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La represa de Guaigüí en medio de aguas turbulentas
Por Javier Noruega
Una obra en la cual no está claro el porqué de su construcción y con la que se ha violado la Ley 64-00, al no realizarse, previa ejecución, los estudios de impacto ambiental y social
Las familias que viven en Guaigüí y sus alrededores serán afectadas por la construcción de una presa en esta comunidad. Así lo advirtieron integrantes del Comité de Defensa de Guaigüí, quienes dijeron que no aceptarán ser reubicados en proyectos habitacionales, como el de las confortables villas ‘‘Ercilia Pepín’’, en Jarabacoa, tal como lo anunció el presidente Hipólito Mejía.
Los trabajos de construcción de la presa de Guaigüí iniciaron en diciembre del 2001 y el INDRHI tiene previsto que concluya el 15 de diciembre del 2003. Este proyecto multipropósito cuenta con el financiamiento directo del banco ABN Amro de Dinamarca, por un monto de 42.5 millones de dólares, con el respaldo de una garantía otorgada por el gobierno de Noruega a través del Instituto Noruego de Garantías de Créditos de Exportación. La obra está siendo construida por la compañía noruega NCC.
El presidente Hipólito Mejía ya ha garantizado que todas las familias que serán afectadas por la construcción de la presa de Guaigüí serán asentadas en proyectos habitacionales, entre ellos se han nombrado las confortables villas del complejo habitacional ‘‘Ercilia Pepín’’, en Jarabacoa, y que el gobierno resarcirá las propiedades y otros bienes de particulares que resulten afectados con la construcción de la obra.
Sin embargo, todo esto no es suficiente para los habitantes de Guaigüí, quienes se sienten traicionados por el hecho mismo de que no se les ha comunicado todo lo que conlleva el proyecto en sí, al mismo tiempo que éste presenta ciertas dudas en su ejecución, entre ellas el origen y manejo del financiamiento de la obra, ya que existe una valla en la cual reza que dicha obra es financiada con los bonos soberanos.
Lo que realmente quiere la comunidad de Guaigüí no es su reubicación, lo que desea es la creación de una comisión que esté integrada por diferentes grupos sociales con el fin de hacer un estudio de factibilidad de la construcción de la presa y la posibilidad de que ésta no altere o amenace la vida y el hábitat de la zona, así como que el costo sea menor al que está reflejado en el presupuesto ya aprobado, así como la posible reubicación de la misma, ya que ellos no se oponen a la construcción de la obra, pero estiman que la misma puede ubicarse dos kilómetros y medio más abajo de donde se ha planteado realizarla.
EL ESTUDIO DE LA FIVAS
El Comité de Defensa de Guaigüí presentó a la revista [A]HORA un estudio realizado por la FIVAS (Asociación para Estudios Internacionales de Aguas y Bosques), una Ong noruega, el cual se titula: Afectaciones adversas en el interés de la población en cuanto a participación, reubicación, reparaciones y producción esperada de la presa.
En el mismo se informa, en la página 7, que la mayor preocupación de las personas entrevistadas es su futuro y el de sus familias, teniendo en cuenta ¿En dónde serán reubicadas si se construye la presa? ¿La comunidad será reubicada como una unidad, manteniendo su estructura? ¿De qué se mantendrán? ¿Se recuperará el valor de sus propiedades? Sumado a estas interrogantes es difícil pensar cómo va a ser el proceso de adaptación de estas personas, que en su mayoría se han desarrollado en el área agropecuaria y la cría de animales de corral.
Además, el estudio realizado por la FIVAS refleja que la construcción de esta presa en el lugar en el cual ya iniciaron los trabajos perjudica al país por su oneroso costo y para el cual existen alternativas más económicas.
La amenaza de vivir en la pobreza y en el olvido, como se ha hecho con otras comunidades, está sobre esta gente, con el potencial de incrementar las estadísticas crecientes de un gobierno que “lucha contra la pobreza”.
El embajador de Noruega en Caracas, con representación en las islas caribeñas, ya se reunió con el comité y les informó que su gobierno no respaldaría la obra si la misma presenta indicios de irregularidad en el estudio, desarrollo y ejecución de la construcción.
El último fin de semana de mayo el gobierno se reunió con algunas personas de la comunidad de Guaigüí para iniciar un ciclo de diálogos, en el cual según los presentes no se llegó a nada y el problema persiste, la comunidad en general se siente intimidada y desprotegida por la forma en que se les ha tratado, además la FIVAS, que es la única organización internacional que les ha prestado ayuda, es ahora desprestigiada por el gobierno nacional al no concederle validez al estudio del proyecto de la represa que elaboró esta Ong noruega.
ACCIONES DEL COMITE
CORRESPONDENCIAS
El comité ha enviado correspondencias al presidente Hipólito Mejía, a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, al INDRHI, al embajador de Noruega, a la empresa encargada de la construcción de la presa, entre otros. Así mismo se han dirigido a diferentes medios de comunicación para advertir a la comunidad sobre el atropello al que están siendo sometidos.
MONITOREO
Pro-ambiente: contratado para desarrollar el plan de monitoreamiento ambiental y el plan de desalojo.
Fundeser: contratado para asistir al INDRHI en el desalojo de la comunidad de Guaigüí.
Statkraft Groner: contratado (por NCC) para monitorear estos procesos.
BENEFICIARIOS
Según declaraciones de las personas que representan el comité, sólo un pequeño grupo de La Vega es el beneficiario de la obra por la dimensión turística que va a adoptar luego de construida la presa, ya que se piensa desarrollar un lago con fines de recreación deportiva y ecoturística.
“Las obras del gobierno no se cuestionan”, fueron las palabras del director del INDRHI al Comité de Defensa de Guaigüí.
VIOLACIONES
Aparte de la violación de la Ley 64-00, sobre medio ambiente, también se están violando las normas del Banco Mundial para la construcción de presas y de la comisión mundial de represas (CMR). |
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