Archivo General de la Nación
La memoria histórica en crisis
Por Santiago Estrella Veloz
La memoria histórica dominicana, acumulada en documentos de extraordinario valor, corre grave peligro. Hay muchos de ellos a punto de perderse por el creciente abandono del Archivo General de la Nación, certeramente descrito como “la cenicienta” de las instituciones públicas, pues en la vida democrática del país ningún gobierno se ha ocupado de concederle la importancia que se merece.
En estos tiempos “globalizados”, es increíble que el Archivo General de la Nación no tenga ni una sola computadora. Los investigadores tienen que copiar los documentos a mano, una tediosa labor que les hace perder mucho tiempo y cuesta un gran trabajo. Cuán diferente sería si los datos buscados estuvieran almacenados en una computadora, en cuyo caso buscarlos sería cuestión de segundos. Pero no es así. En ese sentido, el Archivo General de la Nación parece haberse estancado en el pasado, que trata de conservar a pesar de todo, aunque no es para tanto.
La dirección de la institución prohibió fotocopiar los periódicos, con la explicación de que el peso de las colecciones dañaba el aparato. Si el interesado desea una fotocopia tiene que llenar dos requisitos obligatorios: primero, lograr que le faciliten la colección, y segundo que le permitan trasladarla al Centro de Microfilmación y Restauración de Documentos que funciona al lado del Archivo, en la misma segunda planta donde están guardadas. Naturalmente, hay que pagar las fotocopias. La fotocopiadora del Centro de Microfilmación parece que es más apropiada para soportar el peso de las colecciones.
Hace más de 20 años, [A]HORA publicó un reportaje sobre las precariedades del Archivo General de la Nación. “La situación es ahora peor”, comenta su Director, el intelectual Ramón A. Font Bernard.
En este momento, cincuenta volúmenes de documentos del Siglo XVII, pertenecientes al valioso Archivo Real de Bayaguana, corren el riesgo de perderse definitivamente porque en el Archivo General de la Nación no hay las condiciones mínimas para mantenerlos libres de peligro, a pesar de que algunos están siendo restaurados en medio de las precariedades.
Los documentos están encuadernados con cierto desorden cronológico que se ha tratado de subsanar con un fichero o cedulario, y la signatura topográfica que señala el volumen y el número del expediente dentro de aquel para poder localizar los documentos lo más rápido posible.
Otros documentos igualmente valiosos están amontonados en cajas de cartón, tiradas en el suelo. Para quien tenga conciencia de la importancia de esas piezas aquello es sencillamente horroroso.
Hace algunas semanas, el secretario de Cultura, Tony Raful, en una entrevista con [A]HORA, reconoció el abandono del Archivo, aunque citó algunas reconstrucciones en su planta física, con la promesa adicional de poner atención a la situación actual tan pronto exista un presupuesto adecuado. Hasta ahora sólo se trata de buenas intenciones, mientras los documentos del Archivo casi se borran.
Font Bernard, al explicar la situación del Archivo dice: “Se ha deteriorado con el tiempo, porque no se disponen de los recursos necesarios para preservar los documentos que reposan aquí. Conspiran contra los documentos la salinidad que afecta el papel, el clima y la polilla. Se necesita dinero, aquí no hay nada. No hay una computadora. Hay que instalar un equipo de restauración de documentos, pues no lo tenemos. Hay que buscar técnicos extranjeros para que enseñen a los dominicanos. Es lamentable, pero es la realidad”.
El director explica que, sin querer responsabilizar a alguien en particular, cuando el Archivo estaba bajo la autoridad de la Secretaría de Interior y Policía, tampoco se ocupó de modernizarlo. Inclusive, ocasionalmente, por motivos políticos enviaban aquí personal que no calificaba. Por cierto, el que tenemos es un personal muy mal pagado. Nadie puede esperar que un empleado, ganando mil quinientos o tres mil pesos mensuales, sea una maravilla”.
Font Bernard dice que investigadores extranjeros que van al Archivo “se han asombrado de la gran cantidad de documentos que se conservan aquí”, por lo que es una lástima que no estén cuidados como se debe.
“Hay que acreditar la honradez de los empleados y la dedicación con que trabajan. Como hay documentos que no están inventariados, cualquiera de esos empleados, muerto de hambre, los podría vender. Hasta el Acta de Nacimiento de (Juan Pablo) Duarte”, fundador de la República. “Sin embargo, no lo hacen, porque son empleados honrados”.
El también historiador consignó que la Secretaría de Estado de Cultura paga los empleados y cubre el material gastable. Hace tres meses pagó un trabajo de fumigación”.
El director del archivo dice que no manejan un solo centavo. Por el contrario, agrega: “el agua para tomar y el café que brindamos a algunos visitantes, lo compramos con dinero de nuestro propio peculio”. La situación, vista de ese modo, es francamente deplorable.
