Rafael Peralta Romero

Una ley peligrosa



Qué injusticia, debió exclamar alguien que entraba en contacto por primera vez con ese texto. Consecuencia de ese flechazo vino la iniciativa de modificarlo. La Cámara de Diputados ha sido apoderada de un proyecto que busca reformar la Ley 1306-bis, sobre divorcio, en busca de establecer que la mujer puede contraer matrimonio inmediatamente después de publicado su divorcio.

La ley vigente data de 1937 y es herencia de la sabia legislación francesa. En su artículo 35 dispone que: “La mujer divorciada no podrá volver a casarse sino diez meses después que el divorcio haya llegado a ser definitivo, a menos que su nuevo marido sea el mismo de quien se ha divorciado”.

Es la parte que ha impulsado el resorte feminista de un legislador. El grito de discriminación contra las mujeres da origen a un proyecto, aprobado ya en primera lectura, que pretende derogar el artículo 35 de la 1306 para que las mujeres tengan la libertad de casarse acabaditas de divorciarse.

La vieja legislación, sobrante de cautela e inteligencia, impuso esta aparente cortapisa a las mujeres, pero no persiguiendo una acción contra ellas, ni buscando favorecer a los varones, sino para proteger la nueva criatura en caso de que la señora estuviese embarazada al momento de la separación.

Ningún niño o niña deberá afrontar el conflicto de la determinación de paternidad. La ley le asegura que será hijo del hombre con el que estaba casada su madre. Considerando “que existe una clara discriminación en la legislación dominicana para que la mujer divorciada pueda casarse nuevamente…” el diputado Teodoro Ursino Reyes ha sometido esta propuesta de modificación.

Reyes, de La Romana, es vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, lo que hace suponer que su iniciativa cuenta con el aval de esa organización. El PLD piensa sus decisiones, pero tal vez no calculó que la ley que se busca crear resulta un estímulo a la disolución de la familia.

La presunta defensa de los derechos de la mujer se convierte frecuentemente en objeto de demagogia y puede conducir a la adopción de decisiones absurdas. La modificación a la Ley 1306 parece el resultado de una fiebre feminista, más que de la ponderación juiciosa que amerita ésta y toda propuesta legislativa.

El doctor Reyes esgrimió, entre las razones que fundamentan su proyecto, que anteriormente se justificaba social y moralmente que la mujer divorciada debía esperar unos trescientos días para contraer segundas nupcias, pero al mismo tiempo entiende que por medio de los avances científicos se puede determinar de manera inequívoca cuándo una mujer se encuentra embarazada.

Hay mucha obsolescencia en nuestra legislación. Todo congresista con ingenio y chispa tiene mucho por hacer. Pero todo lo viejo no hay que cambiarlo. Conviene escudriñar para ver dónde se necesitan las reformas. Es peligroso motivar a la mujer recién divorciada a que se case, sólo por la posibilidad de que lleve un producto en su vientre sobre el cual caerían los efectos del apresuramiento.

Las leyes relacionadas con los actos del Estado Civil suelen provocar pronunciamientos fieros, sobre todo en quienes promueven la “perspectiva de género”, porque ven desfavorecimiento hacia las mujeres. Pero la ley no puede procurar sino lo que es justo y la defensa del bien común. No es cuestión de interés grupal, sino de interés general.

El diputado Reyes ha confiado en una “certificación de no embarazo” la descarga de responsabilidad para la mujer divorciada que contraerá nuevo matrinomio. En un país con tanta vocación para violar la ley me parece que se corre un grave riesgo con desatar lo que bien atado está.

Quizás el plazo de trescientos días sea largo para una mujer que está segura, por cambios ocurridos en su naturaleza, que no puede concebir. Si se modificara de todos modos la ley de divorcio en el aspecto comentado pudiera justificarse para aquellas mujeres que por razones de edad ya es seguro que no procrearán.

Lo mismo para aquellas que puedan probar que se han sometido a un proceso quirúrgico que les impide efectivamente encintarse. En estos casos son casi nulos los riesgos antes señalados y la nueva ley luciría menos atropellante, menos digna del rechazo consciente de la sociedad.

Un atributo digno de ponderación en la democracia es el derecho a disentir. El proyecto de Teodoro Reyes y el PLD, si fuere aprobado definitivamente por la Cámara de Diputados, debe discutirse de nuevo en el Senado. Tiempo hay para oponerse al mismo: instituciones religiosas, académicas y de protección a la familia. Estamos a tiempo. Es una ley peligrosa.