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Los lados oscuros
de las áreas protegidas
Manejos inadecuados de recursos y las diferencias de criterios en la ejecución de proyectos mantienen en crisis las labores de preservación de las áreas protegidas
Por Ivonne Ferreras
Cancelaciones de técnicos y funcionarios, solicitud de auditorías por manejos inadecuados de fondos, y la queja permanente de campesinos asentados en el entorno del Parque Nacional de Los Haitises, revelan que las cosas no andan del todo bien en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El secretario de Medio Ambiente, Frank Moya Pons, primero suspendió y luego pidió al presidente Hipólito Mejía la cancelación del subsecretario de Areas Protegidas, Julio César Ureña, y de inmediato ordenó una auditoría a esa gestión.
Después de más de una semana, el presidente Mejía emitió el decreto cancelando a Ureña, un medioambientalista perredeísta que venía del sector privado y que llegó a esa posición por sus lazos de amistad con el mandatario, los cuales tienen su origen cuando el hoy mandatario era secretario de Agricultura.
Moya Pons quitó del medio a un funcionario que desde el principio se le había constituido en un dolor de cabeza, primero porque manejaba a la Subsecretaría de Áreas Protegidas como si aún fuera una entidad independiente y se resistía a rendir cuentas de los fondos que generaba.
Ureña se acostumbró en los primeros cinco meses de gobierno a no tener que subordinarse a nadie más que a su amigo el presidente Mejía, porque no fue sino hasta enero cuando se produjo la centralización del sector medioambiental en virtud de la ley aprobada a mediados del 2000.
La antigua Dirección Nacional de Parques manejaba a su discreción los fondos provenientes de las entradas por visitación a los parques nacionales, las concesiones de los servicios que se brindan en las áreas protegidas, la venta de un sello pro parques (Ley 67) y las donaciones por cooperación de organismos internacionales, renglón que fue el que produjo el detonante para la salida del cargo de Ureña.
El destituido subsecretario fue desde el principio un elemento de confrontación con Moya Pons porque ambos tenían visiones diferentes de cómo dirigir la política medioambiental del gobierno. Cuando ya el secretario no aguantó más y dispuso la suspensión de Ureña y le pidió al presidente Mejía su destitución, fue con el manejo de un proyecto que se ejecuta en Los Haitises con una cooperación técnica ascendente a 48 millones de pesos suministrada por la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ).
Ureña y su equipo se oponían a una reformulación del proyecto propuesta por el secretario de Medio Ambiente por entender que el mismo tendía a centralizar el manejo de Los Haitises en vez de instituir un modelo de cogestión con la participación de los representantes de las 40 comunidades que bordean el parque. La combinación de ambos factores, la resistencia de Ureña a que los recursos que generaba esa subsecretaría fueran manejados por la Secretaría de Medio Ambiente y la discrepancia pública sobre la ejecución de uno de los proyectos más delicados de la gestión social, llevó al climax un conflicto en el que las áreas protegidas son las Por Ivonne Ferreras
Cancelaciones de técnicos y funcionarios, solicitud de auditorías por manejos inadecuados de fondos, y la queja permanente de campesinos asentados en el entorno del Parque Nacional de Los Haitises, revelan que las cosas no andan del todo bien en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El secretario de Medio Ambiente, Frank Moya Pons, primero suspendió y luego pidió al presidente Hipólito Mejía la cancelación del subsecretario de Areas Protegidas, Julio César Ureña, y de inmediato ordenó una auditoría a esa gestión.
Después de más de una semana, el presidente Mejía emitió el decreto cancelando a Ureña, un medioambientalista perredeísta que venía del sector privado y que llegó a esa posición por sus lazos de amistad con el mandatario, los cuales tienen su origen cuando el hoy mandatario era secretario de Agricultura.
Moya Pons quitó del medio a un funcionario que desde el principio se le había constituido en un dolor de cabeza, primero porque manejaba a la Subsecretaría de Áreas Protegidas como si aún fuera una entidad independiente y se resistía a rendir cuentas de los fondos que generaba.
Ureña se acostumbró en los primeros cinco meses de gobierno a no tener que subordinarse a nadie más que a su amigo el presidente Mejía, porque no fue sino hasta enero cuando se produjo la centralización del sector medioambiental en virtud de la ley aprobada a mediados del 2000.
La antigua Dirección Nacional de Parques manejaba a su discreción los fondos provenientes de las entradas por visitación a los parques nacionales, las concesiones de los servicios que se brindan en las áreas protegidas, la venta de un sello pro parques (Ley 67) y las donaciones por cooperación de organismos internacionales, renglón que fue el que produjo el detonante para la salida del cargo de Ureña.
