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Entre el abandono de la familia y la justicia
Los menores que se encuentran recluidos en el centro de evaluación de Cristo Rey y en el reformatorio de La Vega, además de que no reciben la visita de sus familiares, tienen que sufrir las precariedades de una Justicia que no atiende sus casos.
Por Petra Rondón
Muchas son las necesidades que enfrentan los menores en conflicto con la ley penal que se encuentran recluidos en los centros destinados para reeducarlos e integrarlos de nuevo a la sociedad. Se trata de espacios donde no existen las facilidades para cumplir con ese objetivo y donde la mayoría de ellos, en lugar de aprender un oficio o reglas de moral, aprenden a defenderse y a convivir con el delito.
En la mayoría de los casos, los menores que se encuentran en esta situación son abandonados por la familia, que muchas veces no conoce su destino. Pero también son víctimas del "abandono" de la justicia, que para conocer un caso sencillo toma más tiempo del establecido por la ley. Un ejemplo es que en el Centro de Observación y de Evaluación los menores deben permanecer un máximo de 45 días, pero en la mayoría de los casos la estancia promedio es de siete u ocho meses.
Inmediatamente un menor llega a este centro es sometido a una evaluación que, sólo cuando existen muchas precariedades, puede durar hasta 45 días. Durante ese período de tiempo el tribunal de niños, niñas y adolescentes está en la obligación de recopilar todas las pruebas y los documentos para pasar la causa.
Sin embargo el proceso no es tan simple como parece. Según explica Mario Coronado, director de Ser Menor, entre el 80 y el 85% de los menores que llegan a este centro no tienen acta de nacimiento y el tribunal tiene que someterlos a una prueba ósea para determinar que son menores y que pueden ser juzgados como tales.
En otros casos, poseen actas de nacimiento que son consideradas "dudosas", por lo que el documento se envía a la Junta Central Electoral, donde también se toma un tiempo considerable para investigar. Con el expediente completo el menor es enviado al tribunal de Niños Niñas y Adolescentes para que se conozca el caso y se dicte una sentencia, que de acuerdo con la ley no puede ser mayor de dos años de reclusión.
Pero la historia no termina ahí. En muchas oportunidades el tribunal conoce la causa y determina que el menor es inocente, o que califica para disfrutar de una libertad asistida hasta tanto se conozca su caso. Entonces surge un problema mayor: ¿a quién entregarle el menor si la familia nunca ha aparecido? Esta situación resulta difícil para muchos, ya que por una sencillez un menor tiene que permanecer encerrado hasta que algún familiar aparezca para rescatarlo.
Cuando los directivos del Centro de Observación y de Evaluación "Ser Menor" encontraron a los familiares de "Carlitos", quienes residen en Barahona, se llevaron una gran sorpresa, porque para ellos su hijo llegaba acompañado de personas con las que vivía y las que entendían lo trataban muy bien porque estaba "buen mozo y gordo".
Ellos no sabían que su hijo permaneció unos siete meses recluido en el centro de Cristo Rey y que no estaba viviendo con la tía a la que lo habían entregado para que se encargara de su educación y, por qué no, para que la ayudara con algún tipo de trabajo, tareas que no fueron asumidas en ningún momento por el menor.
Como este son muchos los casos que se registran todos los días. Y es que la falta de orientación que existe entre las familias dominicanas lleva a estos jóvenes a cometer actos delictivos que terminan privándolos de su libertad. Por lo regular los jóvenes que se encuentran en estos lugares no reciben el apoyo de sus familiares y se encuentran aquí abandonados a su suerte, por lo que el director de Ser Menor cree fervientemente en la necesidad de educar a la familia para que los jóvenes no sigan desorientados.
El Centro de Observación y de Evaluación funciona desde 1994 en Cristo Rey. Tiene capacidad para 36 menores, pero en la actualidad tiene alojados 42, en ocasiones han tenido hasta 50. Recibe una subvención de la Secretaría de Estado de Salud Pública de 56,400 pesos, que llegan con retraso de hasta un mes y con los que deben cubrir todos los gastos, sin incluir el pago de los 45 empleados que también cubre la SESPAS.
