Max Puig
Todavía estamos a tiempo
La semana pasada el Senado de la República hizo lo que la mayor parte de los dominicanos y dominicanas temían. Dieciséis senadores de los treinta que componen la cámara alta aprobaron una propuesta de reforma constitucional que, de concretarse, puede afectar gravemente al país y a su desarrollo democrático.
La mayoría de los senadores decidieron pasarle por alto al Pacto para la Reforma Constitucional, incluyendo en la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora el reestablecimiento de la reelección presidencial por dos períodos consecutivos. Además dejaron abiertas las puertas a la aberrante e inconstitucional prolongación del mandato de los actuales legisladores.
Como se sospechaba los senadores se inclinaron a favor de una reforma constitucional sectaria, que responde a intereses personales y fraccionales. Al hacerlo así se colocaron de espaldas a la nación que los eligió. Más que eso, le dieron inicio a una aventura peligrosa, llena de riesgos para el país y su gente. Cuando en una nación se le pierde la confianza a sus instituciones y dirigentes cualquier cosa puede suceder. La democracia latinoamericana, y la dominicana entre ellas, se encuentra mal parada. Una parte importante de la población considera que sus problemas seculares siguen sin solución, mientras corruptos dirigentes y funcionarios se enriquecen a sus anchas. Éstos últimos, generalmente obnubilados por las nuevas ventajas y privilegios que esperan obtener en el corto plazo, no alcanzan a comprender el efecto desestabilizador de sus acciones.
Una constitución es un pacto entre los diversos componentes de una colectividad nacional. El ordenamiento y modos de atribución del poder público, los derechos y garantías de ciudadanos y ciudadanas, el proyecto nacional de ese conglomerado humano son plasmados en la llamada ley de leyes en los Estados modernos.
Que un grupo pretenda modificar la Carta Magna por sí sólo, sin atender a los puntos de vista y reclamos de los demás actores políticos y sociales, es contrario a la idea misma de constitución. Y eso fue lo que pasó en el Senado la semana pasada.
Al incluir la reelección y la prolongación en la propuesta de modificación constitucional los senadores violaron la palabra empeñada por su partido y lanzaron signos ominosos sobre el futuro del país. Por una razón muy sencilla: la reelección fue prohibida hace escasos años porque se le teme. El recelo tiene razones históricas, porque la reelección ha servido para perpetuar hombres y formas de poder sobre la base del uso abusivo de ese mismo poder.
Es perfectamente comprensible entonces que la aprobación de la reelección genere incertidumbre y serias dudas sobre las reales intenciones de quienes la están propiciando y la ejecutan. Las muestras sobran. Mientras la vicepresidenta de la República califica la reelección de tragedia nacional el propio presidente del partido de gobierno denuncia que se utilizaron recursos del Estado para propiciar la aprobación de la propuesta.
La estabilidad política es uno de los elementos necesarios para garantizar el sosiego de cuantos conviven en una sociedad. La pretensión de reestablecer la reelección y de imponer una prolongación legislativa inconstitucional perturban la tranquilidad del país.
Se debe pues detener el desatino. Esa es una responsabilidad de todos y de todas. De los diputados en primer lugar, que son los llamados, desde el punto de vista institucional, a evitar la reforma espúrea. Pero lo es también de la dirigencia política nacional y de cuantos tienen posiciones de responsabilidad al frente de organizaciones o instituciones del carácter que fuera: económicas, sociales, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo.
En el caso de los líderes y dirigentes de los partidos el compromiso es enorme. El no cumplimiento del Pacto para la Reforma Constitucional, sin recortes ni adiciones, les desacreditaría aún más, minando la legitimidad de todo el sistema político.
La obligación del presidente de la República no puede ser mayor. Como testigo se hizo garante del pacto que propició al crear por decreto la comisión especial que estudió el tema constitucional bajo la conducción de monseñor Agripino Núñez Collado. Celoso de la palabra empeñada el presidente se encuentra en una situación difícil. Por más que reitere su oposición a la reelección algunos de sus más cercanos colaboradores, así como muchos de sus seguidores, parecen no hacerle el caso que merece su opinión frente a una situación de tanta trascendencia.
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