Guillermo Moreno
Renuncia e inamovilidad
En las últimas semanas ha vuelto a las primeras páginas de los diarios el tema de la inamovilidad de los jueces, vinculándose al pedimento de renuncia de varios jueces de la Suprema Corte que exceden los setenta y cinco años de edad.
El punto de partida, esta vez, fue la amenaza de eliminar la inamovilidad hecha por un grupo de senadores en evidente retaliación por la decisión de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la Ley de Convocatoria a la Asamblea Nacional para la modificación de nuestra Carta Magna.
Desde la modificación constitucional de 1994 se viene arrastrando este conflicto. Los sectores que se oponían y que se siguen oponiendo a la reforma judicial han buscado por todos los medios acabar con la inamovilidad de los jueces. Ellos saben que la garantía de la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos de coyuntura depende esencialmente de la inamovilidad de los jueces y de la carrera judicial. Su argumentación ha sido presentar la inamovilidad como sinónimo de “jueces vitalicios”, cuando ellos mismos saben que no es así. No ignoran que la Ley de Carrera Judicial establece un tope de 75 años de edad para la permanencia de los jueces en la función. El argumento manoseado ha sido la decisión de la Suprema, que declaró que este límite no se les aplicaba a los jueces electos originariamente por el Consejo de la Magistratura, en virtud de que ellos habían sido designados con anterioridad a la Ley de Carrera Judicial, y dado que las leyes no tienen efecto retroactivo la nueva ley no podía modificar una situación creada con anterioridad a ella.
Algunas instituciones civiles como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han puesto en marcha una campaña buscando la preservación de la inamovilidad de los jueces, al tiempo que piden la renuncia de los jueces que exceden los setenta y cinco años. Con esto último buscan quitarles el argumento de la vitalicidad que esgrimen los enemigos de la reforma judicial.
Al margen de la validez o no de estos argumentos, el momento no puede ser más inoportuno. Forzar con una presión pública a que los jueces mayores de setenta y cinco años renuncien ahora equivale a reunir de nuevo el Consejo Nacional de la Magistratura. Todos tenemos muy presente los resultados de su última reunión en la que los intereses político-partidarios desconocieron la carrera judicial y pisotearon la independencia judicial.
Una nueva reunión del Consejo de la Magistratura reproduciría los mismos sectores integrantes y posiblemente con peores resultados. No se olvide que son cuatro los legisladores miembros del Consejo de la Magistratura. Y la característica de un grueso importante de los actuales legisladores es su capacidad para anteponer sus intereses de grupo y personales por encima del interés de la nación. Sectores determinantes de este Congreso han sido los propiciadores de la reelección y de la extensión del período de los actuales legisladores. Una mayoría de este Congreso se opone a la Asamblea Constituyente electa por voto popular y no han tenido reparo en expresar que quieren eliminar la inamovilidad de los jueces, propiciando así que se vuelva a la corruptela anterior.
De una reunión del Consejo de la Magistratura, mientras se mantenga la actual composición del Congreso, no puede salir nada positivo para el Poder Judicial.
Dado que la renuncia de los jueces es voluntaria, ésta sólo debe producirse luego de electos los nuevos legisladores y siempre que esté asegurado que los nuevos jueces serán escogidos respetando la Ley de Carrera Judicial.
Mientras tanto es necesario organizar un gran movimiento ciudadano, amplio, consciente, de base; movilizar los distintos sectores contra los intentos de retroceso en la reforma judicial. Sólo un movimiento así, que además sea capaz de hacer presente este tema en la campaña electoral, que obligue a definiciones y que haga pagar el costo político, podría detener los despropósitos que hoy se ciernen sobre el proceso de reforma judicial
El error que no puede cometerse es crear la cobertura que permita negociar o pactar por debajo de la mesa a nombre de un supuesto consenso con sectores políticos y legisladores sin moral e ilegitimados por su conducta y actuaciones. En medio de esta situación lo que no puede perderse es la autoridad moral, que es lo que en su momento permitirá enrostrar las inconductas y hacer los cambios necesarios. |
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