Desconfianza en torno a la JCE
Procesos electorales que dejaron huellas
Por Carlos O. Pérez
Los procesos electorales se han caracterizado por el interés y el entusiasmo de los electores que cada dos años van a las urnas a echar un voto de esperanza, obviando promesas incumplidas de los políticos, fraudes colosales y hechos sangrientos que han matizado casi la totalidad de los comicios en la historia reciente.
Los políticos, de su parte, se juegan el todo por el todo para lograr el favor de los electores. Sus marañas van desde comprar votos, duplicar cédulas de personas fallecidas y hasta colocar un pañuelo rojo en los fusiles de los militares como ocurrió en las contiendas de 1974 y 1978 en franca alusión al partido de turno, es decir al Reformista Social Cristiano. Sin embargo, la mayor garantía para que un partido se alce con el triunfo es contar con un buen “umpire” o árbitro a su favor, en el lugar adecuado: la Junta Central Electoral… donde se cuentan los votos.
Los jueces del tribunal electoral son designados por el Senado de la República, de acuerdo al artículo 23 de la Constitución, de tal modo que en la JCE queden representados todos los intereses populares. Sin embargo y lamentablemente el Senado -por años y años- no ha sido más que una garantía para salvaguardar intereses de la parcela política que tiene mayor representación legislativa, matizando, claro está, la escogencia de los jueces representantes del tribunal electoral.
Esta situación se ha traducido en que en ocasiones de tranque electoral, (cuando los resultados son reñidos) los magistrados se decidan a dar la mano en favor del partido al que pertenezcan, desestimando, a veces, todo alegato jurídico.
Durante los gobiernos de los 12 años de Joaquín Balaguer (1966-1978), los resultados de las elecciones eran manejados desde el Palacio Nacional y las persecuciones, crímenes, encarcelamiento y todo tipo de represión hecha por los militares, denominados “incontrolables”, garantizaban la permanencia del ya desaparecido líder reformista en el poder.
Un vistazo a los certámenes electorales nos muestra fraudes, conteos de votos a medias, resultados alterados, apagones durante los conteos, muertes por un granadazo en la sede de la Junta, designaciones por decretos y destituciones en pleno conteo de votos.
PERSECUCION A LA OPOSICIóN
Luego de la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo y el golpe de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch y el PRD en el 1963, las convulsiones y crisis políticas dieron paso a la guerra de abril de 1965 y a la instalación de gobiernos provisionales, tanto de militares como de civiles, que condujeron a la segunda intervención militar de los Estados Unidos.
Una salida a la crisis fue la instalación del Gobierno provisional de Héctor García Godoy, el 3 de septiembre del 1965, quien procedió a organizar los comicios para el primero de junio de 1966, designando a Angel María Liz como presidente de la JCE y con Darío Balcácer y Alvaro A. Arvelo, como miembros.
Balaguer fue postulado por el Partido Reformista y bajo la protección de las tropas norteamericanas recorrió el país con sus lemas de campaña, “Nuevo amanecer” y “Joaquín Balaguer es la paz”. Para la época fue desatada una ola de represión en contra de los constitucionalistas, impidiendo a Juan Bosch, candidato presidencial del PRD, salir de su residencia a realizar su campaña política y los resultados fueron un triunfo arrollador para Balaguer con 759 mil 887 sufragios contra 250 mil de los perredeístas.
Con los mismos jueces electorales Balaguer logró su primera reelección en 1970, gracias al retiro de Juan Bosch, quien se marchó a España y ordenó al secretario general del PRD, José Francisco Peña Gómez, abstenerse de participar en los comicios.
REGISTRO ELECTORAL
El 17 de noviembre de 1970 fue promulgada la ley 55 sobre el registro electoral y se ordenó un censo de votantes a los fines de hacer más confiable el proceso electoral. El presidente de la JCE, Angel María Liz, murió en 1973 y en su lugar fue designado Manuel Joaquín Castillo.
