Max Puig
La zozobra institucional
Cuando se habla de las concepciones políticas de Émile Durkheim se cita a menudo una de sus expresiones más conocidas, aquella donde expresa que el objetivo básico de la sociología es “la conservación de las sociedades”.
Para entender el verdadero sentido de la afirmación del eminente sociólogo francés es necesario situarla dentro del conjunto de su pensamiento. A diferencia de muchos otros científicos sociales, que pusieron la mayor parte de su empeño en entender y explicar los procesos de cambio social, Durkheim concentró su atención en determinar las bases de la cohesión social. A partir de allí estudió los factores que, a su juicio, conducían a la desintegración social o anomia.
Para el autor de “Las reglas del método sociológico” la noción de anomia “aguda o total” se refiere a la incapacidad de la sociedad de darse normas que regulen eficazmente las actitudes y comportamientos de los individuos. Fuera de los momentos históricos revolucionarios, que Durkheim llamaba los períodos “de efervescencia creadora”, en los que las relaciones sociales se intensifican al máximo y las transformaciones se suceden sin descanso, lo propio es que las sociedades procuren su equilibrio y estabilidad.
Siempre según Durkheim, la tendencia natural de los seres humanos se orientaría hacia la anomia y la autodestrucción. No obstante, la sociedad buscaría ponerle límites a esta tendencia. De este modo, la cohesión social obedecería a la necesidad colectiva de unidad y cohesión, de armonía y pertenencia. Jugarían un papel importante en este proceso las representaciones colectivas integradoras, los ritos y ceremonias. En las sociedades modernas la institución política llamada a representar y garantizar la cohesión de la sociedad sería el Estado.
Siguiendo otra vía de análisis, el ilustre sociólogo alemán Max Weber llega a conclusiones que, de una forma u otra, convergen con las del pensador francés. Al estudiar el fenómeno de la dominación política Weber expresa que ésta se asienta sobre dos elementos fundamentales: la obediencia y la fe en la legitimidad del poder. Establece entonces tres tipos de dominación legítima: la tradicional, la carismática y la legal.
Los cimientos de la dominación tradicional se hallarían en el origen religioso del poder y en la costumbre, mientras los de la carismática reposarían en el valor personal de un hombre, en su santidad, heroísmo o ejemplaridad. La dominación legal sería la característica de las sociedades modernas y su soporte sería racional. Sustentada en la ley, esta forma de dominación política sería la más impersonal de todas. El Estado de Derecho la sintetizaría.
Autores más recientes, que han procurado explicar los procesos de modernización y secularización de las sociedades, hacen referencia al concepto de construcción institucional. Se insiste en que detrás, y a través, de todo orden jurídico se expresa la voluntad de grupos sociales que procuran, de manera más o menos consciente, regular el funcionamiento de la sociedad, fijando deberes y obligaciones, derechos y facultades, así como las vías y procedimientos indispensables para su disfrute o ejercicio.
Sin embargo, la construcción de una institucionalidad, a partir de los parámetros legales racionales a los que alude Weber, ha presentado dificultades particulares a lo largo de la Historia. En los propios países en que este modo de dominación política comenzó a cobrar vida, su implantación y desarrollo no fue asunto de un día. En los países de escaso desarrollo capitalista, largamente sometidos al autoritarismo colonial, al paternalismo que caracterizó a este sistema de dominación se sumaron rápidamente prácticas clientelistas, las cuales actuaron a favor de la desnaturalización de los proclamados ideales democráticos de las nacientes repúblicas.
Quizás estas reflexiones de orden teórico contribuyan a entender algunas de las dificultades que vive la República Dominicana de nuestros días. Aunque aparentemente se comprenda la necesidad del establecimiento de un Estado de Derecho, con todas sus consecuencias y derivaciones, son muchos los obstáculos que siguen frenando su desarrollo en el país.
Las zarandeadas, y a veces descabelladas, propuestas de reforma que hemos conocido los últimos meses son un indicador al respecto. La forma grosera como se condujo el intento de prolongar el mandato de los actuales legisladores, la terca insistencia que todavía se manifiesta a favor del reestablecimiento de la reelección presidencial, así como el propósito de someter la función judicial a intereses particulares y partidarios, son importantes ejemplos que evidencian los riesgos y amenazas que se ciernen sobre la democracia. Y es que la zozobra institucional es contraria al deseo de orden y seguridad que conduce a las sociedades, según decía Durkheim, a pautar los comportamientos de sus integrantes. |
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