Un gas que pela
La Contraloría comprueba que RD$70 millones fueron desviados del programa de subsidio al GLP

La pesquisa incluyó a 288 envasadoras, de las cuales 67 reportaron ventas en exceso por un total de 8,100.373 galones, equivalentes a 66 millones 099 mil 041 pesos



Por Enilda Torres

La Contraloría General de la República concluyó la investigación sobre un posible fraude al Estado a través del programa subsidiado al Gas Licuado de Petróleo (GLP) por un monto de 70 millones de pesos y en el cual están involucradas once empresas distribuidoras del combustible y 67 envasadoras.

De acuerdo a los datos preliminares contenidos en la investigación, realizada por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría que preside Silvio Pimentel, se revela que las empresas distribuidoras Unigas, Areíto Gas, Edroda gas y Rey Gas reportaron para fines de subsidio una cantidad de galones de GLP superior a sus compras, durante los diez meses y medio que estuvo en vigencia el programa, el cual consistía en la entrega de cupones para la adquisición de cilindros de gas de 15, 25 y 50 libras para uso doméstico a un precio de 8 pesos con 16 centavos, cuando el precio real del galón estaba entre los 15 y 16 pesos.

Por ejemplo, la empresa Unigas aparece como que compró 3.7 millones de galones de GLP y vendió utilizando el subsidio 5.8 millones de galones, con una diferencia de 2.1 millones de galones. Ese numerito fue lo que llamó la atención para que la Contraloría fuera apoderada del caso y se abriera una investigación en la que también fueron involucradas las distribuidoras mencionadas arriba, así como las envasadoras Loncha Gas, Nicolás Gas, Café Gas y Pepín Gas.

El descuadre de Unigas, por ejemplo, que fue lo que despertó las suspicacias, se produjo durante el mes y medio (del 16 de mayo al 30 de junio) cuando el programa pasó a ser manejado por el Gabinete Social de la Presidencia, del cual forman parte Víctor Manzanillo y Peggy Cabral.

Consultado al respecto, Angel Lockward, ex secretario de Industria y Comercio, quien recibió una copia del borrador, comentó que faltan muchas informaciones en el mismo y que no hay evidencias de ningún fraude.

Dijo que los abultamientos en facturaciones de las distribuidoras y envasadoras implicadas se producen a partir de los meses de mayo y junio, cuando el programa dejó de pertenecer a la SEIC y pasó al Gabinete Social.

El programa, agregó Lockward, estaba conciliado y auditado por la Cámara de Cuentas y que él tiene todas las informaciones referentes a cualquier detalle que convenga analizar del reporte de la Contraloría.

“El hecho de que haya cinco o seis envasadoras descuadradas, de más de 400, revela que la mayoría está muy bien y no indica que esas envasadoras tengan problemas, sino que deben suministrar documentos adicionales”.

CASOS ESPECÍFICOS
En el caso de Unigas, esa distribuidora promedió ventas de 476 mil galones mensuales de GLP, por lo que Industria y Comercio cobró la suma de 34.4 millones de pesos, sin embargo en mes y medio, luego de pasar al Gabinete Social, esa misma empresa promedió 1.2 millones mensuales y realizó cobros por 12.8 millones de pesos.

“A nuestro entender, la solicitud de auditoría estaba debidamente justificada, aunque sólo sirve para clarificar actuaciones”, precisa Lockward en una comunicación de ocho páginas enviada al contralor Francisco Lalane José, con fecha 26 de octubre del presente año, en la que hace una serie de aclaraciones sobre el caso.

En la investigación se utilizó como parámetro que sólo el 67% del consumo de gas es para uso doméstico, sin embargo, la Asociación de Importadores y Distribuidores de GLP asegura que esa cantidad es irreal, pues sólo en Santo Domingo hay algunas plantas que venden GLP a autos y que en el interior del país casi todo el gas es para uso doméstico. E incluso [A]HORA constató que muchos choferes que usan gas en sus vehículos utilizan a sus esposas e hijos para que les compren el gas en cilindros de cien libras.

El 6 de febrero pasado, por disposición del presidente Hipólito Mejía, ante una amenaza de huelga y ante la imposibilidad de controlar el desvío de los cilindros de cien libras, precisamente hacia el transporte (comprado en ese caso por las esposas e hijos de choferes) se decidió bajar de 19.23 pesos el galón a 8 pesos y que se incluyeran los cilindros de cien libras en el programa.

Esa disposición presidencial produjo, como es obvio, un subsidio momentáneo mayor por galón de 11.23 pesos, pero a los pocos días (14 de febrero) el precio del GLP para uso doméstico se aumentó a 10 pesos el galón, debido a presiones y eventuales fraudes.

La Asociación de Importadores y Distribuidores de GLP hace una observación importante y es que las distribuidoras compran el gas a 15 grados celcius y que a su vez las envasadoras reciben el GLP a temperatura ambiente, lo que marca una diferencia de galones, pues el gas tiende a expandirse, es decir a convertirse en más.

Arturo Santana Reyes, en una carta dirigida a Angel Lockward con fecha 2 de noviembre de este año, sugiere que la eventualidad de un fraude en un pequeño grupo de distribuidoras y envasadoras de GLP debe profundizarse para establecer responsabilidades.

