Max Puig
Un vuelco político
A raíz de las elecciones de mayo pasado se quiso vender la idea de que éstas habían representado un plebiscito a favor del PRD. Una campaña propagandística sistemática abundó en esa dirección, insistiendo en la idea de triunfo apabullante. Para reforzar este punto de vista se dejaron de lado aspectos fundamentales. Se obvió que el PRD había perdido más de siete puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2000 y más de diez con relación a las de 1998. Más importante todavía, se pretendió negar el uso abusivo de los recursos del Estado durante la campaña, así como las irregularidades que empañaron las elecciones.
El gobierno salió envanecido del proceso electoral. Creyó tener en sus manos a la sociedad dominicana y pensó que podía disponer de ella a su antojo. Los más cercanos colaboradores del Presidente se lanzaron tras la convocatoria de una asamblea revisora de manera avasallante, afectando incluso al sector perredeista apegado a los principios antireeleccionistas que habían caracterizado su partido.
Las inicitivas de la facción reeleccionista del PRD fueron torpes y contraproducentes. Se insistió en realizar la Asamblea Revisora con los legisladores salientes por considerárseles más vulnerables a las tentaciones económicas. Presiones y negociaciones estuvieron a la orden del día. Un importante movimiento de opinión, liderado por las más importantes organizaciones sociales, se opuso al adefesio constitucional que se estaba montando. El resultado está a la vista. El presidente Mejía sufrió una derrota política con la Asamblea Revisora. Logró imponer la reelección a un costo muy alto, pero fracasó en su empeño de hacer reducir el porcentaje requerido para ser elegido presidente de la República en la primera vuelta.
Después de esto la política económica del Gobierno comenzó a hacer agua. Las cifras ofrecidas por el Banco Central sobre el comportamiento de la economía en el primer semestre del año fueron la voz de alarma: de seguir por el mismo camino el colapso era inevitable. La política clientelista de gasto público, que pone los recursos del Estado al servicio de los miembros de un partido en detrimento del resto de los ciudadanos, unida al endeudamiento externo oneroso y desbocado, estaba amenazando los equilibrios macroeconómicos. En su discurso del 15 de agosto el presidente reconoció, de manera parcial e indirecta, que la economía había venido siendo manejada con criterios equivocados. Aunque se anunciaron algunas medidas correctivas, en los sectores productivos y en la población en general persistieron las dudas sobre la voluntad y la capacidad de enmienda del Gobierno. El dispendio de los recursos públicos hace recelar de las medidas impositivas propuestas a cada paso. Impulsados por una corrupción gubernamental cada vez más evidente y por el fracaso de la política social oficial, los vientos de la decepción soplan con cada vez más fuerza en el seno de un pueblo exasperado por los cortes de la energía eléctrica, la inseguridad y el rosario de promesas incumplidas.
Las últimas entregas de las encuestas realizadas por Penn, Schoen & Berland, Hamilton & Beattie y Gallup, para El Caribe, Hoy y OmniMedia, respectivamente, dan cuenta del desencanto que se ha aposentado en la población con relación al Gobierno. Murió la ilusión. Ya no se tiene confianza en las reiteradas promesas gubernamentales. La Hamilton-Hoy revela que el porcentaje de los que consideran que la economía sufrirá un deterioro en los próximos dos años ha aumentado de un 39 a un 46%, de agosto de 2001 a agosto de 2002; mientras los que confían en su mejoría han disminuido de un 31 a un 24%. Según la misma encuesta, el 57% de los entrevistados entiende que el país va por un camino equivocado, el 54% valora negativamente la gestión del presidente Mejía, mientras un 83% piensa que hay corrupción en el Gobierno.
Por su parte Penn, Schoenn & Berland revela que la imagen del Presidente se ha deteriorado en los últimos seis meses, cayendo de un 51% de opiniones a su favor en febrero, a un 42% en agosto. El 53% de los entrevistados en este último mes considera que los comicios de mayo no fueron limpios y el 54% opina que los integrantes de la JCE deben ser sustituidos. El 52% no está de acuerdo con que se haya permitido la reelección presidencial, el 62 % sostiene que Hipólito Mejía no debe aceptar la postulación a la reelección y el 61% no cree en su sinceridad cuando dice que no se presentará como candidato. Según el estudio publicado por El Caribe, por primera vez desde 1990 el PLD aparece por encima del PRD en las preferencias electorales de los ciudadanos. No cabe ninguna duda, un vuelco político de consideración se ha producido de mayo hasta la fecha. Las últimas medidas anunciadas por el Presidente en su “discurso eléctrico”, lejos de frenarlo, tienden a reforzarlo. |
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