Quién juzga a quién en el caso Baninter
En el expediente se mencionan entre los beneficiarios, con dádivas y regalos, a sectores de la Iglesia Católica, 70 generales, artistas, azafatas de televisión, jueces de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Hipólito Mejía y el ex presidente Leonel Fernández
Por Lauterio Vargas
El caso del alegado fraude cometido por el Banco Intercontinental (Baniner), que implica el uso indebido de más de 55 mil millones de pesos, según las autoridades monetarias que hicieron la denuncia y formularon la querella, representa uno de los retos más grandes e importantes que enfrenta, en toda su historia, la judicatura dominicana.
No se trata de un simple caso de fraude como tantos otros que se han denunciado y ventilado en los tribunales del país.
Este abarca a personas influyentes de nuestra sociedad, entre ellos políticos, legisladores y empresarios.
El manejo irregular de las operaciones del Baninter se remonta al año 1989, cuando inició sus operaciones el banco, y abarca los gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Ferández y la presente gestión.
Las acusaciones de que es un recurso político con fines reeleccionistas no se han hecho esperar de quienes adversan al mandatario y a su proyecto continuista. Otros lo miran como un reto, una acción valiente por parte de las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
El caso es que desde el miércoles 14 de mayo están en prisión y sometidos por ante la justicia el presidente del Baninter, Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo, esta última se encuentra interna en el Centro de Otorrino y Especialidades debido a problemas de salud.
El pasado jueves 22 llegó al país y se puso a disposición del fiscal Máximo Aristy Caraballo el empresario Luis Alvarez Renta, quien en setiembre de 2001 le vendió la Sippany Holdings INC al presidente de Baninter.
Según la denuncia sustentada por el Banco Central, en la persona de su gobernador José Lois Malkum, y de la Superintendencia de Bancos, representada por Julio Cross, el caso es de una magnitud insospechada.
Se han mencionado entre los beneficiarios, con dádivas y regalos, a sectores de la Iglesia Católica, 70 generales, artistas, azafatas de televisión, jueces de la Suprema Corte de Justicia, y hasta el actual presidente Hipólito Mejía y el ex presidente Leonel Fernández tocaron parte del gran pastel, pues según el expediente entre los regalos cuentan compra de yipetas, costeo de viajes presidenciales, pago de los gastos de la enfermedad del extinto líder perredeísta José Francisco Peña Gómez y dinero para la compra de juguetes que repartía Joaquín Balaguer, los que sólo representan unos 2,000 millones de pesos.
UN JUEZ BAJO LA LUPA
En este proceso cabe preguntarse ¿quién investiga a quién?, pues el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, que tiene a su cargo realizar las investigaciones y hacer la sumaria, es a la vez objeto de investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia, acusado de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Hace apenas un mes y algunos días que el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz fue reintegrado y para el día tres del próximo mes deberá comparecer ante la Corte de Apelación de Santo Domingo, donde los abogados José del Carmen Ariza y Rodolfo Hollander depositaron una querella en la que lo acusan de “falsedad de escritura y prevaricación” por supuestamente variar la calificación de una sentencia.
Ante la situación del magistrado Sánchez Ortiz el director del Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco), Jesús Féliz Jiménez, entiende que este juez no es el más idóneo para investigar el caso con todas las de la ley.
Féliz Jiménez es justamente uno de los que se querelló en su contra por alegadas irregularidades y en la denuncia elevada por ante la SCJ lo acusa de supuestamente extraviar una tarjeta que formaba parte de un expediente de corrupción contra el subdirector administrativo del Instituto Nacional de la Vivienda, Jesús Féliz y Féliz, cuyo expediente fue desestimado.
Pero además entiende el director del Depreco que “un simple juez de Instrucción no cuenta con los mecanismos necesarios para realizar una investigación de esa magnitud”.
Además de la exclusión de muchas personas vinculadas al caso, Jesús Féliz manifestó su preocupación porque el caso está apoderado de un juez que es objeto de investigación por parte de la SCJ.
