Ricardo Rojas León

Justos por pecadores


La reciente resolución de la Junta Monetaria que autorizó a la Superintendencia de Bancos a llevar un registro de los certificados financieros que emitan los bancos comerciales ha causado resquemor en la banca y entre depositantes y ahorrantes.

La intención parece ser la de evitar que, como aconteció en Baninter, algún banco capte recursos del público y luego, en una eventual corrida, ni las autoridades ni la propia institución tengan una idea del nivel de pasivos contraídos por la entidad.

Sin embargo, la señal que se envía a los mercados de oferentes y demandantes de recursos prestables no es buena. Porque, en el fondo, lo que se está diciendo, o simplemente sugiriendo, es que también los demás bancos pudieran estar incurriendo en las irregularidades detectadas.

Pero, además, lo que preocupa a muchos depositantes es la posibilidad de que, al disponer la Superintendencia de Bancos de una copia de los certificados financieros, otras entidades del sector público (verbigracia Impuestos Internos) se sientan tentadas a obtener una relación de los depositantes de cada banco.

¿Qué garantía de confidencialidad puede ofrecer una Superintendencia que en el pasado reciente no ha sido capaz de cumplir con sus funciones de fiscalización? ¿No podría servir esto para que algún funcionario o asesor comience a amenazar con revelar nombres de depositantes y montos de sus depósitos?

En el sector financiero se tiene la impresión de que esta medida surgió de la reciente reunión de algunas de las autoridades del Banco Central con bancos corresponsales del exterior y con algunas agencias calificadoras de riesgo. Y que, además, con ella lo que se buscaría es tratar de calmar los ánimos de la comunidad financiera internacional.

A nuestro modo de ver, las normas bancarias y prudenciales vigentes, que entraron en vigor el año pasado, así como la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos –que suponemos en fase de redacción– conforman un marco adecuado para garantizar la transparencia, eficiencia y profesionalidad en el desempeño de la intermediación bancaria.

Más que averiguar cuánto tiene depositado quién en cada banco, la Superintendencia debe empeñarse en velar porque mejoren los niveles de solvencia, se reduzcan los niveles de riesgo y las carteras sean lo más sanas posibles. La Superintendencia de Bancos debe ser fortalecida, profesionalizada, dotada de mayores recursos, de forma tal que tenga personal suficiente y capaz de realizar las inspecciones in situ, tan importantes en las tareas de supervisión.

No es arrojando un manto de dudas o sospechas sobre todo el sistema financiero como vamos a evitar que vuelvan a surgir problemas bancarios individuales. Cuando ocurren situaciones como la que comentamos lo que sucede es que aumenta el “riesgo moral” en este tipo de negocios.

Una sobreregulación siempre tiende a “ajustarse” mediante una informalización. Pero, además, cuando los oferentes de recursos prestables perciben que se exponen al riesgo del cuestionamiento y a otros riesgos mayores pueden sentirse tentados a preferir una mayor liquidez y a mudar el domicilio de sus capitales.

El nuevo superintendente de Bancos tiene un gran reto por delante. Le deseamos toda la suerte que necesite.