Guillermo Moreno
El Presidente y la reforma policial
Dos posiciones antagonizan en torno a la reforma de la Policía Nacional. Si algo caracteriza a los que se oponen a esta reforma es su incapacidad para exponer sus ideas y debatirlas abiertamente. Nadie conoce una razón, digna de ser citada, en la que ellos argumenten porqué la policía debe mantener los métodos y rangos de tipo militar.
Los partidarios de la reforma han sido prolijos en argumentar sobre la necesidad de la desmilitarización de la Policía Nacional, para restituirle a ésta su naturaleza esencialmente civil. El carácter, métodos y rangos militares producen un alejamiento entre los policías y los ciudadanos. Estos perciben a los policías, como un cuerpo superpuesto a la ley y presto para agredirle o depredarle.
En ocasiones se ha escuchado decir a algunos de los que se oponen a la reforma, hablando entre bastidores, como acostumbran hacerlo, que si a la policía le quitan los rangos y métodos militares, nos arroparía la delincuencia. Lo que en el fondo quieren decir es que en la lucha contra el delito, la policía necesita manos libres, incluyendo no tener que sujetarse a las garantías y los procedimientos que dispone la ley.
La necesidad de facultades extraordinarias como condición para la policía ser eficaz, es otro de los tantos mitos sistemáticamente divulgados. Hasta ahora la policía actúa con tales atribuciones y lo que se percibe es que perdemos la batalla contra la delincuencia.
Otro punto clave en la reforma policial es lo relativo a suprimirle sus funciones judiciales. Si bien la ley le atribuye funciones de auxiliar del Procurador Fiscal, en la práctica, la policía ha monopolizado la investigación de las infracciones, al punto, que puede decirse, que el trabajo de las procuradurías fiscales, las decisiones de los jueces de instrucción y de los jueces de juicio, se basan, en más de un noventa por ciento, en las “investigaciones” hechas por la policía. Está harto demostrado que la Policía lleva a efecto las mismas, desconociendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y el estado de derecho.
Como alternativa se plantea la creación de una policía técnico-judicial, adscrita al Ministerio Público, para que le auxilie directamente en la investigación de las infracciones. La actual Policía Nacional, transformada en un cuerpo civil, se concentraría en la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público. El resultado será un clima de mayor respeto del estado de derecho, un reforzamiento de la independencia judicial y mayor eficacia para la investigación y persecución de las infracciones.
El otro punto en debate es la supresión de los tribunales policiales. La Policía y sus exgenerales, no han podido presentar un solo argumento que justifique su mantenimiento. Carecen de respuestas cuando se les enrostra que estos tribunales son inconstitucionales, tanto por existir de manera paralela a la organización judicial que organiza la constitución, como por quebrantar el principio de la igualdad de todos frente a la ley y la justicia. Además, estos tribunales son la fuente de la impunidad que protege a los policías que violan la ley.
La supresión de los tribunales policiales significa el sometimiento de la policía al control judicial ordinario. Se abriría la posibilidad de que los policías, por el temor a una eventual sanción de la justicia, sean más respetuosos de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En todo este debate, de profunda raigambre democrática, si algo particularmente llama la atención, es que el Presidente de la República haya asumido el discurso anti-reforma de Candelier y de su séquito de exgenerales. Sobretodo porque se trata del gobierno de un partido como el PRD, con una larga tradición de lucha por la democracia. Este partido y sus militantes, en los años duros del balaguerismo, fueron víctimas de los “candelier” de aquella época.
En un principio pensé que la actitud del presidente era táctica. Pero luego, al escuchar sus pronunciamientos, verlo reunir a los exjefes de policía, y permitirles, desde el propio Palacio, hacer declaraciones en contra de la reforma policial, he llegado al convencimiento de que no se trata de prudencia presidencial, sino que en este tema el Presidente piensa similar a Candelier. Por eso lo mantiene en el cargo, a pesar de todos excesos que continuamente comete. Por eso envió al congreso un proyecto de ley que viene a consolidar a la policía, en su forma actual, y no a reformarla.
Siendo así las cosas, nadie se lleve a engaños. No habrá reforma policial profunda, en estos momentos. Nadie piense que en el Congreso se pueda encontrar una mayoría de legisladores con la convicción y la vocación para llevar hasta el final, la lucha por las reformas democráticas postergadas por décadas. Una parte importante de esos legisladores se mueven por prebendas y conveniencias personales. La mayoría de ellos están sometidos al Poder Ejecutivo –no por ideas, sino por vía del presupuesto- y son muy pocos los que ejercen esta importante función, en interés de servirle al pueblo que los eligió para representarle.
Pero realmente no importa. Se trata de otra batalla en la brega prolongada, de mucha gente y sectores, por adecentar e institucionalizar este país. ¿Quién ha creído que la democracia iba a ser un regalo de los gobernantes o de los beneficiarios del autoritarismo? Más bien, preparémonos, que las batallas cruciales para definirle un rumbo nuevo a esta sociedad, siguen pendientes y están por venir.
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