Contando la historia
¿Cómo podrá escudriñarse nuestra historia si desaparecen sus fuentes primigenias, como ocurrió con parte de ellas cuando el pirata inglés Francis Drake y sus huestes incendiaron el Archivo, y saquearon los tesoros de la Catedral y otros edificios en 1586?
Numerosos documentos desaparecieron debido a las luchas entre España y Francia –que culminó con la entrega de la parte española de la isla a Francia por el Tratado de Basilea– y la invasión de Haití en 1822 al separarse de los franceses. Cuando los españoles se retiraron después del Tratado de Basilea, los archivos de la Audiencia fueron metidos en 59 cajas que tomaron el camino de Cuba, en posesión española en ese entonces. Una parte de esos documentos fue devuelta en 1905, después de la Independencia de aquella isla. Otros fueron fotocopiados y las reproducciones enviadas a Santo Domingo, encuadernadas en 27 volúmenes. Una parte de esos documentos, según el investigador Francisco Sevillano Colón, fueron a parar al Archivo de Indias de Sevilla, junto con la documentación llevada allí procedente de Cuba, al final del siglo XIX. Los haitianos, al retirarse, se llevaron muchos documentos que supuestamente están en Puerto Príncipe.
Los intentos por crear un Archivo General o Histórico datan de 1845, cuando el Poder Ejecutivo dictó una redisposición para formar el Archivo Nacional dependiente del Ministerio de Interior. En 1847 el Congreso Nacional ordenó trasladar los archivos públicos anteriores a 1821 a la Suprema Corte de Justicia y para 1859 el Poder Ejecutivo creó la plaza de “archivero” en el Ministerio de Interior y Policía. Ese cargo, dice Sevillano Colón, “existió con cierta intermitencia e irregularidad, debido a las vicisitudes por las que atravesó el pais”.
En 1844 el Congreso Nacional creó la plaza de Archivero Público dependiente del Ministerio de Interior y Policía y que debía tener a su cargo las ediciones oficiales y los documentos y expedientes que constituían el archivo de las Secretarias de Estado y de las demás oficinas. Pero la existencia y las condiciones en que se desenvolvía el Archivo dejaban de ser satisfactorias, hasta que no fue sino en la Era de Trujillo, en 1935, cuando por Ley del 22 de mayo se estableció la organización científica y metódica del Archivo General de la Nación. Ese mismo año Trujillo dispuso el traslado de la documentación a la planta baja del edificio de la Secretaría de Guerra y Marina, frente a la fortaleza Ozama.
En 1936, mediante Ley del 24 de marzo, se introdujeron modificaciones a la Ley del año anterior en lo referente al plazo de entrega de la documentación de las oficinas públicas al Archivo General de la Nación. Una comisión de notables en el campo de investigación y de la intelectualidad, nombrada al efecto, fue la encarada de determinar cuáles documentos debían ser conservados y cuáles destruidos.
En 1941 se buscó una mejor ubicación para el Archivo, en una casa de dos plantas situada en la calle Arzobispo Nouel, en la zona colonial, mientras era construido el edificio actual, en la zona sur de Santo Domingo, cerca del mar y en las proximidades de la universidad estatal.
El edificio del Archivo
En enero de 1935 se inició la construcción del actual edificio del Archivo General de la Nación, un verdadero palacio de grandes proporciones, sólido, bien equipado, con departamentos de recepción, fumigación, de inspección y clasificación de documentos, modernos laboratorios de conservación de encuadernación y de fotografía, para lo cual se adquirieron los aparatos necesarios para la reproducción micro filmográfica o microfilm. Eso no existe ahora.
El 28 de febrero de 1954 fue que se inauguró el Archivo, es decir, 19 años después de iniciada la construcción, que es de hormigón armado y se alza rodeado de donde antes hubo amplios terrenos, actualmente edificados.
El edificio cuenta con bocas de riego contra incendios. Los diversos servicios de Dirección, Secretaría, Administración., Biblioteca y Hemeroteca están en amplias salas. Consta, además, con catorce grandes depósitos con estanterías metálicas de fabricación nacional; y hay un patio interior al que se abre una amplia sala de recepción de documentos, cuya entrada está protegida por una marquesina para poder descargar cómodamente los legajos y paquetes aun en caso de lluvia.
La fachada principal es de columnas de granito, con amplios ventanales y un frontispicio en el que campea el título de la Institución. Dentro se abre un amplio vestíbulo con una gran escalinata de mármol que se abre en dos alas que conducen a la segunda planta y a una galería que domina la entrada. En ese vestíbulo hay una bella lámpara traída de Barcelona.
En una palabra, todavía hoy el edificio del Archivo General de la Nación es una estructura que luce imponente, aunque en su interior los documentos histórico estén “a la buena de Dios”, como quien dice a la espera de que el Gobierno se conduela de ese patrimonio nacional que corre el riesgo de borrarse para siembre.
