Max Puig
A cualquier precio
En las democracias parlamentarias europeas cuando se elige un nuevo cuerpo legislativo y con él, un nuevo gobierno, el equipo gubernamental saliente se limita a despachar los asuntos corrientes. No toma medidas de trascendencia, para dar oportunidad a los nuevos legisladores y ministros de ejercer sus funciones a plenitud.
En ese caso estamos en presencia de sociedades organizadas sobre la base de un Estado de Derecho, donde la división de roles y las atribuciones están definidas con claridad. Se sabe lo que corresponde a cada cual y cada cual da cumplimiento a lo establecido.
Las cosas suceden de manera distinta en los países de escaso desarrollo institucional, en los que predomina una visión patrimonialista del Estado y reina, por consiguiente, una confusión entre lo público y lo privado. En éstos, los recursos públicos son utilizados por los funcionarios para fines personales, o político-personales, que es la misma cosa.
No hay que precisar lo evidente: entre los países deficitarios en materia de institucionalidad democrática se cuenta el nuestro. El uso del poder para fines particulares es, en la República Dominicana, un mal endémico.
Una manifestación señera de esta situación es la que se produce durante los tres meses que median entre las elecciones y la asunción de los funcionarios elegidos. En los años electorales dominicanos es un verdadero festival de prebendas lo que se produce a partir del 16 de mayo, efemérides trujillista consagrada constitucionalmente como día de votaciones, hasta el 16 de agosto.
Aquí, un gobierno que llega a su término se siente tentado a aplicar aquello de que “lo que poco cuesta, hagámoslo fiesta”. Así pasó a finales de 1961 cuando el doctor Joaquín Balaguer, sabedor de que debía abandonar la presidencia de la República, disolvió el Partido Dominicano y dispuso de su patrimonio para favorecer sectores que le brindarían apoyo en los años subsiguientes. Inició la práctica, que pervive hasta nuestros días, de distribuir automóviles para el servicio público; además de rebajar los precios de venta del arroz y el aceite.
En 1978 el país ya no era el mismo. Los favores dispensados cambiaron en consecuencia. Durante la transición de ese año se autorizó el funcionamiento de nuevas universidades, plantas televisoras y estaciones de radiodifusión.
En la presente transición es el propio presidente el que quiere regalarse algo: la posibilidad de hacerse reelegir al término del mandato que está cumpliendo. A pesar de sus reiteradas negativas, la generalidad de los dominicanos duda profundamente de su palabra al respecto. Por más que insista, son pocos los que dan crédito a su profesión de fe antireeleccionista.
La mayoría piensa que el presidente Mejía está actuando como lo hacía el presidente Balaguer, que negaba su interés por reelegirse para terminar inclinándose ante “el llamado de toda la nación”. A pesar de lo que él decía, con el doctor Balaguer se sabía siempre cual sería el desenlace. Ahora, cuesta creerlo, tanto ha dicho el actual gobernante que es un hombre de palabra. Sin embargo, los hechos son incontrovertibles. Es gente de su más estrecha confianza la que dirige la orquesta reeleccionista.
La Constitución dominicana requiere de modificaciones. Su reforma debe ser el resultado de una Asamblea Constituyente, elegida por el voto popular. Ese fue el consenso al que arribó la amplia comisión público-privada que el presidente de la República creó el año pasado para estudiar la cuestión.
Al término de los trabajos de esa comisión los tres partidos más influyentes llegaron a un acuerdo para crear la figura jurídica de la Asamblea Constituyente dentro del marco de una reforma constitucional limitada de la que se excluyó expresamente el reestablecimiento de la reelección presidencial.
A pesar de lo anterior, los hombres del presidente no han cejado en su antidemocrático propósito de imponer la reelección presidencial por encima de todo y de todos.
Sin embargo, en ninguna democracia que se precie realmente de serlo se plantea una reforma constitucional en los términos en que la misma está siendo promovida hoy día en la República Dominicana.
Se quiere la reforma constitucional a cualquier precio. Aunque fuere comprando el favor de los legisladores salientes, para deshonra de quienes se presten a participar en la operación, descrédito del sistema político y peligro para la nación. |
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