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Las compañías de “guachimanes”
están en la cuerda floja
Como no existe una ley que regule a las empresas de seguridad privada, que suman casi 100 y en las que trabajan alrededor de 25 mil guardianes, sus propietarios se quejan de tener que pagar más impuestos que otros negocios
Por Petra Rondón
Las compañías de seguridad están rodeadas de muchas situaciones complejas. A pesar de que tienen en sus manos la responsabilidad de cuidar vidas y propiedades son un sector que no está regido por una ley en particular, ya que la Ley No. 36, del 18 de octubre del 1965, sobre el porte y tenencia de armas, fue emitida cuando en el país no existían guardianes y los "serenos" realizaban su trabajo armados de machetes.
Con el paso del tiempo las cosas han cambiado, pero la ley no ha evolucionado y las armas que utilizan las compañías de seguridad están siendo gravadas con la misma rigidez que las que utiliza cualquier ciudadano. Todos los años estas empresas tienen la obligación de pagar impuestos para poder utilizar "sus herramientas de trabajo".
En la actualidad, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, Inc. (ADESINC), institución que agrupa al mayor número de empresas que ofrece ese servicio, nombró una comisión que trabaja en un anteproyecto de ley que les permita mejorar la situación y que les ofrezca la oportunidad de ser tratadas siguiendo los mandatos de una ley bien elaborada. Sus miembros esperan que el anteproyecto sea sometido y aprobado este año por el Congreso Nacional.
Como no existe una ley que proteja este tipo de empresas, que involucra casi 100 compañías en las que trabajan alrededor de 25 mil cabezas de familia, sus propietarios se quejan de tener que pagar más impuestos que otros negocios.
"A nosotros nos gravan todos los años por armas que ya están viejas y que son utilizadas para dar empleos a padres de familia", asegura Roberto Pilarte, presidente de ADESINC, quien agrega que esas empresas tienen que pagar también el anticipo del 1.5 por ciento, el seguro social, al INFOTEP y otros impuestos.
La creación de una Superintendencia de Seguridad, que rija todas las compañías de este género y las que se dedican a la venta de los materiales que utilizan esas empresas, es otro de los proyectos en los que trabaja la comisión recién creada.
Desde su aparición estas compañías han sido regidas por la Junta Reguladora de las Fuerzas Armadas, organismo que integran varas instituciones del Estado.
La función de la Secretaría de Estado de Interior y Policía es la de regular la licencia de porte de arma de fuego, cuyo pago era de 56 pesos por arma y por año, pero que el ex presidente Leonel Fernández aumentó a 2,750 pesos para resolver el problema de aumento salarial de los médicos en 1999. A la llegada del presidente Hipólito Mejía, los directivos de ADESINC apelaron esa disposición y consiguieron bajar la cuota a 810 pesos por cada arma que utilizan durante el año.
INTERIOR Y POLICÍA
La semana pasada los directivos de ADESINC convocaron una rueda de prensa en la que denunciaron que la Secretaría de Interior y Policía había comenzado un operativo de incautación de armas de fuego a sus miembros, medida considerada como ilegal y arbitraria, además de que podría provocar enfrentamientos lamentables y dejar sin protección a más de 10 mil empresas e industrias en el país.
De acuerdo con el presidente de la institución, la disposición de Interior y Policía comenzó a cumplirse el 16 de enero pasado, a pesar de que el artículo 26 de la Ley 36 establece un plazo hasta el último día de febrero para pagar la renovación de la licencia y pagar 20 pesos de multa si se pasan de la fecha establecida.
Pero las cosas no llegaron más lejos porque los directivos de la asociación arribaron a un acuerdo con las autoridades y la Secretaría de Interior y Policía les otorgó de nuevo la misma concesión del año pasado, que consistía en pagar 810 pesos por arma y no 2,750.
Estas compañías tienen tarifas establecidas para sus clientes, las cuales dependen del riesgo que conlleve la realización del trabajo. La Junta Reguladora tiene establecida una tarifa de 27 pesos hora/hombre, pero es difícil ajustarla a los clientes, que en la mayoría de los casos sólo pagan 22, 23 y como máximo 24 pesos por hora/hombre.
EL PERSONAL
La mayoría de los hombres que trabajan en las compañías de seguridad son ex militares, pero también hay muchos civiles con permiso para realizar este tipo de labores. Roberto Pilarte asegura que antes de contratar a un empleado tratan de investigar lo suficiente acerca de su vida.
Un aspirante a guardián lo primero que tiene que hacer es llevar un certificado de buena conducta, otro de no delincuencia y una carta de referencia de otros lugares donde trabajara anteriormente. Esos documentos son enviados a la Junta Reguladora, que a su vez los envía a los cuerpos investigativos para confirmar si esa persona no ha cometido actos delictivos. Después un equipo de médicos psiquiatras hacen un test psicológico para determinar si está apto para el trabajo.
Si el aspirante no ha sido militar recibe un entrenamiento por parte de oficiales del Ejército y profesores del INFOTEP sobre uso de armas, disciplina y cortesía, entre otros aspectos. ADESINC tiene en proyecto reabrir la escuela de capacitación de la asociación para que todo el personal tenga el mismo nivel de capacitación.
La edad requerida para ingresar a una compañía de seguridad es de 22 a 45 años.
El horario de trabajo establecido para los guardianes es de 10 horas, más dos extras, pero en oportunidades tienen que cubrir el turno de algún compañero que no se presenta a cumplir con su labor. |
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