Dice que en el caso de las distribuidoras (Edrodagas, Areíto Gas, Rey Gas y Unigas) debe irse más al fondo en la composición de las irregularidades, en vista de que algunas tenían componentes externos, como es el caso de Unigas, que tiene un subdistribuidor.

De acuerdo al informe de la Contraloría, Edrodagas figura con un sobrante de 50 mil galones fruto de compras durante el período analizado de 5 millones 756 mil galones de GLP y ventas de 5 millones 806 mil galones. Areíto Gas, en tanto, aparece como que cobró al programa 775 mil galones, cuando en realidad compró 469 mil galones. Esta empresa, en un aparte, señala en un informe que el descuadre se debe a que tramitó el cobro de 178,826 galones de gas licuado de la envasadora Loncha Gas, el cual había comprado a otra distribuidora, así como al cambio de nombre que se produjo, es decir, al pasar de Enriquillo Gas (envasadora) a Areíto Gas (distribuidora).

En el caso de Rey Gas, el informe precisa que durante los diez meses y medio del programa compró 2.1 millones de galones y que cobró luego 2.28 millones.

EL BORRADOR
Copias del borrador de la investigación o revisión, como le llama la Contraloría, fueron enviadas al actual secretario de Industria y Comercio, Hugo Guiliani Cury; a Peggy Cabral, directora ejecutiva del Gabinete Social; a Víctor Manzanillo, director del programa de GLP y a Angel Lockward, ex secretario de Industria y Comercio. El documento se maneja con mucho hermetismo, sobre todo en la Contraloría, por considerar que los resultados no son los definitivos.

“Falta por emitir un informe final con las correcciones que hagan las personas e instituciones envueltas. Cuando tengamos eso, entonces el Contralor lo envía al Presidente de la República…ahí termina nuestro trabajo…”, dijo Silvio Pimentel.

La Contraloría inició los trabajos de investigación en junio y dos meses después elaboró el informe borrador. Para ello se sirvió de información recabada en la Secretaría de Industria y Comercio, de los importadores, así como de los distribuidores y envasadores sospechosos de haber cometido irregularidades en el cobro de gas subsidiado a través de cupones. La Contraloría se negó a entregar copia del informe borrador, señalando que todavía no es un documento público porque está en la fase de verificación con los eventuales implicados.

EL PROGRAMA
A la fecha, el programa de subsidio al GLP está descontinuado por decreto número 1015-01, emitido por el presidente Hipólito Mejía, quien de paso lamentó que los “pobres” no estén recibiendo el gas subsidiado debido al mal manejo y a la corrupción de desaprensivos en el manejo del programa.

El programa inició el primero de septiembre del 2000 bajo la administración de la Secretaría de Industria y Comercio. Empero, ocho meses y medio después, es decir, el 16 de mayo del 2001, por medio del decreto 537-01 pasó a ser administrado por el Gabinete Social, que mantiene un programa de asistencia focalizada en barrios y comunidades pobres del país con la venta de alimentos baratos, operativos médicos, arreglos de calles y financiamiento a la micro empresa. En el Gabinete permaneció sólo mes y medio hasta su suspensión.

Anterior al programa focalizado de subsidio, el GLP para uso doméstico era subsidiado. Industria y Comercio, bajo la administración de Luis Manuel Bonetti, utilizó un sistema en el cual estimó el consumo de gas doméstico, el volumen industrial y vehicular, lo que le permitió establecer porcentajes de ese consumo. De esa manera se le subsidiaba el gas a las tres importadoras: Refinería, Mundo Gas y Coastal.

Con el cambio de gobierno, las nuevas autoridades entendieron que con ese sistema se daba un trasiego de subsidio a sectores de clase alta, así como a la industria y el comercio.

De acuerdo a Federico A. Quezada, asesor económico de la SEIC, el gobierno decidió subsidiar todos los cilindros de 15, 25 y 50 libras y tuvo la iniciativa de poner en práctica un programa de sustitución de cilindros de cien libras por cilindros nuevos de 50 libras, el cual nunca se instrumentó debidamente y por lo tanto no se concretizó.

Quezada explicó que con el sistema de cupones las envasadoras tenían que cuadrar su compra y venta de gas subsidiado y levantar un acta indicando la operación.

“Ahí, en esta parte, fue que se dio el mayor fallo. En las envasadoras había muy pocos supervisores y no siempre se determinaba la operación en cada una de las plantas (más de 400) para determinar la numeración, y frente a esa incapacidad muchos dueños de plantas se confabularon con la persona que entregaba los cupones y hacía el acta, falsificaban o manipulaban la cantidad de metros recibidos con los servidos, establecían cantidades mayores a las vendidas y engañaban al fisco”, comentó Quezada.

El funcionario dijo que ahora sólo se espera el resultado final de la auditoría para someterlo al Presidente y éste lo tramitará a la Justicia para juzgar a quienes cometieron fraude.

Recordó que mientras se mantuvo el programa de cupones se dieron casos de envasadoras que fueron multadas con penas de 75 mil y cien mil pesos, y cerradas por incurrir en irregularidades con el manejo de los cupones.

Según el informe de la Contraloría se imprimió un total de 14 millones 350 mil cupones, equivalentes a 158 millones de galones de GLP, de los cuales se utilizaron 12 millones 937 mil cupones, que equivalen a 143 millones 500 mil galones de GLP.