El cardenal López Rodríguez afirma que en la República Dominicana no hay establecimientos penitenciarios, sino calabozos no aptos para la vida humana, antros de perversión que corrompen en lugar de regenerar




Por Fausto Araujo

Definitivamente es verdad. A lo único que se parece una cárcel de la República Dominicana es al infierno.

La sociedad dominicana esta huérfana de un verdadero y autentico régimen penitenciario que permita a los presidiarios su regeneración mientras cumplan sus condenas, que los convierta en seres útiles a la colectividad.

En efecto, cuando una persona es sometida a prisión por haber cometido o no algún hecho tiene más posibilidades de salir de cualquier recinto carcelario del país convertido en un delincuente profesional que regenerado.

Con esa apreciación coinciden el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el médico psiquiatra Jaime David Fernández Mirabal, el jurista César Pina Toribio y Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria de la República Dominicana.

La meta fundamental de los regímenes penitenciarios modernos consiste en reeducar a los reclusos a los fines de que cuando cumplan sus penas se integren a la sociedad dotados de buenas conductas y costumbres. Pero aquí ocurre todo lo contrario.

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo ha reiterado que la cárcel es el lugar donde el recluso debe ser rehabilitado, regenerado sobre la base de la educación, instruido en el aprendizaje de un oficio técnico y el deporte, y no un espacio para tener hombres en una promiscuidad malsana, perversa y en la ociosidad, que es la madre de todos los vicios.

Sin embargo, López Rodríguez ha insistido en plantear que en la República Dominicana no hay establecimientos penitenciarios, sino calabozos no aptos para la vida humana, antros de perversión que corrompen en lugar de regenerar a los presidiarios.

De igual manera, tras calificar de terriblemente cruel y hasta criminal el sistema sanitario de las cárceles nacionales, el también miembro del Equipo de Apoyo de la Coordinación Penitenciaria del Departamento de Pastoral Social del Consejo Episcopal de América Latina, Fray Jiménez Richardson, sostiene que el sistema penitenciario dominicano marcha como chivo sin ley

Una resolución emanada de uno de los principales poderes del Estado reveló que “los recintos carcelarios del país en lugar de ser verdaderos centros de reeducación social no son más que establecimientos de perversión y degradación moral”.

La pieza aprobada en el Senado establece, además, que “en esos recintos carcelarios se practican todas las modalidades de la corrupción, lo que, en definitiva, convierte en peores individuos a las personas que pasen por éstos”.

Y es que, como se ha denunciado, una buena parte de los presos no puede escapar de las drogas, la promiscuidad sexual, los crímenes, las enfermedades infecto contagiosas, especialmente el Sida y la tuberculosis pulmonar, y otros males sociales que proliferan en los establecimientos penitenciarios.

De la generalidad de esas maldades sólo pueden escapar quienes poseen grandes fortunas o los políticos corrompidos, que son llevados a celdas particulares o simplemente no pagan con prisión las infracciones que cometen contra la sociedad.

‘EL PRESO NO ES GENTE’

Todas las cárceles del país se encuentran sumergidas en el hacinamiento más espantoso y es conmovedor el estado de desastre, abandono, insalubridad, promiscuidad y desorden en que se encuentran a causa de que la sociedad dominicana durante muchos años ha carecido totalmente de una efectiva administración de justicia.

Los defensores de los derechos humanos señalan que en el país los presos son tratados en condiciones inhumanas, como animales y no como sujetos de derecho.

Al respecto, el cardenal López Rodríguez ha calificado de degenerados, ineptos e incapaces a quienes consideran que “el preso no es gente”.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica en la República Dominicana ha señalado que se observa una falta de conciencia e indisciplina, en virtud de que los presos no se trasladan a los tribunales bajo el alegato de que no hay gasolina o que no aparece el custodia o el chofer.

A los fines de discutir la búsqueda de salidas a esa deprimente realidad hace poco se llevó a cabo el Foro de Defensoría Pública, el cual estuvo organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Actualmente en la sociedad dominicana hay más de 15 mil hombres, mujeres y menores de edad sobreviviendo en condiciones infrahumanas en 30 recintos penitenciarios que existen en todo el territorio nacional. El 83 por ciento de esos reclusos tiene edades que oscilan entre los 18 y los 31 años.

Conforme a datos suministrados por instituciones que tienen que ver con los derechos humanos en el país, “en los calabozos no aptos para la vida humana” que hay aquí se encuentran recluidos cerca de 3 mil niños y adolescentes, más de 12 mil jóvenes y alrededor de un centenar de ancianos.

aMOTINamientos

Como consecuencia de esa realidad en los últimos 14 meses se han registrado varios tumultos en distintos centros penitenciarios del país, especialmente en las cárceles de Azua, La Vega y en la modelo de Najayo, en San Cristóbal, los cuales han dejado un balance de cerca de 40 muertos y decenas de heridos de armas blanca y de fuego o de quemaduras.

