Crónica de un fiasco anunciado
La pesadilla llamada
Union Fenosa
Al cierre de esta edición una auditoría de la empresa Grant Thorston revelaba, de acuerdo a una información publicada por el vespertino El Nacional, que las empresas Edenorte y Edesur (filiales locales de Unión Fenosa) cometieron diversas irregularidades relacionadas con el pago de impuestos, sobrevaluación de pérdidas, compra y venta de energía, contratación de empresas vinculadas y el tratamiento contable de los estados financieros.
Por Juan de la Cruz
La crisis del sector energético ha sido la más difícil de soltear para los diferentes gobiernos que ha tenido el país desde el final de la dictadura trujillista al presente debido a las soluciones cortoplacistas que le han dado a la problemática y por la diversidad de agentes envueltos en la misma.
En algunas ocasiones el problema energético ha estado motivado por la falta de generación, en otras por la falta de recursos para pagar a los suplidores de energía y en la mayoría de los casos por la intransigencia de los actores envueltos en el negocio eléctrico.
La capacidad de generación del país al día de hoy ronda los 3 mil megavatios y la demanda no excede los mil 700 megavatios, lo que revela que hay un excedente de cerca de 1,300 megavatios, pero sin embargo una gran parte del país sigue padeciendo apagones de hasta 12 horas, sobre todo en el Cibao.
Los factores que más han incidido en esa situación son la devaluación del peso dominicano frente al dólar y los altos precios del petróleo en el mercado internacional, que han motivado la elevación exagerada de la tarifa eléctrica y contribuido que una parte considerable de la población se haya visto imposibilitada de pagarla, lo que a su vez ha impedido que las empresas distribuidoras paguen religiosamente sus acreencias a las empresas generadoras, y que estas últimas apaguen sus plantas por falta de dinero para comprar combustible.
El último conflicto que envolvió al sector eléctrico fue el vinculado a la decisión del Estado dominicano de intervenir las empresas filiales de Unión Fenosa en el país, Edenorte y Edesur, por la ineficiencia mostrada y la insolvencia para saldar sus deudas tanto con las generadoras eléctricas como con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que desató un diferendo que incluso llegó a enturbiar las históricas cordiales relaciones diplomáticas entre España y República Dominicana.
La deuda que se estima habían adquirido Edenorte y Edesur con las empresas generadoras Itabo y Ege-Haina sobrepasa los US$50 millones, además de los US$111.1 millones que debían a las generadoras Palamara y La Vega de Unión Fenosa, mientras que el crédito que le concedió el BID a ambas entidades ronda los US$180 millones, para un monto superior a US$341.1 millones, suma que la Superintendencia de Electricidad decía que esas empresas no estaban en capacidad de solventar porque se encontraban en quiebra, razón por la que llevarían a cabo su intervención para llamar a una nueva licitación internacional.
La casa principal de Unión Fenosa en España, en la persona de su consejero delegado, Honorato López Isla, pidió al gobierno español que preside José María Aznar que proteja sus inversiones en República Dominicana, las que ascienden a US$600 millones, que llevados a la tasa promedio de RD$31.87 equivalen a RD$19,119 millones. En tanto que la embajadora española en el país, María Jesús Figa López, demandó del Gobierno dominicano buscar una solución consensuada con los inversionistas españoles.
Posteriormente López Isla se trasladó a República Dominicana y se reunió con el presidente Mejía, quien autorizó un proceso de negociación con la empresa de capital español y, sorpresivamente, las partes acordaron en la madrugada del 11 de septiembre pasado que el Estado dominicano adquirirá el 50% de las acciones que tenía en su poder la filial de Unión Fenosa en el país, que lleva por nombre Distribuidora Dominicana de Electricidad (Didoel), que a su vez operaba a Edenorte y Edesur.
Unión Fenosa, tercera compañía eléctrica española, acordó venderle las distribuidoras Edenorte y Edesur a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por un monto de 384 millones de euros, equivalentes a US$422.7 millones, o sea, más de RD$14,000 millones a la tasa de cambio actual, transacción efectiva a partir del 30 de septiembre del año en curso.
Esa es la misma empresa que bajo el nombre de Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) le había vendido en 1999 el 50% de sus acciones por un monto de US$210 millones, con fines de capitalización, lo que muestra un saldo negativo para el Estado dominicano de 212.7 millones.
