Rosa Montero
Bruno y los otros héroes
Hace pocos días tuvo lugar en la venezolana isla Margarita la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
Por regla general, los encuentros cimeros de gobernantes son objeto de una cuidadosa preparación. Las declaraciones finales de estos cónclaves son elaboradas y negociadas por personal especializado durante meses. Esto hace que, al ser firmados, los pronunciamientos de estas concertaciones estatales no sean objeto de mayor sorpresa de parte de los expertos y del público bien informado.
La Declaración de Margarita no fue una excepción. Como se esperaba, los estadistas de la región trabajaron los temas de la integración económica, la coordinación de políticas en los foros multilaterales, la promoción de la cooperación, así como la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, poniendo énfasis en la protección del mar Caribe. Específicamente, la tercera cumbre regional sirvió de escenario para la firma del convenio que establece la Zona de Turismo Sustentable del Caribe, la primera de su género en el mundo.
Al lado de los acuerdos y declaraciones oficiales, los discursos que pronuncian los estadistas en reuniones como la de Margarita, aunque protocolares, expresan sentimientos, preferencias, aspiraciones y preocupaciones que no pueden ser soslayados.
El presidente dominicano colocó en el centro de su discurso un tema de trascendencia. Insistió en “el trato especial y diferenciado” que deben recibir las pequeñas economías dentro del marco de las negociaciones internacionales que, como se sabe, se orientan en la actualidad hacia la consagración del libre comercio entre un cada vez mayor número de naciones.
Después de la finalización de las negociaciones de la llamada Ronda Uruguay, que concluyeron en la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se han acelerado los procesos conducentes al establecimiento de acuerdos de libre comercio y/o mercados comunes. La tendencia es muy clara a favor del desmantelamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias, aunque son muchas las contradicciones que se manifiestan en medio de este proceso. En efecto, la mayor parte de los Estados que propugnan por la liberalización de los intercambios comerciales se resisten a derribar las barreras que protegen determinados de sus renglones productivos, considerados por ellos particularmente sensibles. Uno de los supuestos sobre los que se asienta el libre comercio es el de que éste genera, por sí sólo, el desarrollo de las naciones que lo practican, haciendo desaparecer progresivamente las diferencias entre países. La realidad muestra otros resultados. La brecha entre naciones desarrolladas y en desarrollo se profundiza cada vez más. Con razón se ha destacado que las relaciones entre los dos grupos de países son de carácter asimétrico.
Esta asimetría se manifiesta en diversos planos. Los productos de los países desarrollados gozan de mayor competitividad en el mercado mundial. Esta capacidad encuentra su raíz en el dominio que ejercen estos países en materia tecnológica. También en el control que tienen de los flujos financieros internacionales, la comunicación y los recursos naturales del planeta.
De esta situación se derivan las dudas que hacen planear sobre los países latinoamericanos las negociaciones del ALCA. Son cada vez más los que temen ver agravadas las ya profundas desigualdades que caracterizan el continente con este tratado y que ello se traduzca en la destrucción de sectores productivos y en una mayor fragmentación social.
Las aprehensiones se han hecho sentir hasta en los más grandes países de la región, como es el caso de los integrantes del MERCOSUR. Brasil, en particular, ha expresado reservas de consideración.
La República Dominicana y los demás países del Caribe, con la excepción de Cuba, participan en las negociaciones del ALCA. Los países miembros del CARIFORUM, es decir los integrantes de la CARICOM más la República Dominicana, están llamados a iniciar un nuevo proceso de negociación con la Unión Europea, previsto en el acuerdo de Cotonou.
La mayor parte de los países caribenos tienen economías pequenas, lo que las hace particularmente vulnerables frente a los procesos integradores en curso. Con el reclamo de un tratamiento especial y diferenciado para estas economías lo que se procura es introducir algunos elementos de equidad y competencia leal en las relaciones internacionales, así como evitar distorsiones originadas en el enorme poder de negociación de los países más avanzados.
El presidente Mejía hizo bien en formular el reclamo. Ahora es necesario dar pasos concretos en la dirección deseada. Eso será tema de otro artículo.
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