Por Santiago Estrella Veloz

La escasez de agua en algunos barrios, la ignorancia y la falta de buen juicio llevan a muchas personas a consumir el agua vendida a granel en camiones sin la debida protección sanitaria y con grave riesgo para la salud, a pesar de que ese negocio trata de ser regulado por las autoridades de Salud Publica, Industria y Comercio y la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR).

Industria y Comercio otorgó un plazo de 30 días a todas las personas físicas o morales que se dedican a la comercialización del agua denominada “a granel” para que se registren como distribuidores de agua para uso doméstico “no apta para el consumo humano”, para lo cual deberían cumplir con los requisitos de la DIGENOR.

El plazo ya venció y de momento no fue posible establecer cuántos acogieron el llamado de registro. Centenares de “camioncitos” continúan desplazándose por los barrios pobres de Santo Domingo, donde venden agua a granel no apta para el consumo humano, que mucha gente compra por necesidad o la consume como agua potable debido a la ignorancia.

Los botellones son vendidos a diez pesos, trasvasados directamente desde el camión al botellón del cliente, no siempre con la higiene necesaria.

Israel Martínez, distribuidor de Agua Laurel, dijo después de pensarlo mucho que venden dos camiones de agua al día.

El tanque de acero inoxidable de cada uno de esos camioncitos tiene capacidad para 210 botellones, de cinco galones cada uno. Cada viaje le representa al chofer un ingreso de 200 pesos, de manera que su ingreso diario es de 400 pesos. El dueño recibe 4,200 pesos, lo que significa que el chofer y su ayudante reciben poco menos del diez por ciento del negocio.

Agua Laurel, según dijo Martínez, está situada en la carretera de Yamasá, en la región Este, pero vende el agua en los barrios de Santo Domingo y hasta en Haina, hacia el Suroeste.

LA COMPRAN POR BARATA

“La compro porque considero que es buena”, comentó una persona del barrio Cristo Rey que se identificó como Alfonso Paulino. “No sabe mal, ni tiene mal olor”, agregó. “A mí me resuelve un problema, porque en vez de 25 pesos que cuesta el botellón en el colmado, éste me cuesta diez pesos. El agua que sale de la llave casi siempre está turbia y no sirve para beber”, dijo Altagracia María Polanco, del mismo sector.

Pese a que todavía andan por ahí camioncitos que venden agua no apta para el consumo humano, hay muchas otras compañías que cuentan con la autorización de Salud Publica para vender agua a granel para uso doméstico. Se trata de firmas que dicen que su producto es procesado por el sistema de ósmosis, que elimina bacterias e impurezas, aunque esto es difícil de establecer.

La misma manipulación del agua para trasvasarla de un recipiente a otro en barrios donde abunda el polvo, las moscas y otros factores contaminantes echa por el suelo la garantía de pureza que pueda tener.

La gente la compra como si tal cosa, sin reparar en que puede provocarle males estomacales, algunos de ellos con repercusiones graves, entre los cuales figuran la diarrea aguda y la gastroenteritis.

CONTROLES OFICIALES

Industria y Comercio, mediante la Resolución 105, del 13 de junio pasado, dispuso que la supervisión de los camiones que venden la denominada “agua a granel” estará a cargo de DIGENOR y de la SESPAS “que implementarán un monitoreo permanente en todo el país”. Se presume que tal labor de vigilancia la harán sus inspectores.

La misma disposición estableció que los camiones cisterna de los proveedores llevarán impresos en ambos lados y en la parte trasera la leyenda “Agua para uso doméstico, no apta para consumo humano”, las siglas de DIGENOR y el sello de la SESPAS. La inscripción será colocada por la DIGENOR, la cual se encargará de retocarla cada cuatro meses en visita de inspección que deberán realizar los camiones cisterna al lugar que les sea asignado.

En caso de que no atiendan la regulación, los propietarios del negocio de venta de agua a granel corren el riesgo de ser penalizados con la suspensión de la actividad comercial por un periodo de 90 días.

La misma suspensión se aplicará si la inscripción y los sellos oficiales son falsificados, adulterados o borrados.

“La reincidencia en dicha falta –dice la resolución de Industria y Comercio– implicará el cierre definitivo y la incautación del producto por un período de noventa días”.

Industria y Comercio se fundamentó en la Ley 602, del 20 de mayo de 1977, que crea la DIGENOR y la faculta “para establecer las reglamentaciones correspondientes a la aplicación de normas de calidad obligatorias, entre ellas las que se refieren a la protección de la salud, tales como alimentos, drogas, productos químicos, farmacéuticos, etc., en coordinación con la Secretaría de Salud Pública y Asistencia social”.

También la Resolución No. 04, del 24 de abril de 2003, de Salud Pública, instruye a la Dirección General de Salud Ambiental de dicha secretaría, en coordinación con la DIGENOR, para la supervisión de los camiones de venta de agua a granel para uso doméstico, no apta para consumo humano, implementando un monitoreo permanente en todo el país.

Así mismo, la Norma Dominicana de Emergencia (NORDOM) No. 64 “estableció que para garantizar la salud de la población queda prohibido el transporte y comercialización del agua tratada para consumo humano, en la forma denominada a granel, ya sea mediante el sistema de tanque cisterna, el empleo de tinacos o cualquier tipo de envase”.

Sin embargo, el agua a granel sin las debidas condiciones sanitarias sigue vendiéndose en las calles de Santo Domingo, sin que hasta ahora se haya sancionado a algún responsable de esa agresión a la salud de los ciudadanos.

Se surten en el río Haina

Los ‘camioncitos” se surten de agua de cualquier fuente, entre ellas del río Haina, al Oeste de la ciudad, donde reporteros de [A]HORA pudieron fotografiar uno mientras era llenado con una bomba de succión portátil.

Como se sabe, el río Haina es un afluente pluvial de gran contaminación, tanto por la existencia de los conglomerados humanos cerca de sus riberas como por la gran cantidad de empresas, granjas e industrias que descargan sus desperdicios en el cauce de este río.