La campaña para la segunda reelección de Balaguer estuvo caracterizada por el terror, la corrupción, persecución, cárcel y hasta la muerte de dirigentes de izquierda como Amín Abel Hasbún, Orlando Mazara, Maximiliano Gómez. También el fusilamiento de Francisco Alberto Caamaño, quien desembarcó en Playa Caracoles con el propósito de tumbar el régimen balaguerista.
Bosch abandonó el PRD y para el 11 de abril del 1974 se conformó la coalición Acuerdo de Santiago, encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano e integrado, además, por el Revolucionario Social Cristiano, Quisqueyano Demócrata y los movimientos de Integración Demócrata y Popular Dominicano. Postularon las candidaturas de Silvestre Antonio Guzmán Fernández y Elías Wassin y Wessin.
Ante el inminente triunfo de la colación opositora, Balaguer ordenó la más agresiva persecución política contra los dirigentes y simpatizantes del Acuerdo de Santiago. Los militares, identificados con Balaguer, llevaron un pañuelo rojo en la punta del fusil, lo que provocó el retiro de la candidatura de Guzmán Fernández un día antes de las elecciones.
El vacío así creado provocó que a pocas horas de los comicios, Balaguer se acercara a Homero Lajara Burgos ante la necesidad de tener un “contrincante” para “legitimar” el proceso de elecciones. Es entonces cuando Lajara Burgos se presenta como candidato apoyado por el Partido Demócrata Popular y los movimientos Municipal del Pueblo, Voluntad Popular, Unión Santiaguera e Independiente Bonaense.
El registro popular tuvo trastornos y la JCE dispuso que los electores votaran en cualquier mesa, sin importar que tuvieran o no registro electoral. Los comicios eran dirigidos desde el poder. En este período Balaguer, obviamente, ganó con 942 mil votos contra 170 mil 33, supuestamente, de Lajara Burgos.
FALLO HISTóRICO
El Acuerdo de Santiago volvió otra vez al ruedo político con la firme disposición de participar en las elecciones de 1978. Al computarse el 25% de los votos Antonio Guzmán Fernández llevaba gran ventaja y era el virtual presidente electo, pero un grupo de militares dirigidos por el coronel Benoit y bajo instrucción del jefe de la Marina de Guerra, comodoro Francisco Javier Rivera Caminero, interrumpió el conteo de los votos en la JCE y desmanteló el equipo de transmisión del escrutinio.
Con la interrupción del conteo se daba por hecho un golpe de Estado, para lo cual se reunió la plana mayor de los organismos armados dirigidos por el jefe de la Policía, general Neit Rafael Nivar Seijas y el secretario de las Fuerzas Armadas, general Juan René Beauchamps Javier. Se dispuso el acuartelamiento de los militares.
Varios civiles son señalados de haber participado en la trama, entre ellos, Leonardo Matos Berrido, Guarionex Lluberes Montás, Héctor Pereyra Ariza, Adriano Uribe Silva, José Antonio de los Santos y el cubano Santiago Rey Perna, reconocido como experto en fraudes electorales.
Pero Balaguer tuvo que ceder ante las presiones de los presidentes Jimmy Carter, de los Estados Unidos; y Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, así como de la OEA y ordenó la reanudación del escrutinio, lo que desinfló la trama de golpe de Estado. El Partido Reformista recusó al presidente de la JCE, Manuel Joaquín Castillo, quien fue destituido el 5 de junio del 1978 y su lugar lo ocupó Hugo Vargas Suberví. La salida a la crisis se produjo con el llamado “Fallo Histórico” , mediante el cual la JCE despojó al PRD de las senadurías de Bahoruco, El Seybo, la Altagracia y María Trinidad Sánchez, alegando que la abstención en estos lugares fue de 27% y no debió pasar el 10%. La diferencia de los votos fueron adjudicados exclusivamente a los reformistas y con ello lograron la mayoría senatorial.