El año pasado se registraron 105 muertes en el interior de los centros penitenciarios del país, según un informe de la Dirección de Prisiones enviado a jueces de instrucción y de cámaras penales. Una parte de las muertes –explica el informe– se produjeron con armas de fuego y blanca, otros por medio de quemaduras y algunos por enfermedades diversas.

En dos hechos insólitos ocurridos en las cárceles de Azua y Najayo, de San Cristóbal, perdieron la vida tres reclusos a causa de impactos de balas: uno a finales del 2002 y dos a principios del 2003. La primera víctima fue el recluso Simón Antonio Rodríguez (Tony Amor), ultimado a tiros por un compañero de celda en la cárcel de Azua, mientras que las otras dos perecieron en circunstancias parecidas en enero de este año en la cárcel de Najayo.

Este año también perdieron la vida 30 reclusos en la cárcel de La Vega a causa de un incendio que provocaron los encarcelados.

El hecho alarmó a la opinión pública y el cardenal López Rodríguez dijo que eran muchos los cómplices de esa desgracia, comenzando por la Justicia.

Siete años atrás la sociedad dominicana presenció a través de los medios de comunicación varios pleitos y escándalos de mucha fama que se registraron en los centros penitenciarios de La Victoria y Palo Hincado, de Cotuí, los cuales dejaron un balance de 12 muertos y decenas de heridos.

Entre los reclusos que perdieron la vida en esa ocasión figuran José Francisco de los Santos, mejor conocido como “Danny 45”, de quien se dijo consiguió una alta suma de dinero en La Victoria haciendo negocios ilícitos.

PRESOS PREVENTIVOS

De los más de 15 mil presos que hay en la República Dominicana el 79 por ciento, cerca de 12 mil, son preventivos, es decir, que esperan ser llevados ante los jueces para que conozcan el fondo de sus expedientes, de acuerdo con el Colegio de Abogados.

La sociedad dominicana, sin dudas, continúa ocupando uno de los primeros lugares entre todas las naciones de América y el Caribe donde hay más presos preventivos y desacatados pasando todo tipo de penurias y calamidades. Por eso se amotinan con mucha frecuencia.

Un seminario sobre presos preventivos que se llevó a cabo en el país determinó que las causas que determinan la gran cantidad de presos preventivos radica “en las deficiencias institucionales y en la falta de autoridad que prevalece en la nación”.

En el Foro de Defensoría Pública patrocinado por la FINJUS y UNIBE, la doctora Rosalía Sosa, de la Oficina de la Defensoría Pública que creó recientemente la Suprema Corte de Justicia, reveló que más de dos terceras partes de los reclusos dominicanos aún no han sido llevados ante un juez o los juicios a que están sometidos son dilatados porque son pobres y carecen de dinero para pagar a un defensor.

La jurista María Asunción Santos opina que el congestionamiento que hay en las cárceles dominicanas obedece al estancamiento de los expedientes y al pesimismo que prevalece en el sistema judicial nacional.

En todos nuestros recintos penitenciarios hay apenas un poco más de 2 mil 900 presos condenados, mientras que solamente entre La Victoria y Rafey, esta última ubicada en Santiago, existen alrededor de 3 mil encarcelados que padecen graves enfermedades, según el Comité Dominicano de los Derechos Humanos.

LOS PENALES

Los principales recintos penitenciarios son La Victoria, en Santo Domingo, que es donde se encuentra la mayor cantidad de presos; la modelo de Najayo, en San Cristóbal, donde envían a la mayoría de los ricos y los políticos corruptos; Rafey, en Santiago, y las de Cotui, Monte Plata, Mao, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, Barahona, Azua, La Romana, San Pedro de Macorís, Dajabón, Elías Piña, Montecristi, Higüey y La Vega.

Todos esos centros, además de estar sumergidos en el abandono y la promiscuidad, generalmente concentran una cantidad superior a la capacidad de los reclusos que realmente deben tener.

Así, por ejemplo, en la Penitenciaria Nacional de La Victoria, que tiene capacidad para 850 presos, hasta hace poco había 5 mil 370; en la cárcel Rafey, de Santiago, que está destinada para concentrar 500 reclusos, tiene 1,008; en la modelo de Najayo, en San Cristóbal, que se construyó para una población de 700 presidiarios se encontraban 1 mil 550, y en la de Barahona había 360, cuando su capacidad es de 175 presos, conforme con datos de la Dirección General de Prisiones.

Entidades como el Departamento de Asistencia Legal Gratuita coinciden en señalar que, a parte de los que hemos enumerado, otros de los serios problemas que atraviesan los centros penitenciarios de la nación son la represión y carencia de procedimientos legales para presos preventivos y la falta de asistencia médica adecuada.

Además, según se ha dicho, el Estado destina una suma muy ínfima (una vez era de 1 peso con 12 centavos diarios, es decir, 33 pesos con 60 centavos mensuales y 403 pesos con 20 centavos cada año) para la dieta de cada recluso. Los alimentos que a muchos de ellos les envían sus familiares en muchos casos nunca llegan a su destino.