Max Puig
Con guitarra y con violín
Durante la campaña que precedió las elecciones del 2002, el entonces candidato presidencial Hipólito Mejía siempre estuvo presto a denunciar lo que consideraba hechos de corrupción en el gobierno en ejercicio. No tuvo empacho en decir lo que quiso. Caracterizó al gobierno presidido por el Dr. Leonel Fernández como corrupto de los pies a la cabeza.
El 16 de mayo de 2000 Hipólito Mejía recibió el favor de los electores. El 16 de agosto asumió la presidencia de la República y, como por arte de magia, cambió la guitarra por el violín. La tolerancia de que fue objeto se trocó en intolerancia. Él podía criticar a los demás, sin límite ni medida; no obstante, que tuviera mucho cuidado quien osara criticarlo.
Transcurrido casi año y medio de gobierno del presidente Mejía se constata, una vez más, que en la política, como en la vida, se ha de tener mucho cuidado con los excesos, tanto en el decir como en el hacer.
Las críticas formuladas a la gestión económica anterior fueron muy duras. De tomarlas al pie de la letra se habría de llegar a la conclusión que el país quedó en ruinas. La tarea del nuevo gobierno sería, fundamentalmente, de reconstrucción.
A pesar de los abrumadores reproches iniciales, con la negociación de los bonos soberanos se empezó a tocar otra música. En el documento preparado por el gobierno para promover la colocación de estos instrumentos de crédito en los mercados financieros internacionales se destacaron los logros alcanzados por el país durante los últimos cinco años; vale decir, los de la presidencia de Fernández Reyna.
Muchas fueron también las críticas formuladas a propósito de la política social del gobierno anterior. Si se las quisiera resumir en un solo punto, éste es muy claro: el crecimiento económico que tuvo el país no benefició a la amplia masa de la población tradicionalmente preterida. La promesa fue igualmente clara: el gobierno del PRD establecería un nuevo modelo económico para beneficio de las mayorías.
Tampoco aquí las realizaciones se han correspondido con lo anunciado. Las actuales autoridades han reproducido la política económica de las anteriores, con escasas variantes, prometiendo compensar a los sectores sociales excluidos con un paquete social que se anunció venturoso.
El dichoso paquete anduvo mal desde sus inicios y es fácil explicar porqué. El gobierno de Hipólito Mejía volvió a tropezar con la misma piedra que ha afectado la marcha de tantos otros gobiernos en América Latina y en el mundo. No concibió la política social articulada a la económica. De nuevo, se concibieron, elaboraron y aplicaron estas políticas por separado. Los impuestos fueron aumentados para mantener los consabidos equilibrios macroeconómicos y, sólo luego, se pensó en aliviar algunos de los más negativos efectos que tuvieron las medidas fiscales entre los más pobres.
El alivio se anunció con tambores, bombos y platillos. A la vuelta de un año se constata que es muy poco lo que se ha hecho, y para colmo, mal hecho. Se conocen también las razones. Una ejecución presupuestaria que privilegia el gasto corriente para retribuir la clientela política, no deja muchos recursos disponibles para la política social. Por otro lado, la improvisación con que fue concebido el paquete social llevó a colocarlo en manos inexpertas, sin la debida capacidad en gerencia social.
La larga lista de escándalos que ha acompañado la realización de los programas que componen el paquete social viene dada por cuanto se acaba de señalar. Los fraudes de Bienes Nacionales, las madrinas del INVI, los millones extraviados en el interrumpido programa de subsidios al gas propano, al igual que las irregularidades que han frenado el cumplimiento del plan de subsidios a madres solteras a través de la Secretaría de Estado de Educación, tienen todos la misma raíz.
La improvisación de los programas, unida a su ejecución por parte de un personal ineficiente, cuya principal preocupación es muchas veces la obtención de beneficios particulares al margen de la ley, terminan desacreditando la política social con la secuela de nuevas frustraciones que ello acarrea.
Esta situación hace muy probable que los escándalos aumenten en número y en intensidad los meses que vienen. Un gobierno signado por el clientelismo, que otorga las funciones públicas en pago al activismo partidista, difícilmente pueda lograr avances sustanciales en la profesionalización de la administración pública. Mucho menos en lo que se refiere a la administración de los programas sociales, considerados estratégicos para la conquista de votos.
Por ello, cuando el diligente trabajo de acuciosos comunicadores sociales destapa o resalta las incongruencias entre lo que se dijo ayer y lo que se hace hoy, la respuesta oficial espontánea viene casi siempre marcada por la justificación, la intolerancia y el intento de acallar las críticas mediante el reproche y la coacción. |
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