Max Puig
Gobernabilidad democrática y reforma constitucional
El tema de la gobernabilidad democrática, tan llevado y traído en nuestros días, ha pasado a ser familiar en el discurso político, a menudo con los más diversos significados.
Hoy día se destaca que los regímenes democráticos tienen más legitimidad y son más eficaces que los autoritarios. Su legitimidad social se basaría en el respeto a las libertades, a la igualdad ante la ley, a su sistema judicial independiente y, sobre todo, en la tolerancia entre individuos, grupos y partidos. En cuanto a la eficacia, se insiste en que una sociedad cada vez más plural, diferenciada y compleja no puede ser manejada de manera adecuada desde un sistema político centralizado y autoritario. Un sistema democrático permitiría articular y encauzar, de forma regulada, las iniciativas de los diversos sectores de la sociedad.
Las condiciones aludidas constituyen un marco básico. Para que pueda hablarse, con propiedad, de gobernabilidad democrática habría que dar respuesta a una serie de desafíos. La legitimidad no se reduce al cumplimiento formal de los preceptos constitucionales y legales. No basta con que el gobierno sea reconocido como legítimo en sus orígenes; es necesario que la ciudadanía lo reconozca como propio. Además, no se debe percibir en el gobierno el propósito de abusar de su poder para perpetuarse en él o para aprovecharlo de manera indebida.
Todo lo anterior viene a cuento a propósito de la firma del Pacto para la Reforma Constitucional. Se pudo pensar que con este acuerdo de los tres principales partidos, políticos el país entraba en una fase de entendimientos propicia para la construcción de una gobernabilidad democrática.
Sin embargo, se observa que son muchas y profundas las resistencias al cumplimiento del pacto firmado por los dirigentes de los tres partidos teniendo al presidente Mejía, monseñor Agripino Núñez y representantes de la sociedad civil como testigos privilegiados.
Es muy probable que el grupo de legisladores decididos a bloquear el cumplimiento del acuerdo no hayan logrado comprender el daño que le hacen al sistema político con su proceder. Su insistencia en modificar la Constitución a su antojo, para producir una ilegal e ilegítima prolongación de su mandato, ha llevado el Congreso Nacional al descrédito público. Su comportamiento actual, destinado a desconocer el pacto, contribuye a extender el desprestigio al conjunto de los actores políticos.
Frente a esta situación, una gran responsabilidad pesa sobre los partidos políticos con representación legislativa. Pero ella pesa también, de manera particular, sobre el presidente de la República.
El presidente Mejía ha sabido defender sus posiciones con fuerza y vehemencia. Se empeñó en que el Congreso Nacional aprobara los bonos soberanos. Las señales del Poder Ejecutivo fueron claras. No cabía duda alguna del interés presidencial. Hizo valer todo tipo de argumentos para obtener el voto favorable, dio los pasos que consideró de lugar y sus esfuerzos se vieron coronados de éxito.
Con la misma claridad se está expresando ahora el Presidente con relación al proyecto de reforma policial. Ya les ha hecho saber a los legisladores de su partido qué espera: que le aprueben el proyecto sin que le cambien una coma.
El Presidente ha comunicado públicamente, en más de una ocasión, su rechazo absoluto a la reelección presidencial. Paradójicamente, ese punto de vista ha puesto el tema en discusión y le ha permitido a los legisladores del PRD propugnar por lo contrario, pronunciándose por su restablecimiento.
El punto más importante de los cuatro que componen el Pacto para la Reforma Constitucional es el que establece la consagración de la Asamblea Constituyente. Los legisladores perredeístas se resisten a su aprobación, con lo que desvirtúan el acuerdo suscrito por sus dirigentes nacionales.
Frente al planteamiento de los senadores que se oponen al pacto, la respuesta del primer mandatario no ha sido categórica. A diferencia de los casos de los bonos soberanos y de la reforma policial, el Presidente reconoció la facultad de los legisladores de obrar como lo consideren. Lo que los violadores del pacto vieron como la luz verde que esperaban para incumplir el compromiso nacional.
Hipólito Mejía sabe ser tajante. Si el Presidente ratificara su punto de vista contra la reelección, contra la prolongación y por el cumplimiento del pacto, con la misma claridad y firmeza con que defendió los bonos soberanos y asume su proyecto de reforma policial, seguramente que los legisladores de su partido lo escucharían y lo entenderían.
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