11 de Febrero del 2002 • Edición número 1,241
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Claudia Mejía-Ricart
La regulación de las compras gubernamentales


Con la inclusión del tema de compras gubernamentales dentro de la recién acordada Reunión Ministerial de Doha nos hemos comprometido a regular todo lo referente a este tema, en especial regular para que estas transacciones gubernamentales se transparenten y se manejen mediante licitaciones, obligando así a que se suspendan los favoritismos y los abusos al presupuesto de la nación.

En principio, de acuerdo a lo estipulado en la Organización Mundial del Comercio, sólo se tratarán los aspectos de la transparencia de contratación pública en estas negociaciones, por lo que se entiende que las naciones aún podrán dar algunos tipos de preferencias a las compras locales de proveedores nacionales.

Sin embargo, estando el tema incluido dentro de las negociaciones del ALCA, estamos seguros que eso pasará de ser un tema regulador de transparencia e igualdad de condiciones para todos a ser un arma de combate que podría terminar llevándonos a disyuntivas de cierto peso a la hora de que nuestras industrias nacionales sean desplazadas por suministros regionales, sin que existan códigos de calidad 100 por ciento creíbles y donde posiblemente los precios pasarán a ser los grandes responsables de las compras finales.

Adicional a estos inconvenientes, está el que presentan aquellas naciones constituidas en Estados federados, donde cada Estado perteneciente es independiente de regular estas compras como mejor le convenga, pues el Estado central, negociador en la mayoría de los casos, no se puede imponer.

Esto significa para la República Dominicana y para otras naciones una enorme desventaja, pues nuestro territorio nacional estaría sometido a la licitación, publicación, etc. de los procedimientos que se establecieran; sin embargo, estas naciones federadas no lo estarían.

La República Dominicana, aunque solicitara un trato especial y diferenciado en este tema basada en la dimensión de nuestra economía, no encontrará grandes conveniencias en dar un trato igualitario a todos los suplidores hemisféricos, pues se pondría en desventaja en muchos artículos del mundo arancelario que se benefician de subsidios gubernamentales (a la vista y escondidos), los cuales maltratarían enormemente nuestra industria local, la cual aún hoy día está desprovista de suficientes remedios comerciales como para ampararse cuando es afectada por elementos de esta índole.

Sabemos y reconocemos que en los capítulos de compras gubernamentales de acuerdos entre otras naciones como la nuestra existen diferentes períodos de transición para economías disímiles, y que se establecen cuotas de participación a países pequeños productores; sabemos que se incluyen capítulos de apoyo a las industrias nacionales y a la especialización de partes y demás acápites que podrían hacer lucir los acuerdos convenientes a ser firmados. Sin embargo, sabemos y reconocemos también que en más de un acuerdo estas salvedades no pasan de ser letra muerta que nunca llega a respetarse.

El efecto anticorrupción que esta medida conllevaría podría ser, sin dudas, de integrarse el acuerdo (lo cual es ya una obligación), algo beneficioso para la RD en el ámbito interno, pues por más que se ha querido combatir la corrupción en más de una instancia pública, los resultados han culminado en grandes fracasos, pues los favoritismos tienden a ser la práctica regular a la hora de decidir sobre las compras, las contrataciones y las adquisiciones gubernamentales, pues el presupuesto nacional aparentemente no le duele a nadie. Esperemos, pues, que si no nos podemos desprender de las compras gubernamentales tratemos de sacarle algún partido a un tema que mueve muchos miles de millones de pesos en cada presupuesto anual nuestro y que este tema sea bien utilizado como arma de negociación por nuestros negociadores y como arma interna anticorrupción.



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