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Luis Molina
Santa Asamblea Constituyente
Una de las grandes falacias que son vendidas por aquellos que quieren santificar la reforma constitucional por medio de una Constituyente es que ésta es una forma democrática de alta participación donde de alguna manera mágica surgirá una Constitución sin la gran politización que caracteriza a la Asamblea Revisora.
Haciéndolo por partes, como “Jack El Destripador”, les explicaré que la Asamblea Revisora no es más que la reunión de ambas cámaras legislativas (senadores y diputados) para la reforma de la Constitución. Por su parte, la cacareada Constituyente o Asamblea Constituyente no es más que la elección de un grupo de asambleístas (diferentes a los senadores y diputados) que se reunirán exclusivamente para la reforma de la Carta Magna.
La verdad es que tras esta exigencia de que se instaure una Constituyente no hay más que una lucha de poder entre la mal llamada sociedad civil y nuestros sacrosantos partidos políticos. Los primeros quieren alzarse con parte del poder sin ensuciarse las manos, es decir, por medio de una cuota preestablecida de miembros de este supuesto segmento de la sociedad que tendrán que ser parte de la Constituyente, mientras que los segundos buscarían mantener su status quo.
Mientras tanto, estas organizaciones civiles afirman una representación que a la hora de cualquier prueba demuestran la verdadera naturaleza de este conjunto de intereses inconfesables, que se aprovechan de los fracasos de los partidos políticos que en meter la pata tienen un doctorado.
Pero la verdad es que la Constituyente es un método costoso, conflictivo y de difícil funcionamiento que en materia de resultados es poco alentadora. Los ejemplos se encuentran a simple vista, como el caso de Venezuela, que produjo una de las peores constituciones del mundo solamente superada por el conjunto de intereses que crearon la Constitución de la República de Chile, que entre otras joyas contiene los senadores vitalicios y designados, mezclados con un Consejo Nacional inoperante.
Para los que no lo saben, para elegir a los constituyentes tendrá que hacerse una elección donde participarán los políticos dominicanos a los que habrá que pagarles dietas, sin contar los recursos extraordinarios que la Junta Central Electoral exigirá para el pozo sin fondo que es su ejecución presupuestaria.
Una vez electos las cosas serán peores, pues veremos cómo entre iletrados y desconocedores empezarán las grandes incoherencias y la lucha de intereses que combinadas con las “generalidades” de algunos crearán una Constitución posiblemente peor que la original.
Pero donde la cosa se pone grave es en el objeto de la reforma, que siempre gira en torno a aspectos relacionados con figuras costosas e innecesarias como el Tribunal de Garantías Constitucionales, que busca despojar de esa responsabilidad a la Suprema Corte de Justicia; o figuras tan importantes pero de poco uso como el plebiscito, que siempre es costoso y poco usado.
No es que esté mal que exista un Tribunal de Garantías Constitucionales o el plebiscito, lo que pasa es que todo lo que aquí se sugiere es costoso e inoperante, sobre todo si consideramos que la Suprema Corte de Justicia ha asumido ese papel con responsabilidad y que en el caso del plebiscito en los países donde existe es poco usado.
Claro que lo que realmente se busca es el control al estilo Balaguer, donde se procura colocar en las posiciones a sus seguidores sin importar su capacidad para manipularlos como marionetas.
La Constitución dominicana no es la mejor del mundo, pero tampoco la peor, por lo cual podemos afirmar que la enfermedad que mantiene en la pobreza a la mayoría de los dominicanos no se curará con un concierto de reformas constitucionales que a lo único que contribuyen es al resquebrajamiento de la institucionalidad.
El resultado es una reforma mediocre que, pese a ser aparentemente ventajosa para sus promotores, se convierte en una especie de bumerang que sin lugar a dudas demuestra que éstos no han aprendido. |
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