El pago de la operación se formalizará el 30 de noviembre mediante un desembolso por parte del Gobierno de 13.3 millones de euros (US$14.6 millones) y el usufructo por parte de Didoel por 12 años de activos de distribución que serán arrendados a Edenorte y Edesur, cuyo cobro está garantizado por cuentas de clientes de ambas compañías que cubren permanentemente el 115% de los pagos mensuales.
El Estado también se compromete a saldar créditos y obligaciones que tienen las distribuidoras con Unión Fenosa y sus filiales al 31 de agosto pasado por 101 millones de euros (US$111.1 millones), compensar los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras privadas a Edenorte y Edesur con garantía de Unión Fenosa por un monto de 170 millones de euros (US$187 millones), así como compensar una parte de la inversión neta que había hecho Unión Fenosa en el área de distribución en 1999, con una partida de 100 millones de euros (US$110 millones).
Unión Fenosa explica que la operación implicará una minusvalía de 160 millones de euros (US$176 millones), aunque aclara que esa situación “no altera la previsión del resultado neto realizada por la compañía para el actual ejercicio”.
En los argumentos que da la tercera compañía eléctrica española para salir del negocio de distribución en ningún momento hacen referencia a la decisión del Gobierno de intervenir a Edenorte y Edesur, que fue el factor que estimuló la negociación, sino al contexto de la crisis económica, financiera y energética que sufre el país en los últimos años, agravada por la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) y la consiguiente depreciación del peso dominicano respecto al dólar en más de un 100% en un año.
Unión Fenosa señala a la devaluación y al incremento de los precios del petróleo como los dos factores que han tenido una repercusión directa en el incremento de la tarifa eléctrica, circunstancias que a su entender acentuaron las dificultades operativas y financieras de Edenorte, ya de por sí afectada por el déficit de generación en la Región Norte del país.
No obstante, Unión Fenosa decidió mantener su vinculación al negocio de la generación con una potencia total instalada de 190 megavatios en el conjunto de plantas de Palamara y La Vega, cuya explotación se ha mantenido en una línea de rentabilidad desde su inicio.
Ese acuerdo entre el Estado dominicano y Unión Fenosa se produce en medio de un proceso electoral en el que el presidente Mejía aspira a ser reelecto por un nuevo período para los años 2004-2008 y en víspera del viaje que realizará el mandatario dominicano a España entre el 15 y el 17 de septiembre.
Está claro que ésta es una solución coyuntural y parcial a la difícil situación por la que atraviesa el país en el campo energético desde hace más de 40 años.
ANTES DE PRIVATIZAR
Mandatarios como el doctor Joaquín Balaguer se vieron precisados a intervenir la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) para asumir directamente la administración de esa entidad y de esa manera acabar con los odiosos apagones, aunque sin lograr los resultados esperados.
Algunos de los administradores de la CDE, como el ingeniero Julio Sauri a mediados de los años 70, se hicieron famosos por las explicaciones fantásticas que daban a la ciudadanía sobre las causas de los apagones, como el relacionado con las chichiguas que se enredaban en las redes y provocaban averías.
Otros han usado la fuerza como medio de cobro y para impedir el logro de conquistas laborales significativas, como fue el caso del ingeniero Ramón Pérez Martínez (Macorís), quien desplegó una serie de acciones encaminadas a cortar el servicio a todos aquellos usuarios morosos y destruyó el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad (Sitracode), vulnerando de esa manera el clima de libertad sindical que hasta ese momento imperaba en el país.
Mientras que el ingeniero Temístocles Montás hacía alardes de ser el técnico más preparado en el campo energético, mientras estuvo en la oposición, pero cuando el Partido de la Liberación Dominicana asumió el poder en 1996 y lo nombró como administrador de la CDE no dio pie con bola y fue sustituido por el ingeniero Radhamés Segura.
Durante su paso por la CDE, el ingeniero Segura logró paliar la situación energética sin llegar a darle una solución definitiva al problema, porque en ese momento estaba en marcha el proceso de capitalización, siendo uno de los actores oficiales que más reparos puso a una serie de cláusulas contenidas tanto en la ley de capitalización como en los contratos que lesionaban al país.
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