El dilema de los agrotóxicos




La reciente muerte del diputado Emilio Crespo Bernard a causa de una intoxicación con agrotóxicos replantea de nuevo el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas en las plantaciones agrícolas dominicanas, incluso muchos de ellos prohibidos por un decreto del 1991 que nunca se ha cumplido. Los veinte productos prohibidos, de extraordinaria demanda en la agricultura, vienen con nombres comerciales diferentes con el propósito de burlar la disposición gubernamental.

La muerte de Crespo Bernard, el pasado día 21, se produjo días después que el legislador recibiera, en una finca de su propiedad, prácticamente un baño de un producto químico que lanzaba una avioneta de fumigación en una plantación arrocera.

Este no es el primer caso de intoxicación fatal con agrotóxicos. El año pasado una persona murió y otras 16 se intoxicaron en una finca en San Cristóbal, aparte de que sucesos similares han ocurrido en años anteriores. El uso indiscriminado de agrotóxicos ha producido aumentos en los casos de cáncer, malformaciones congéticas en niños campesinos expuestos a los plaguicidas, abortos, enfermedades neurológicas y hepáticas, de los ojos y de la piel, aparte de que sus residuos contaminan las aguas dulces y ocasionan daños serios a la fauna y la flora.

Pero los productos altamente venenosos se siguen vendiendo, en medio del tradicional debate de quienes defienden su uso bajo el argumento de controlar plagas o eliminar hierbas dañinas, pues las plagas se han multiplicado porque se han vuelto resistentes a esos productos.

La muerte de Papotico Crespo, como era conocido el diputado representante de la provincia de Valverde (Mao), llevó a sus colegas a reactivar un proyecto de ley pendiente en el Congreso que obligaría a las firmas importadoras de agroquímicos a traer también sus antídotos, aunque algunos de ellos, como por ejemplo el Paraquat o sus similares, son tan tóxicos que no tienen antídoto alguno. También el llamado “Tres pasitos” para eliminar ratones, que mata inmediatamente. Ni siquiera la atropina, que es el antídoto usado para contrarrestar las intoxicaciones, hace efecto.

El presidente del Instituto de Bio-Conservación, doctor Antonio Thomén, duda mucho que la Ley sea cumplida, pues el Decreto 217-91, “que no ha sido derogado”, tampoco se cumple.

Expuso que todo se debe a que “poderosos sectores políticos y económicos” se oponen a que esos venenos sean controlados, pues se trata “de un negocio que reporta millones de pesos en beneficios anuales”.

Thomen dijo que a partir del decreto de 1991 “se formó una propaganda tan grande de defensa que ahora los productos prohibidos se venden más que lo que antes se vendían”. El Decreto 217-91, firmado por el entonces presidente Joaquín Balaguer, prohibió una veintena de productos al considerar “que el uso, mal uso y abuso en el país de plaguicidas altamente tóxicos, cancerígenos, mutagénicos y/o teratogénicos incrementa la incidencia de enfermedades y muerte de agricultores que los aplican y de quienes ingieren alimentos contaminados por estos productos, así como de malformaciones genéticas en recién nacidos”.

Hasta ahí todo estaba bien, pero sucedió que hubo importadores que alegaron “las bondades” de los productos químicos en la agricultura, sin decir siquiera que existen otros, llamados orgánicos, que no hacen daño alguno y que hoy día son utilizados en muchas fincas, especialmente en Constanza.

Cuando en 1991 la entonces Comisión Ambiental llevaba la voz cantante contra los agrotóxicos, “coincidencialmente” Bienes Nacionales emitió una orden para que desalojara el local donde funcionaba la comisión desde que fue fundada, en una vieja casona de la zona colonial de Santo Domingo. El desalojo se llevó a cabo el 2 de septiembre de 1991. Jamás se le asignó un nuevo local, a pesar de que sus consejeros científicos y el director ejecutivo laboraban a título honorífico, sin presupuesto oficial ni reposición de gastos ni emolumentos de ningún tipo.

EL DECRETO 217-91
Balaguer, a pesar de las presiones, se negó a derogar el Decreto 217-91, aunque en una rueda de prensa había expresado que se contemplaba la posibilidad de autorizar el uso del Paracuat “haciendo las advertencias de lugar y recomendando a la Secretaría de Agricultura que vigile, que controle la forma en que se aplican esos productos en el campo dominicano en general”.

En aquella época, como podría afirmarse ahora, se decía que el Decreto 217-91 había sido francamente burlado, produciéndose “una situación de ilegalidad tolerada”.

Gran parte de productos químicos utilizados en la agricultura han sido prohibidos en los Estados Unidos debido a su peligrosidad, sin embargo son exportados a países pobres y subdesarrollados, donde generalmente los campesinos carecen de ropas y equipos apropiados para evitar intoxicarse durante su manejo.

Hay agricultores que ignoran que la aplicación continua y prolongada de plaguicidas, aparte del daño que ocasionan a la salud, esteriliza los suelos, lo que finalmente merma las cosechas.

Las intoxicaciones de campesinos y propietarios de fincas, como ahora el caso del diputado Papotico Crespo, de nada han valido para que definitivamente los productos tóxicos sean sustituidos por productos orgánicos.