Según se ha sabido el magistrado es cuestionado por un viaje a Europa que hizo en el 2001 junto al fallecido juez del Quinto Juzgado de Instrucción, Nelson Rodríguez Solís, cuyos gastos los habría cubierto el secretario general de la Liga Municipal, Amable Aristy Castro, como premio por dictar supuestamente una sentencia a su favor.
Jesús Féliz, al cuestionar la credibilidad que pueda tener una decisión emanada del juez Sánchez Ortiz, señala que “es una persona que ha sido cuestionada, que duró casi un año y seis meses suspendido y que se le levanta la suspensión bajo el ardid de que no se llenó una fase de tipo formal en el conllevamiento del proceso y no por el contenido de la acusación que pesa”.
En forma clara y categórica manifiesta que “hay alta preocupación en el departamento en la persona de Sánchez Ortiz, por lo que ha exhibido y por las tantas quejas que alrededor de él existen”.
Aclaró que eso no quiere decir que no haya voluntad de resolver el caso porque “la voluntad se define desde el momento mismo en que se decide remitir la querella o la denuncia” e insistió que debió hacerse con mayor rigurosidad.
IGLESIA Y SCJ
El pasado jueves el presidente del máximo tribunal del país, doctor Jorge Subero Isa, exhortó a la sociedad en sentido general para que tenga confianza en el Poder Judicial y al mismo tiempo dio un espaldarazo a Sánchez Ortiz y manifestó su confianza de que se “administrará justicia sin ningún tipo de presión”, y que lo importante en casos como éste es que los jueces no se sientan presionados ni manipulados por ningún sector.
Subero Isa también se ha manifestado a favor de que se publiquen los nombres de los beneficiarios del despilfarro de recursos y al mismo tiempo rechazó que la SCJ haya recibido donaciones de ningún grupo económico del país.
Hasta el momento la Iglesia no ha ofrecido ninguna explicación sobre su mención como beneficiaria de donaciones, sólo por separado y a título personal el obispo Juan Antonio Flores Santana responsabilizó del fraude a las autoridades monetarias, quienes dijo son cómplices porque no cumplieron su misión de supervisores del sistema bancario del país. Mientras que el padre Jorge Cela advierte que en el proceso judicial no deben haber acuerdos por debajo de la mesa para que sea esclarecido.
Jesús Féliz emplazó a la Iglesia para que se manifieste sobre el caso y exponga su posición.
EL MANEJO DEL CASO
En la investigación de las transacciones realizadas por Baninter participaron peritos del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes juntos a los especialistas del Banco Central aseguraron que durante el período enero marzo funcionarios de Baninter borraron de los libros
tiene que pasar por un proceso para que entienda las necesidades de la empresa, de ahí que se le provee de muchas habilidades y destrezas diferentes.
QUÉ ENSEÑAN
Entre las enseñanzas que ofrecen estos entrenadores a los líderes de las empresas están la pirámide de Maslow, pero desde una perspectiva diferente, pues no todo el mundo es motivado de la misma manera y los líderes deben estar conscientes del nivel donde se encuentra cada miembro de su personal en un momento determinado.
Forastieri dice que a medida que el líder entienda la responsabilidad que tiene de motivar a diferentes niveles a su personal, la compañía irá superándose.
En torno a la situación que vive el país y sus efectos en las empresas, señala que el “efecto negativo” es como un virus nocivo que puede entrar en una empresa para convertirse en un cáncer de negativismo, por lo que la responsabilidad del líder en esos momentos es saber que dentro de cualquier crisis existen oportunidades, ya que si se dejar influenciar por este virus no habrá futuro para la empresa.
A un gerente que es enviado por una empresa se le hace una serie de evaluaciones individuales, se le asigna un “coaching” a lo largo del proceso, y por siete semanas, a través de los programas de liderazgo, se le encamina para que entienda su rol en la empresa.