A pesar de las precariedades el director del centro se empeña en que los muchachos que están a su cargo, que tienen edades comprendidas entre 13 y 18 años, tengan la oportunidad de recibir charlas educativas, jugar ajedrez, baloncesto, o desarrollar otras habilidades que le ayuden a superar los problemas.
El Centro está siendo sometido a remodelación por parte del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, que incluye trabajos de ampliación, pero no de creación de nuevas celdas, a pesar de que la demanda es mayor que la oferta.
EL REFORMATORIO DE LA VEGA
Después de una larga discusión, en la que se vieron involucrados la directora del centro, un asistente del gobernador de nombre Niño, y el asistente del Comisionado de Apoyo a la Reforma de la Justicia, logramos entrar al recinto donde son llevados muchos de los menores infractores de la ley. Para la directora del centro, Maritza Reyes, realizar un reportaje del lugar en estos momentos es una forma de dañar su gestión.
Este Instituto Preparatorio de Menores Máximo Antonio Alvarez tiene capacidad para albergar a 125 menores, pero en las condiciones que se encuentra actualmente los 118 que existen son más que suficientes. Incluso la directora no está permitiendo la llegada de más jóvenes, porque los dos pabellones que tienen disponibles resultan pequeños para los que están.
La Secretaría de Estado de Salud Pública, institución de la que depende directamente este centro, tiene asignada una subvención mensual de 265 mil pesos, que de acuerdo con Maritza Reyes sólo alcanzan para la comida de los menores. Ante esta situación el Comisionado para la Reforma de la Justicia, Enrique García, decidió asumir la remodelación total del centro, para lo que invertirá aproximadamente un millón de pesos.
Los trabajos incluyen la construcción de un nuevo pabellón que permitirá alojar una mayor cantidad de menores en conflicto con la ley y están programados para terminarse el 15 de diciembre, a pesar de que los edificios no se encuentran lo suficientemente avanzados como para que se cumpla esa proyección. Maritza Reyes esperaba que para esta fecha los trabajos estuvieran más adelantados y que el comisionado le diera prioridad a las necesidades que tiene el centro.
Los menores ubicados en este centro provienen de todos los puntos del país. Aunque constantemente se realizan audiencias, no siempre la justicia actúa tan rápido como debería, y en ocasiones los menores son sometidos a tantos reenvíos que se convierten en un problema para el centro, porque tienen que ser trasladados al lugar donde cometieron el crimen y sólo disponen de un vehículo para esos fines.
Un dato interesante es que la mayoría de los 118 menores que se encuentran en este lugar son analfabetos. Por las mañanas van a las clases y el resto del día comparten otras actividades, a pesar de que la actual dirección sólo encontró cinco máquinas de escribir y ocho de coser. La directora explicó que en estos días todas las actividades están paralizadas, porque es el tiempo en que a los menores les gusta escaparse del recinto.
¿Cómo es el proceso?
Un menor en conflicto con la ley penal entra al sistema de justicia penal a través de querellas, de denuncias, de hechos fragrantes, de acciones de complicidad, y a través de la convivencia con adultos para la comisión del delito. La ley 14-94 prevé que solamente en caso de fragrancia y por disposición de una autoridad competente un menor de edad tiene que ser privado de la libertad. El menor entra al sistema de justicia juvenil a través del apoderamiento que hace la defensoría de niños, niñas y adolescentes, quien cuenta a su vez con el auxilio de la policía especializada de menores.
Una vez se reciben el cuerpo del expediente y el menor en conflicto con la ley penal se procede a apoderar el tribunal de menores donde es entrevistado por el Juez de menores, de niños, niñas y adolescentes en presencia del defensor del tribunal.
