24 de Diciembre del 2001 • Edición número 1,234
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La respuesta de Guido
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, respondió con una carta al señalamiento que le hiciéramos recientemente en el sentido de que todos los funcionarios públicos están en la obligación de dar respuesta a las interrogantes que se haga la población sobre sus actuaciones. Con el estilo que lo caracteriza, Guido nos envió una carta, la cual reproducimos a continuación:

“Me refiero a su ‘Sobre el Tapete’, de la edición 1232, y a una nota titulada ‘Guido debe rendir cuentas’.

Vivimos en un estado de sospecha, lo que conduce a que mucha gente sin autoridad alguna utilice los medios de comunicación como caja de resonancia para sus aberraciones de calumniar, difamar e injuriar.

La Consultoría Jurídica que dirijo en el Ejecutivo está amparada por un presupuesto que sólo le cubre sus gastos de salarios a funcionarios, empleados y de consumo de material gastable. No tendría, pues, de dónde echar mano de recursos para financiar la precampaña que acabo de lanzar a la Secretaría General de mi partido.

Si en mi carrera política tuviera antecedentes de malversación de fondos públicos o de actos de alguna manera reñidos con la honradez y la pulcritud en el manejo de fondos, bien la suspicacia.

Pero en el caso de que no es así y de que la reiterada pregunta en ‘El Gobierno de la Mañana’, y el eco que de la respuesta se hace [A]HORA, tienen el origen voluntario o involuntario de la calumnia, la difamación y la injuria.

Muy recientemente advertían contra ello el expresidente Leonel Fernández y el distinguido periodista Radhamés V. Gómez Pepín. La prensa, la radio y la televisión no deben ser el canal de denuncias sin pruebas porque ello ha conducido a la desconfianza y al descrédito que pudieran cosechar hoy”.

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¡Llegó el expediente!
El sonado caso sobre los cupones para subsidiar el gas propano que llegaba a las familias pobres de la capital fue motivo de una investigación oficial porque trascendió la posibilidad de irregularidades administrativas en su aplicación. En una reciente publicación de [A]HORA se publicaron detalles del expediente sobre el particular, en el cual figuran empresas que habrían incurrido en acciones dolosas y condenables. Pero el expediente, por fin, está en manos de la Procuraduría General de la República, y ahora sólo resta esperar su estudio y ponderación por parte de los juristas adscritos al Ministerio Público. Cuanto debe evitarse son las especulaciones innecesarias, y si la Procuraduría General entiende que hubo corrupción en perjuicio del Estado, entonces que sea suficientemente clara y diligente para que sea de dominio público y que, por encima de todo, el caso llegue a los tribunales.

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El discurso de Fernando
El licenciado Fernando Alvarez Bogaert, secretario de Finanzas, tuvo a su cargo el discurso central en la reciente cita de la Cámara Americana de Comercio, ocasión que aprovechó para presentar un informe detallado y muy preciso de la economía dominicana encontrada por el gobierno de Hipólito Mejía en agosto de 2000 y cómo ha ido evolucionando. Hay que anotar que se trata de un excelente documento que debe servir de fuente obligada para consultas sobre los puntos críticos de nuestra conformación económica. Este discurso circuló el jueves 13 dentro de la edición del periódico Hoy, en formato de folleto.

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La Resolución 10-01
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana ha puesto de manifiesto su oposición a la aplicación de la Resolución 10-01 de la Dirección de Impuestos Internos, según la cual los bancos quedan en la obligación de entregarle los estados de cuentas de sus clientes. Ocurre que tal disposición, para la cual podría tener derecho el Estado, es conflictiva en vista de que la persecución de cuentas particulares para obligar el pago de impuestos o evitar la evasión fiscal podría tener resultados peores que los esperados por las autoridades. La banca, por lo pronto, vería el retiro violento de cuentas bancarias de miles de personas que, aun cumpliendo con el pago de sus impuestos, se sentirán perseguidas o amenazadas, y no dudamos que haya quien crea que el gobierno quiere el dinero de sus ahorros. La Resolución 10-01 debería ser rediscutida, y además dada a conocer en toda su amplitud, a fin de que aun el ciudadano menos entendido logre comprender su razón de ser y sus posibles bondades.

El presupuesto de 2002
Recientemente el director de la Oficina Nacional de Presupuesto, licenciado Luis Ernesto Pérez Cuevas, y el director de la Oficina Nacional de Planificación, licenciado Fernando Mangual, se reunieron con miembros de la prensa con quienes compartieron el contenido del proyecto de presupuesto correspondiente al próximo año. Hay que anotar que estas dos oficinas hicieron un extraordinario trabajo al poner en ejecución nuevos métodos de elaboración del proyecto de presupuesto y, de conformidad con los documentos presentados, hay avances notables de organización en un Estado hipertrofiado y corrompido como el nuestro. Por lo pronto se han planificado, mucho mejor que el año que termina, los gastos y los ingresos, y figura una distribución porcentual para cada provincia, en atención a sus necesidades del 2002. Si cumpliéramos, aunque fuera mínimamente, con la práctica de organizarnos en torno a prioridades mínimas y de desarrollo, ejecutables en doce meses, estaríamos dando un gran paso de avance.

Ojo con eso
Lo que está aconteciendo en Argentina debe servirnos de lección. Pero, según se ven las cosas, por estos lares no todo el mundo está conteste con que el progresivo endeudamiento externo, aun para obras vitales, puede ser negativo en una economía tan pequeña como la dominicana. Los argentinos, con una multiplicidad de recursos, mucho mayores que los nuestros, están hoy agobiados por una deuda externa e interna que escapa a toda posibilidad administrativa. El padre José Luis Alemán se une al coro que pide al gobierno cesar en su endeudamiento, de cara a funcionarios gubernamentales convencidos de que la República Dominicana todavía está en condiciones de endeudarse.

El escape de Guiliani
Quien no perdió tiempo en aguantar cajetas fue el secretario de Industria y Comercio, Hugo Guiliani Cury, al dejar su asiento sin despedirse de nadie, según versiones de prensa, cuando ejecutivos de la Cámara Americana de Comercio criticaron el documento suscrito por Guiliani junto a otros funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía en contra de los inversionistas del sector eléctrico, a quienes en su documento llamaron “piratas” al estilo Francis Drake, de mala recordación en la historia de América. Para los ejecutivos de la Cámara el dichoso documento, publicado como espacio pagado en las páginas de los diarios nacionales, ahuyenta la inversión extranjera o, por lo menos, contribuye a desestimularla.


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