En ese punto, “mientras más alto uno llega en una organización eso va acompañado de mayor responsabilidad. Muchas veces algunos ejecutivos delegan para arriba, pues van con los problemas donde sus superiores, pero no con las soluciones, y entienden que la cara bonita es con los jefes y se olvidan del personal que está bajo su mando”.
La consultora de Dale Carnegie Training indica que lo que hace la compañía es ayudar a sus clientes a reencontrarse dentro de sus respectivas organizaciones a través de varias herramientas que ofrecen.
[Más de 130 implicados]
Si el expediente hubiera sido manejado por el Depreco, Jesús Féliz asegura que habría sometido al menos 130 personas para que respondan ante la justicia.
Señala que los interrogatorios que hizo Aristy Caraballo a los acusados no se pueden definir como una investigación en sí, y lo catalogó como “un simple interrogatorio que aporta muy poco”.
“Entonces la investigación real ahora tendrá que hacerla el juez de Instrucción que para mí es de alta preocupación por dos razones: primero porque los jueces de Instrucción en el país, en sentido general, no tienen detrás un equipo de investigadores ni las herramientas para hacer una investigación lo más profunda posible, para ir a todos los laberintos que aparecen en este tipo de actuación criminal, que por cierto nunca vista en la historia del crimen en la República Dominicana”.
Destacó que los expedientes de corrupción remitidos por el Depreco han estado bien sustentados, “aunque se hizo una campaña en un momento queriendo decir que mal preparábamos los expedientes”.
En casos como éste dijo que a los jueces de Instrucción hay que prepararles un proyecto de sentencia o de auto envío o providencia calificativa. “Con esto quiero decir que ese expediente debió llevar a todos y cada uno de los que presumen las autoridades monetarias que cometieron actos ilícitos”.
En tal sentido señaló que el Depreco debió participar en la fase de la investigación en el orden administrativo que llevaron con técnicos especializados el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
Según sus palabras, todavía se está a tiempo para que los querellantes, a través de los abogados constituidos en parte civil, puedan hacer la remisión de una especie de adición al expediente en la que establezcan los grados de responsabilidad por los hechos cometidos de todos y cada uno de los ejecutivos del Baninter, y no limitarse a los tres que remitieron y contra los cuales se dictó mandamiento de prisión. “Yo soy de opinión por lo poco o mucho que conozco que ese expediente debió ser radicado con por lo menos 130 acusados y no limitados a tres”, dijo Féliz.
Según las conclusiones a las que ha llegado el Depreco, el banco paralelo que operaba en el Baninter se utilizaba para lavar dinero de procedencia turbia, ya que de conformidad con estudios que ha hecho el FMI marcan los indicios de que provienen del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos, entre otras actividades ilícitas.
[Intervención de los medios]
Aunque actuaron bajo las estipulaciones de la ley, para el director del Depreco no era necesario el aparataje que se montó para intervenir judicialmente los medios de comunicación del Grupo Baninter.
Consideró que con esa acción, en vez de ponerse del lado de la legalidad, “se colocaron del lado de la ilegalidad” y con ese tipo de comportamiento crearon una opinión pública favorable a Báez Figueroa y los demás acusados.
Uno de los temores de Jesús Féliz es que si no se le da una buena orientación a la ciudadanía, precisa y sana, los acusados podrían lograr decisiones que les favorezcan hasta el grado de que podría salir (Báez Figueroa) de la cárcel como un potencial candidato presidencial, porque ha tocado muchos sectores de poder y hay muchas personas que no han sido dadas a conocer como beneficiarios del fraude.
Si el caso no llega a las últimas consecuencias en el país se podría destapar una situación caótica.
Según las consideraciones del Depreco, las autoridades judiciales deben interrogar a los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central, que en los 14 años que duró la alegada operación fraudulenta no se percataron de esa situación. Las declaraciones de esas personas son necesarias e imprescindibles para que digan porqué no actuaron y determinar si dicen la verdad sobre los hechos. Ese trabajo sería realizado por el juez de Instrucción, aunque si el expediente estuviera a cargo del Depreco esos interrogatorios estuvieran incluidos en el acta de sometimiento.
