Guillermo Moreno
Camilo, por todos nosotros
Como un acto de fuerza del Poder Ejecutivo es que debe ser calificado el sometimiento a la justicia penal del economista y dirigente político Rafael Camilo, por supuestamente haber difamado e injuriado al Presidente de la República.
El propio presidente y los miembros del Ministerio Público actuantes conocen que este sometimiento judicial no tiene el menor asidero o sostén jurídico en qué avalarse. Todos saben que Rafael Camilo simplemente cuestionó el uso y destino del dinero proveniente de los bonos soberanos, fundamentándose para ello en las informaciones aparecidas en una publicación oficial. Correspondía al gobierno, y especialmente al Presidente de la República, por ser la máxima autoridad ejecutiva, investigar y demostrar que contrario a lo expresado el dinero de los bonos no se estaba distrayendo a otros fines.
Conforme lo que he leído en la prensa, en lo expresado por Rafael Camilo no hubo imputación o afirmación que pudiera difamar o injuriar la persona del Presidente de la República. Al cuestionar el uso dado al dinero proveniente de los bonos soberanos no sólo hizo uso de preceptos consagrados en la Constitución, como el derecho a la libertad de conciencia y a la libre expresión del pensamiento, sino que actuó como ciudadano responsable preocupado por el destino de su país, pidiendo cuentas sobre el destino de un dinero irresponsablemente tomado por este gobierno en préstamo en el exterior, y cuyo pago será un pesado fardo sobre las espaldas de las futuras generaciones.
¿Qué puede explicar, entonces, el sometimiento de Rafael Camilo ante la jurisdicción penal? Se trata, sencillamente, de un acto de fuerza cuyo propósito es atemorizar e inhibir a los que pudieran criticar las decisiones y actuaciones del gobierno. El propio Presidente, desde el inicio de su mandato, ha puesto en práctica el uso frecuente de epítetos, denostando a todos aquellos que formulan comentarios críticos a su gestión gubernativa.
Uno se extraña de que frente a este capricho del Presidente ninguno de sus asesores cercanos le pudiera explicar y persuadir de que Rafael Camilo, con sus comentarios, no había violado la ley, sino ejercido un derecho consagrado en la Constitución y las leyes. Que nadie le haya podido decir que un Presidente democrático, distinto a los dictadores, no puede convertir sus enojos y malquerencias en actos de atropello contra los ciudadanos. Que el poder de un Presidente democrático, distinto a los dictadores, está limitado por leyes a las que debe someterse, y a las que en su momento juró cumplir y hacer respetar.
Pero lo más preocupante de todo es que el expediente acusatorio se basa en una investigación hecha por el Procurador General de la República, quien carece de competencia absoluta para hacerla, dado que el imputado no tiene privilegios de jurisdicción, de donde resultan nulos todos los actos o “pruebas” recabadas por él. Un Ministerio Público independiente de seguro hubiera desestimado esta pretensión del primer mandatario de la nación. ¿Y si Rafael Camilo, oportunamente, se decidiera a su vez a querellarse contra el Presidente de la República por abuso de autoridad? ¿Le daría curso el Ministerio Público?
Hay que decir que no estamos ante un hecho aislado, sino que ya son varias las manifestaciones de autoritarismo del Presidente de la República en lo que va de gestión gubernamental. En Azua, hace unos meses, el Presidente ordenó el apresamiento de un ciudadano por “mentiroso”, por éste decir que era falso que en su comunidad llegara agua por el acueducto como afirmara el director del INDRHI. En San Francisco de Macorís fue hecho preso un empresario de apellido Yangüela por el comandante de Policía local, por haber hecho críticas al gobierno a través de la radio. El propio Presidente de la República ordenó al jefe de la Policía no comparecer ante una citación que le había hecho un juez penal. A ese mismo jefe de la Policía le mantuvo en el cargo, durante casi dos años, a pesar de tener el más grande prontuario de atropellos y violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora, haciendo uso de su poder, instrumentaliza al Ministerio Público para avasallar a un opositor que le formuló críticas a su gobierno.
Es posible que esta nueva modalidad de aplicar la ley mordaza funcione por un tiempo y muchos sientan temor de expresar sus opiniones. Pero eso no hará variar el sentimiento y la percepción de la gente respecto de las actuaciones del gobierno.
En medio de esta situación las esperanzas de control sobre las tendencias autoritarias del Poder Ejecutivo estarán puestas en el juez penal que le corresponda juzgar este asunto. El desenvolvimiento del expediente será una magnífica oportunidad para valorar si, efectivamente, el Poder Judicial dominicano goza de la debida independencia, respecto de las presiones e intereses del poder político.
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