La doctora Elisa Sánchez asegura que es obligatorio que todo menor que se encuentre en esta situación sea evaluado por un equipo multidisciplinario que depende del tribunal, o referido a un centro como el de referimiento y evaluación de menores, donde el equipo multidisciplinario, integrado por psicológos, médicos y educadores, tiene competencia para evaluarlo.
Este mecanismo fue creado porque el menor que entra en conflicto con la ley penal o tiene problemas de conducta personal, por lo regular es víctima de abuso por parte de los adultos, de sus familiares, o sus derechos le son limitados por el propio Estado. Si el menor pasa por estas tres situaciones y comete un delito penal, antes de tomar medidas de reeducación, de rehabilitación, o de observación, primero tiene que ser evaluado por el equipo.
La evaluación no se centra en el perfil biológico o clínico del menor de edad, es una evaluación que tiene que reflejar el perfil personal del menor, cubriendo problemas de carácter, personalidad, temperamento, pero esto tiene que estar íntimamente vinculado a la evaluación del trabajador social, que tiene que reflejar la relación social de este menor con su grupo familiar, social y educativo, además de que tiene que estar acorde con la evaluación médica que va a reflejar los niveles de daños emocionales y psicológicos del menor.
Esta evaluación es parte de las garantías y de los derechos a que son sujetos los menores que entran en conflicto con la ley penal. Los menores tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen derecho al respecto a su dignidad, a un debido proceso, al uso de recursos que vayan encaminados a sacarlos de una situación de riesgo con procesos legítimos.
La Ley 14-94
A pesar de que la Ley 14-94 establece un sistema especial para el tratamiento y la administración de procesos de los menores que entran en conflicto con la ley penal, actualmente el proceso tiene algunas deficiencias que conllevan a que exista la concentración de muchos procesos, entre las que se encuentran el hecho de que el equipo multidisciplinario destinado para realizar este trabajo resulta insuficiente y requiere de una capacitación permanente, así como de nuevas metodologías y técnicas de evaluación de la investigación.
"El proceso viene reflejando la necesidad de más recursos humanos de más especialización, porque hace tiempo que estamos manejando esto y evidentemente aunque uno quiera si las técnicas no han avanzado, no son mejores, se retrasan los procesos", afirma la doctora Elisa Sánchez, directora del departamento de niños, niñas y adolescentes, quien también entiende que la Procuraduría General de la República necesita tener un departamento especializado para trabajar todo lo relacionado con la responsabilidad penal de los menores y que se necesita un mayor número de defensores que puedan trabajar las medidas administrativas que requieren los tribunales.
En el país existen defensores en los 19 tribunales de menores que se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. En los lugares donde no existen defensores los fiscales asumen esa responsabilidad, pero la doctora Sánchez está convencida de que se requieren más recursos humanos, más equipos multidisciplinarios, monitorear y mejorar las técnicas de evaluación, además de organizar el departamento para que pueda contar con un número de defensores que de seguimiento a las medidas administrativas.
MENORES RECLUIDOS EN EL CENTRO DE LA VEGA
| Procedencia |
Total |
Sentencia |
Sentencia provisional |
| Bonao |
13 |
4 |
9 |
| Constanza |
4 |
2 |
2 |
| Baní |
3 |
3 |
0 |
| Pedernales |
1 |
1 |
0 |
| Santiago Rodríguez |
3 |
1 |
2 |
| Samaná |
2 |
1 |
1 |
| Puerto Plata |
6 |
1 |
5 |
| Santiago |
26 |
3 |
23 |
| San Fco. Macorís |
11 |
11 |
0 |
| Neyba |
3 |
3 |
0 |
| Cotuí |
2 |
1 |
1 |
| Barahona |
4 |
4 |
0 |
| Montecristi |
6 |
1 |
5 |
| San Cristóbal |
3 |
3 |
0 |
| Nagua |
3 |
0 |
3 |
| Santo Domingo |
6 |
5 |
1 |
| Dajabón |
5 |
0 |
5 |
| San Pedro Macorís |
1 |
1 |
0 |
| Moca |
7 |
3 |
4 |
|
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