos hacia una crisis de gobernabilidad de grandes proporciones.

Estimo que en el país existe un déficit institucional, porque muchas de las instituciones fundamentales de la nación han renunciado al rol que les corresponde en una sociedad democrática.

Tenemos un Congreso que se ha envilecido, que se ha tornado incapaz de contrapesar al Ejecutivo. Y en el cual –confesado por algunos legisladores– ni siquiera se leen los contratos de préstamos o concesiones.

Tenemos un instituto electoral que tiene poca credibilidad para dirigir unas elecciones limpias y transparentes. La JCE es un comité de base del PRD. Y ese partido controla todas las Juntas Municipales y todos los departamentos de ese organismo. Pocos dominicanos creen que esa Junta pueda ser un árbitro imparcial.

Al igual que esos dos ejemplos podría mencionar muchas otras instituciones y entes públicos que no están cumpliendo –ni en forma mediocre– con sus respectivas responsabilidades.

Ahora bién, ¿por qué es importante que las instituciones de un país funcionen? Sencillamente porque si los entes públicos no cumplen con sus roles y funciones se generan distorsiones y tensiones institucionales que luego son difíciles de solucionar. O se solucionan a un costo muy elevado.

En el caso dominicano, la disfunción institucional de algunos de los poderes o agencias públicas ha llegado a extremos alarmantes. No sólo no cumplen con sus obligaciones, sino que –muy a menudo– violentan su propia legalidad.

Durante los primeros años de la década de los noventa el país realizó lo que algunos han calificado la “primera generación de reformas”. Fueron reformas centradas en lo económico y orientadas a asignarle a la iniciativa privada el rol preponderante en el desarrollo económico nacional.

Esas reformas fueron profundizadas en el gobierno anterior, en el que, al mismo tiempo, se inició un proceso de reforma del Estado, así como de adecentamiento y modernización de la administración pública. En el período 1996-2000 el país avanzó desde el punto de vista institucional de manera ostensible.

Pero ese proceso de reforma y avance institucional se ha revertido. Y hoy la administración pública, salvo honrosas excepciones, es caótica, hipertrofiada e infuncional.

Una de las prioridades del próximo gobierno debería ser la del rescate institucional del país. Es necesario que las instituciones públicas dominicanas cumplan con sus respectivas funciones. A eso estamos apostando muchos dominicanos. A que la segunda generación de reformas que requiere el país se centre en fortalecer la institucionalidad democrática de nuestra nación. Para que podamos construir una nación para todos los dominicanos y todas las dominicanas.