10 de Diciembre del 2001 • Edición número 1,232
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Miguel Febles
Más sobre la gobernabilidad


Los sindicatos no existen en el país como expresión de los intereses obreros. Existen, en cambio, agrupamientos de personas que comparten una actividad --como las de maestro y chofer-- que actúan en ocasiones como grupos de presión y otras veces como asociaciones de ayuda mutua con las que resulta relativamente fácil tratar debido a que reproducen en esencia el esquema de los partidos políticos: entenderse con sus principales líderes garantiza la neutralización del cuerpo completo. En ocasiones este procedimiento sirve para dividir.

En este aspecto el PRD navega con ventaja. Y lo hace porque en una gran medida los pseudo sindicatos o agrupamientos por áreas de intereses que actúan a lo largo y ancho del país muestran afinidades con el PRD, están dirigidos por el PRD o sus bases están compuestas de manera mayoritaria por gente perredeísta, que puede serlo o que no se siente incómoda en un ambiente perredeísta. El PRD es, por demás, un partido (algunos dicen que una confederación) en el que no tiene mayores consecuencias, porque es ya una tradición, realizarle una protesta independientemente de que se le deba algún favor político o económico.

La gobernabilidad, inclusive para un partido como el PRD, debe ser vigilada todos los días.

Durante su mandato Leonel Fernández hizo de esta palabra un uso amplio y buscó los caminos que le permitieran darle participación activa a todas las fuerzas políticas en las principales acciones del gobierno que fue inaugurado el 16 de agosto de 1996 y que concluyó en agosto del año 2000. No lo consiguió, pero se garantizó la pasividad de Joaquín Balaguer, que por primera vez se iba a la oposición con la seguridad de que no sería molestado desde el Palacio Nacional.

Hasta las elecciones de mayo de 1994 y el tumultuoso lapso que se extendió del 16 de mayo al 16 de agosto de aquel año la gobernabilidad no había sido en el país una realidad propiciada por la intervención de las fuerzas políticas depositarias de poder popular democrático y representativo por su cantidad y por su calidad. Con un Partido Revolucionario Dominicano a punto de írsele de las manos a sus líderes y una administración Clinton para nada dispuesta a permitir una revuelta y el consecuente uso de la fuerza bruta para contenerla, hecho que posiblemente le hubiera obligado a intervenir de manera directa, las dos fuerzas que habían polarizado las elecciones firmaron el Pacto por la Democracia, que no fue más que un acuerdo de gobernabilidad, el primero logrado en el país.

La administración Fernández fue hija inmediata de ese pacto. Y fue durante su administración que la gobernabilidad, tratada por el presidente Mejía como una palabreja que no merece siquiera ser utilizada, adquirió carta de ciudadan; a en el oscuro mundo de la retórica política dominicana.

Hasta la crisis electoral de 1994 la fuerza había sido el sostén de los gobiernos, tanto de los que se imponían por medio de las armas como de los que se ganaban el derecho a gobernar por la consulta de la opinión pública. Allí donde esto no habÌa sido posible el naufragio del gobierno estaba garantizado. Por ello naufragó la Junta Central Gubernativa encabezada por Tomás Bobadilla a escasos cuatro meses de haber sido instalada, por ello fue derrocado Juan Isidro Jimenes por un movimiento encabezado por el vicepresidente Horacio Vásquez, lo fue el Consejo de Estado encabezado por Balaguer tras la salida de los Trujillo y Juan Bosch siete meses después de tomar posesión del gobierno, para solo citar algunos casos señeros. Pero también por ello debió Balaguer plegarse a un pacto que al decir de algunos le restó dos años a su última administración, pero que en realidad lo que hizo fue mantenerlo en el poder dos años como gobierno provisional en lo que era organizado un proceso electoral al que no podía presentarse como candidato.




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