[El corrientazo de Hipólito]
La últimaoportunidad de la capitalización
El presidente Mejía trazó las pautas para garantizar un servicio eléctrico fluido, plan en el que puede estar en juego el futuro político suyo y del PRD
Por José P. Monegro
En 1995 la Corporación Dominicana de Electricidad, mediante una resolución de su Consejo de Administración, intentó arrendar a una empresa privada las plantas del parque energético de Haina. El entonces presidente Joaquín Balaguer reaccionó de inmediato al darse cuenta que podía estar poniendo en mano de particulares un servicio estratégico y ordenó echar para atrás esas gestiones.
Durante el último período de Balaguer tomó fuerza la idea de privatizar la Corporación Dominicana de Electricidad y se conformó un grupo multisectorial y tripartito para analizar fórmulas en ese sentido.
Los abanderados de la simple y pura privatización de la CDE estaban en el oficialismo de entonces. Los peledeístas se sintieron deslumbrados por lo que empezó a llamarse el “modelo bolivariano”, que consistía en que el Estado buscaba un socio estratégico el cual pasaría a ser propietario del 50 por ciento de las acciones de las empresas estatales a cambio de capital y de aportar su “capacidad gerencial”.
El Estado mantendría el control del otro 50 por ciento, pero el sector privado tendría a su cargo la administración.
No se venderían las empresas públicas y el Gobierno no tendría que invertir astronómicas sumas de dinero para capitalizarlas y ponerlas en condiciones de funcionar.
El plan incluía las denominadas “tres C” (Corde, CEA y CDE).
Leonel Fernández asciende al poder en 1996 en medio de una profunda crisis energética debido a los apagones “financieros” provocados por los llamados productores independientes de electricidad (IPP’s), situación que creó las condiciones para que el Congreso Nacional aprobara el proyecto de “Capitalización de las Empresas Públicas”, sometido por la administración peledeísta pero que ya había sido consensuada con el ahora fenecido líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Fue la primera oportunidad de capitalizar a la CDE. El proceso ha tenido muchas bajas, lo que ha hecho que sea mayor el coro que pide darle vuelta atrás.
APAGONES FINANCIEROS
La tanda de apagones financieros de las últimas semanas provocaron tantas protestas que el presidente Hipólito Mejía debió enfrentar fuertes presiones para que desconociera los contratos de la privatización, pero su decisión no fue esa, sino preparar y ejecutar un plan que pudiera salvar la capitalización que ejecutó su antecesor Fernández Reyna. Mejía inició su discurso del pasado martes enrostrándole a la administración peledeísta que en 18 ocasiones prometió resolver el problema de los apagones.
El mandatario hizo una descripción pormenorizada de los graves problemas del sector eléctrico y ofreció una salida financiera a un problema que es, evidentemente, financiero.
“Los problemas del sector energético siguen porque los problemas del sector eléctrico tienen su origen, no sólo en la oscura capitalización que llevó a cabo el pasado gobierno, sino también en la insostenibilidad financiera del sector que nos dejaron, en la fuerte penetración que tiene el fraude eléctrico en nuestra sociedad y en el rezago regulatorio que heredamos de la administración anterior”, dijo el gobernante.
Las propuestas de Mejía para resolver el problema eléctrico se sustentan en lo que él llamó cinco pilares. “Este nuevo compromiso se sustenta en cinco pilares: renegociación o término de contratos con los IPPs, pago del consumo de energía del Gobierno; fin a los subsidios generalizados, focalizándolos sólo en los más pobres; combate frontal al fraude eléctrico y enérgica defensa del consumidor”.
Pero previamente el gobernante había reiterado que esa sería la penúltima vez que hablaría sobre el problema eléctrico, con lo que debaja bien claro que creaba las condiciones para que las propias empresas eléctricas fueran responsables de su destino, que para ello contarían con el respaldo del Gobierno, pero que no permitiría en lo adelante los famosos apagones financieros, que tantos problemas sociales han creado.