Los resultados de las elecciones fueron como sigue: Acuerdo de Santiago, y su candidato Antonio Guzmán ganaron con 866 mil 912 y el Partido Reformista obtuvo 711 mil 879. Guzmán Fernández gobernó desde el 1978 hasta su muerte, el 4 de julio de 1982. Jacobo Majluta, vicepresidente, asumió la Presidencia durante 43 días.
ELECCIONES DE 1982
El Senado controlado, gracias al Fallo Histórico, por el Partido Reformista eligió en 1979 una nueva JCE presidida por Manuel García Lizardo e integrada por Julio Genaro Campillo Pérez y Vinicio Cuello, para organizar las elecciones del 16 de mayo del 1982.
La participación de la población fue masiva y el candidato del PRD, Salvador Jorge Blanco, logró una convincente victoria de 854 mil 868 votos, contra 706 mil 951 sufragios que obtuvo Balaguer. Pero los resultados fueron impugnados por el dirigente reformista Mario Read Vitini produciendo un tranque electoral.
El 18 de junio se produjo el incidente denominado “El Granadazo”, que consistió en el estallido de una granada de tipo fragmentaria que, conforme a las conclusiones de la junta investigadora, integrada por agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas, se le cayó a uno de los miembros de la escolta del senador perredeísta Vicente Sánchez Baret.
El hecho ocurrió en la sede del tribunal electoral y murieron José Rafael Confesor González, Clodoaida Amarante de Tineo, Alejandro Santos, Virgilio Alvarez Fernández y una persona no identificada, mientras que otras 20 personas resultaron heridas.
1986: LO INSóLITO
El antagonismo entre el presidente Salvador Jorge Blanco y su compañero de partido y presidente del Senado Jacobo Majluta fue abismal. El mandatario mantuvo una pugna con Majluta precisamente por la designación de los jueces de la JCE y aprovechando un receso en el Senado en 1983, designó mediante decreto a los miembros del tribunal electoral, presidido por Caonabo Fernández Naranjo e integrado por Rubens Suro y Juan Ramos Pimentel. Tenían la responsabilidad de montar las elecciones del 16 de mayo de 1986.
Jorge Blanco se amparó en el inciso 9 del artículo 55 de la Constitución que confiere al Presidente llenar interinamente las vacantes que se produjeran en cualquier tribunal o en la Cámara de Cuentas, cuando el Congreso se encuentre en receso, para luego informar a los legisladores en la próxima legislatura.
El ambiente de desconfianza cubrió el panorama electoral y Balaguer sugirió la denominada Comisión de Asesores Electorales con el propósito de despejar dudas sobre las elecciones. La comisión la presidió el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y la integraron Rafael Herrera, director del Listín Diario; Alejandro Grullón, Rafael Calventi, José Miguel Bonetti y Luis Taveras, por ser considerados personas notables y de alta solvencia moral y confiablidad ante la sociedad dominicana. Majluta también acogió la propuesta.
Faltando sólo 484 de los seis mil 24 colegios electorales por computar, los boletines electorales daban una ligera ventaja a Balaguer, de 35 mil 459 votos por encima de Majluta, con el agravante de que el centro de cómputo del PLD daba como ganador al líder reformista.
El conteo de los votos se detuvo por alegados fraudes. Jacobo Majluta, además de ser el candidato del PRD también era presidente del Senado y ordenó a los delegados políticos recusar al presidente de la JCE, Fernández Naranjo y al juez Rubens Suro, mientras él procedió en el hemiciclo a destituir a éstos jueces y nombrar en su lugar a Ponciano Rondón Sánchez y a Generoso Fernández Molina. La decisión fue rechazada por Balaguer y Jorge Blanco echó hacia atrás la recusación de los jueces titulares.
El resultado final dado a conocer el 23 de junio del 1986 fue la victoria de Balaguer con 877, 380 votos a favor, superando con 49 mil 171 a Majluta. Se quedaron sin revisar 84 mil 210 votos nulos y 28 mil 545 votos observados. Balaguer gobernó nuevamente durante el cuatrienio 1986-1990.
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