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Guillermo Moreno
La apropiación de las instituciones
Poco importaría que los partidos tengan el monopolio de la representación popular si el sistema político sometiera a los elegidos a efectivos controles que les obligaran a actuar con transparencia y a rendir cuentas de su gestión.
Pero no. Se trata de eslabones de una misma cadena. El monopolio de los partidos políticos sobre la elección se convierte, ya electos los representantes, en apropiación de las funciones públicas y de las instituciones del Estado.
Esta apropiación significa que los llamados representantes, luego de electos, asumen la función pública y se comportan en ella como si la misma fuera parte de su patrimonio personal y del de su partido.
Los partidos, o más bien sus cúpulas dirigenciales, por lo menos en la forma como funciona la democracia representativa en nuestro país, controlan y tienen un peso determinante en el desempeño de la representación que desarrolla el elegido.
Son múltiples las manifestaciones de esta apropiación por los partidos de las funciones e instituciones públicas. Es frecuente escuchar decir a legisladores que “les bajaron líneas del partido para que voten en tal o cual sentido” o decir “yo voto en la Cámara de Diputados como me lo ordene mi líder”. Lo que nunca se escucha decir a estos representantes es que van a organizar consultas con sus representados para tomarlos en cuenta al momento de tomar decisiones, sobre todo en asuntos cruciales.
No se trata sólo de manifestaciones personales de los representantes. El propio diseño del sistema político contribuye con esta visión patrimonial de las instituciones públicas. Cuando por alguna razón un senador, un diputado o un regidor se incapacita, fallece o renuncia no se convocan elecciones locales para que sea la comunidad la que elija el nuevo representante, sino que corresponde al partido presentar terna para su sustitución. Esto ha dado lugar a la práctica interpartidaria del pacto del dos por dos para la repartición del período legislativo entre dos miembros del partido, a razón de dos años para cada uno.
Dos causas contribuyen a que se produzca la apropiación de las funciones públicas por los representantes y por los partidos. Una primera se refiere a que en la democracia representativa, por lo menos en la forma como funciona en el país, se produce un desdoblamiento de la soberanía popular. Por su condición de depositario de la soberanía el pueblo elige directamente a sus gobernantes y representantes. Pero una vez elegidos, el pueblo carece de medios de control directo sobre ellos durante el desarrollo de la representación. Es como si, luego de la elección de los representantes, se produjera el desplazamiento de la soberanía desde el ciudadano al candidato electo y a su partido. Esto da lugar a que los elegidos puedan actuar con una casi absoluta autonomía en el desempeño de la función pública, y en todo caso su lealtad es hacia el partido.
Debe decirse que en la actuación de los representantes no sólo influye la cúpula dirigencial de su partido o el caudillo o jefe de tendencia, trazándoles líneas, sino que sobre ellos también actúan los grupos de poder que financian las campañas electorales e invierten en los candidatos para gobernar desde la sombra y proteger sus intereses.
La otra causa que posibilita la apropiación de las funciones públicas por los representantes es que se ha privilegiado un sistema de control inter-poderes, sin dar paso al control social sobre los representantes y el desempeño de sus funciones.
En la visión clásica de la democracia representativa el sistema de controles se reduce, en lo fundamental, al que se ejercen entre sí los propios poderes públicos. Cada poder del Estado sirve de contrapeso a los demás. Pero resulta que este sistema de control es altamente ineficaz cuando se superpone a un sistema de partidos que tiene el monopolio del sistema político. En especial en los casos en que un partido controla una mayoría absoluta de los representantes electos en los poderes del Estado. Pero también cuando el sistema se reduce al bipartidismo o tripartidismo, siendo muy frecuente que las cúpulas de estos partidos instrumentalicen los graves problemas de la sociedad, en un juego de gobierno-oposición, para luego pactar entre sí al margen de los ciudadanos. Además es muy vulnerable al control de los grupos de poder, sea por presión o por corrupción.
Es decir, en el sistema de control inter-poderes son las conveniencias políticas de las cúpulas dirigenciales de los partidos, y de los grupos de poder dentro de la sociedad, las que terminan condicionando el alcance del control que ejerce un poder sobre los demás. Algo muy distinto resultaría si el control de los poderes públicos, incluyendo la capacidad de revocación, estuviera además en manos de los ciudadanos. |
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