7 de Octubre del 2002 • Edición número 1,275
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Max Puig

Un nuevo contrato social


A finales de los años sesenta leí un ensayo titulado: “Por qué Salvador Allende no puede ganar las elecciones”. Según su autor, la estructura de propiedad de los medios de comunicación determinaba un control tal de las conciencias en Chile que ello aseguraba la derrota del candidato socialista. A pesar de la coherencia del análisis, la historia se escribió de otra manera: Allende fue electo Presidente.

Treinta y tantos años después, en un contexto muy distinto, otro candidato de izquierda hace su cuarto intento de acceder a la presidencia por la vía electoral. Todo indica que Luiz Ignacio Lula da Silva está muy cerca de lograr su objetivo. Las últimas encuestas indican que podría inclusive ganar la elección en la primera vuelta.

Sus posibilidades se han visto acrecentadas por una serie de factores. La frustración del pueblo brasileño, la división de las fuerzas conservadoras, el arraigo del Partido de los Trabajadores, el buen desempeño de este partido en la administración local, un programa y una política de alianzas adecuados y una campaña electoral bien llevada acercan a Lula al palacio de Planalto.

Brasil es la novena economía del mundo, pero su sociedad se caracteriza por profundas desigualdades. Recientemente la liberalización económica ha conllevado la privatización de las empresas estatales de mejor desempeño. La apertura indiscriminada del mercado interno ha desplazado a millones de campesinos y socavado la industria. Las medidas de desregulación han propiciado la devastación de la selva amazónica. El endeudamiento externo ha crecido en proporciones inéditas. No obstante, la tasa de crecimiento en los años 90 fue la más baja del siglo XX y el ingreso per cápita ha disminuido en cinco de los últimos seis años. En 1995 Brasil gastaba el 20.3% de sus ingresos fiscales en educación, reduciéndose este porcentaje a un 8.9% en el 2000. En 1995 el país destinaba el 24.9% de sus recaudaciones al pago de la deuda pública; esta proporción aumentó a un 55.1% en el 2000. El 2002 ha sido el año del desplome financiero del modelo económico brasileño. Un préstamo del FMI de 30 mil millones de dólares ha contenido momentáneamente la crisis. El real se ha devaluado en más de un 40% desde enero. Se pronostica un crecimiento entre 0 y 1 por ciento para el 2002.

En medio de la frustración creciente de la población, los partidos que han gobernado Brasil la última década acusan profundas divisiones. A las diferencias en el campo conservador se opone la unidad del Partido de los Trabajadores, el cual debe su fortaleza, en gran medida, a su condición de partido democrático de izquierda. Lo que comenzó en 1981 como una conjugación de dirigentes sindicales, intelectuales progresistas, activistas sociales, líderes religiosos y de movimientos sociales y populares se ha convertido en el partido político más grande y mejor organizado del continente.

Este partido, que representa una nueva izquierda democrática y no dogmática, ha jugado un papel decisivo en la democratización del Brasil. A través del Foro de Sao Paulo y de su respaldo al Foro Social Mundial ha contribuido también a la articulación de los partidos y fuerzas sociales progresistas de América Latina y del mundo. Por otro lado, el PT ha ofrecido sobradas pruebas de eficiencia a nivel de los gobiernos locales. En la actualidad dirige alrededor de 50 millones de brasileños al administrar de manera dinámica cinco estados de la federación, siete capitales estaduales y gran parte de las ciudades de más de 200 mil habitantes, aplicando políticas de amplio contenido democrático como los presupuestos participativos.

El programa de Lula es ambicioso y realista. En su “Carta al Pueblo Brasileño” plantea la necesidad de “una transición lúcida”, argumentando que “lo que se hizo o se dejó de hacer en ocho años no se puede compensar en ocho días”. El nuevo modelo “será el fruto de una amplia negociación nacional, que debe conducir a una auténtica alianza por el país, a un nuevo contrato social, capaz de asegurar el crecimiento con estabilidad”.

En el centro de su programa de gobierno está lo social: enfrentar la miseria y el hambre que afectan a más de 50 millones de brasileños, a fin de convertirlos en verdaderos ciudadanos. Para ello es necesario impulsar el crecimiento de la economía y del empleo, asegurar la redistribución del ingreso, mantener la estabilidad macroeconómica y controlar la inflación.

Para Lula todo esto significa retomar un proyecto de nación: el Brasil necesita un presidente de la República con el suficiente liderazgo político y capacidad de negociación para lograr el nuevo contrato social propuesto. A su juicio, las alianzas políticas son fundamentales, invitando a todas las fuerzas opuestas a las políticas neoliberales a establecer un gran pacto. La campaña petista es moderna. Rechaza las denuncias sin fundamento, está basada en propuestas y tiene como propósito elevar la conciencia política del pueblo brasileño. El esperado triunfo de Lula significaría un cambio histórico, con hondas repercusiones en toda América Latina y en la geopolítica mundial.



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