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Las embotelladoras al borde del colapso
Los altos costos de producción y la competencia desleal de los “envasadores clandestinos” amenazan seriamente un negocio que hace unos años era muy rentable
Por Santiago Estrella Veloz
Hace unos diez años en el país se produjo una verdadera explosión en el negocio del agua embotellada purificada. Empresarios de diversas capacidades económicas, incluso jugadores de béisbol de grandes ligas y artistas de la farándula, se sintieron atraídos por un negocio que, según la visión de entonces, lucía sumamente rentable. No vacilaron en realizar inversiones millonarias en sus ciudades natales, de lo que ahora muchos se arrepienten.
Hoy día, igual que muchos otros negocios, las plantas embotelladoras de agua dicen estar al borde de la quiebra, tanto por el incremento de los costos de producción como por la competencia desleal de los “envasadores clandestinos”, cuyos productos no reúnen los más mínimos requisitos de higiene y, en consecuencia, constituyen un atentado contra la salud pública.
“Estamos contra la pared y con las manos en alto”, dice gráficamente el doctor David Toribio Lantigua, presidente de la Asociación Dominicana de Embotelladoras de Aguas Purificadas (ADEAGUA), al comentar la incursión de “miles de camioncitos” que venden agua a granel en las calles de Santo Domingo, sin reunir las condiciones de higiene y sin que el público consumidor sepa de dónde proviene el agua que utilizan, nunca de las mejores fuentes.
“No estamos opuestos a que surjan nuevas empresas, pero que se organicen, que paguen impuestos, que no sean clandestinas, que oferten un producto acorde con las normas de calidad exigidas en estos tiempos”, expresó.
Toribio Lantigua afirmó que en estos momentos el negocio de las embotelladoras de agua está afectado, fundamentalmente, por el modelo económico que ha impuesto el Estado, vale decir el Gobierno, pero además por la competencia de productores que carecen de estructuras físicas y de domicilios conocidos, pero que además no pagan impuestos ni energía eléctrica. Ni siquiera el agua, pues la toman de cualquier río o fuente que les sea más fácil.
Se suma a esta competencia el agua en funditas, que no es producida por los grandes negocios y que está dirigida a un público de clase baja. Ese producto está expuesto a una manipulación que termina en una segura contaminación, en perjuicio de la salud de quien la consume.
Según el presidente de ADEAGUA, en los últimos tiempos la Oficina Sanitaria Panamericana, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recibido informes sobre un creciente aumento de enfermedades intestinales en niños, adultos y ancianos entre la población dominicana como resultado de la ingestión de agua contaminada porque hay escasos controles. En ese sentido dijo que ni la Secretaría de Industria y Comercio, ni Salud Pública, disponen de recursos suficientes para inspeccionar debidamente todas las plantas de agua, legales y clandestinas, que existen en el país. “No es que no lo hacen, sino que aunque tienen un personal especializado para esas labores de inspección, el mismo no alcanza porque no hay recursos económicos para atenderlo como se debe”.
AUMENTO DE LOS COSTOS
Es realmente paradójico que esté en crisis un negocio que tiene asegurados, según sus propios estudios, un millón 800 mil consumidores, con inversiones que rondan los tres mil millones de pesos y que produce unos 444 millones de galones de agua embotellada por año. En los últimos diez años el crecimiento promedio del sector ha oscilado entre un 12 a un 14 por ciento anual.
Las zonas de mayor demanda son las urbanas, por parte de consumidores de clase media y de baja hacia arriba. El sector posee una capacidad de producción instalada de un 25 a un 30 por ciento de la demanda, con inversiones que superan los tres mil millones de pesos y una generación de 9,000 empleos directos. Sin embargo, los productores de agua embotellada sostienen que, como contrapartida, sus costos de producción han aumentado en un 17 por ciento, lo que les obligó a aumentar los precios en un 15 por ciento en septiembre del 2002. Entre los aumentos recibidos por las embotelladoras se citan el de la energía eléctrica, que estiman en un 25 por ciento; los combustibles, que aumentan cada semana; los repuestos y las piezas para vehículos de motor, en algunos casos hasta de un 200 por ciento, pero además el agua misma, pues la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) ahora les cobra nueve pesos por cada metro cúbico de agua, en lugar de cuatro pesos que tenía establecido. (Un metro cúbico de agua equivale a 264 galones, de los cuales realmente se aprovechan 185 galones como “agua buena” (70 por ciento) y 79 galones de “rechazo” o agua “mala” (que representa el 30 por ciento).
El doctor Toribio Lantigua afirma que de esos 185 galones de agua, 180 se convierten en 36 botellones de cinco galones cada uno. El resto alcanza para 40 botellitas. En términos de ingresos, antes del aumento, 36 botellones a RD$12.76, que era el precio a los comerciantes, ascendía a la suma de RD$459.36; mientras que las 40 botellitas a RD$2.50 pesos sumaban 100 pesos. En total RD$559.36 como ingreso bruto, de los cuales hay que pagar un diez por ciento de impuestos, los empleados, la factura eléctrica y los costos generales del transporte y distribución. Es por eso que el año pasado decidieron “reajustar” los precios de venta.
MARCO LEGAL
No hay una cifra exacta, pero la Asociación Dominicana de Embotelladoras de Aguas Purificadas (ADEAGUA) estima que en el país existen entre 170 y 185 plantas purificadoras de agua en funcionamiento, todas las cuales están amparadas por un marco legal y las disposiciones establecidas por la Secretaría de Industria y Comercio a través del Registro Industrial, por la Norma Dominicana 64 (NORDOM-64), por la Secretaría de Estado de Salud Pública, a través de un Registro Sanitario establecido por la Ley 42-01. El doctor Toribio Lantigua consideró que esos marcos legales hay que reformarlos para ajustarlos a las nuevas tendencias y realidades del mercado, como se prevé en los proyectos de leyes de reforma al sector agua potable y saneamiento, y que daría paso a una Ley General de Aguas. |
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