EL SUBSIDIO
Partiendo de las palabras del jefe de Estado se puede concluir que, por lo menos en la actual gestión, la capitalización podría estar enfrentando su última oportunidad de mantenerse y evitar una contrarreforma que lleve al Estado a volver a tener control del servicio eléctrico.
El primer pilar planteado por Mejía en su discurso busca sanear financieramente a la Corporación Dominicana de Electricidad, que acumulaba un déficit mensual de unos cien millones de pesos porque compraba la electricidad a los IPP’s a nueve centavos de dólar en promedio y lo vendía a siete. Esto así porque durante la capitalización el Estado se quedó con la responsabilidad de los contratos que había firmado la CDE para paliar los momentos de crisis anteriores, siendo el caso más publicitado el de la Smith-Enron que fue negociado durante el gobierno de Joaquín Balaguer y cuyas leoninas cláusulas tuvieron sus padrinos en la Máximo Gómez 25.
Los apagones actuales tienen una razón de ser: el Gobierno no está en capacidad financiera de sostener el subsidio asumido el año pasado para que la tarifa no aumentara con el incremento del precio de los combustibles.
La deuda del Gobierno con las empresas distribuidoras era de 170 millones de dólares por lo que estas entidades provocaban apagones para presionar los pagos. La falta de luz encendía los barrios y las poblaciones del interior. Las empresas distribuidoras preferían el subsidio porque es dinero que se cobra sin tener que instalar estructuras comerciales, pero tiene el inconveniente de que el Estado tradicionalmente es moroso.
Mejía puso la bola en la cancha de las empresas privadas. Tienen que cobrar y si no lo hacen es su exclusiva responsabilidad, por lo que no pueden penalizar con apagones a los clientes que cumplen con sus compromisos.
Ahora tienen que demostrar eficiencia en su gestión de cobro o de lo contrario podrían tener que escuchar el último discurso que sobre el tema pronuncie el mandatario.
Para librarse el Gobierno de estar en el medio de esa transacción comercial traspasó el subsidio al consumidor final. Los sectores residenciales recibieron un aumento en la tarifa que va desde 24 hasta 128 por ciento. Los denominados “barrios carenciados” no correrán la misma suerte. El Gobierno decidió mantener un subsidio focalizado para lo que, a través del presupuesto de la nación, dedicará cien millones de pesos mensuales. Las empresas tendrán el compromiso de registrar como clientes la mayor parte de las viviendas de esos sectores y fijarles tarifas que oscilarán entre los cien y los 300 pesos.
El subsidio del Gobierno es a cambio de que cada día estos sectores reciban al menos 18 horas de servicio energético.
Sin que el mandatario lo haya dicho en su discurso, la aplicación de las medidas conlleva un subsidio cruzado de parte de los sectores residenciales a favor del sector industrial. Así lo explicó el economista Andy Dauhajre al participar en un programa de televisión el pasado viernes.
En el almuerzo del Grupo Corripio el secretario de Finanzas, Lois Markum, lo dijo también, pero al darse cuenta que ese elemento podía traerle una corriente de opinión pública defavorable intentó disfrazar sus declaraciones.
Con ese subsidio cruzado se permitirá que el aumento de la tarifa al sector industrial sea apenas un 40 por ciento del incremento al sector residencial.
Otro de los pilares anunciados por el jefe de Estado en su plan para eliminar los apagones es poner organismos estatales al servicio de las empresas eléctricas para combatir el fraude eléctrico, lo mismo que se hacía cuando la Corporación Dominicana de Electricidad tenía un monopolio del servicio.
El presidente Mejía terminó su discurso advirtiendo que tomaba esas medidas con un alto costo político para él y su partido a dos años de las elecciones, pero que a cambio no aceptará los denominados apagones financieros.
“Lo vamos a resolver”, dijo el mandatario, enfatizando previamente que es un hombre de palabra. Sin dudas que ahora el proceso de capitalización podría no resistir un último discurso del Presidente de la República.