El destituido subsecretario fue desde el principio un elemento de confrontación con Moya Pons porque ambos tenían visiones diferentes de cómo dirigir la política medioambiental del gobierno. Cuando ya el secretario no aguantó más y dispuso la suspensión de Ureña y le pidió al presidente Mejía su destitución, fue con el manejo de un proyecto que se ejecuta en Los Haitises con una cooperación técnica ascendente a 48 millones de pesos suministrada por la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ).
Ureña y su equipo se oponían a una reformulación del proyecto propuesta por el secretario de Medio Ambiente por entender que el mismo tendía a centralizar el manejo de Los Haitises en vez de instituir un modelo de cogestión con la participación de los representantes de las 40 comunidades que bordean el parque. La combinación de ambos factores, la resistencia de Ureña a que los recursos que generaba esa subsecretaría fueran manejados por la Secretaría de Medio Ambiente y la discrepancia pública sobre la ejecución de uno de los proyectos más delicados de la gestión social, llevó al climax un conflicto en el que las áreas protegidas son las más perjudicadas. Reporteros de [A]HORA hicieron esfuerzos porque el destituido subsecretario diera su versión de los hechos y explicara la forma cómo manejó los recursos producidos en esa dependencia, y aunque en varias ocasiones dio las citas para recibir a los reporteros, por tres ocasiones las suspendió.
LA HISTORIA DEL PROYECTO
Todo comienza en el 1997 cuando el gobierno dominicano, vía la Dirección Nacional de Parques y el Plan Quisqueya Verde, designa una misión para que, a través del Programa de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), se ejecute un proyecto para la protección de áreas verdes. Se decide entonces que la zona adecuada para implementar la propuesta es el Parque Nacional de Los Haitises, debido a la importancia de la zona.
A partir de ahí, según relata Nelson Fortuna, hasta ese momento asesor del proyecto, se hace un estudio de la zona y se elabora un perfil de la propuesta y posteriormente se firma el documento entre los dos gobiernos como preacuerdo bilateral.
Agrega que en junio de 1999 se autoriza la ejecución del plan denominado "Gestión de Recursos Naturales", inicia la contratación de técnicos para su implementacion y son presentadas las nuevas autoridades gubernamentales cuando asumen en el 2000. Conjuntamente se realizan una serie de talleres de actualización del Plan Operativo y se establecen cinco resultados: tres para implementarse en el área de Los Haitises y dos para el componente de asesoría del gobierno dominicano en el área de los recursos naturales.
En relación a Los Haitises se acordó elaborar un plan operativo de manejo para la zona de amortiguamiento, aprobado y en aplicación en un 80 por ciento hasta el 2003, en el que se pretende fijar con los usuarios criterios sobre manejo de los recursos naturales y reglamentación del uso restringido.
A saber, el proyecto contempla la elaboración de un plan de manejo de la zona de amortiguamiento, apoyar el proceso de aplicación de reglamentos sobre la explotación y uso restringido en la zona de amortiguamiento, apoyar el reasentamiento de personas desalojadas o por desalojar, identificar y apoyar mecanismos de compensación para expropietarios de terrenos, desarrollar con organismos gubernamentales, ONGs y grupos de base una oferta de asistencia técnica según las necesidades de la población y fomentar actividades de ecoturismo.
Asimismo, el proyecto contempla el establecimiento de un sistema de control entre las organizaciones participantes, incluidas las organizaciones de base, desarrollar la infraestructura y proveer equipamientos complementarios en áreas críticas, apoyar la supervisión de la delimitación física del proyecto, desarrollar e implementar con los involucrados un sistema participativo de monitoreo y evaluación, desarrollar programas de educación ambiental y capacitación integral, apoyar el intercambio y la colaboración entre las organizaciones de base, apoyar a los grupos de base en su proceso de desarrollo, fomentar la integración de las mujeres y jóvenes en el proceso de planificación y ejecución de las actividades a nivel de las poblaciones e identificar con los involucrados las posibilidades de diversificación en generación de ingresos y apoyar los pequeños proyectos.
Fortuna señala la obsesión del secretario por agrandar el parque, que en la actualidad abarca un área de 208 kilómetros cuadrados, sin tomar en cuenta a la gente que vive en la zona.
Los técnicos entienden que para ampliar las dimensiones del parque hay que trabajar con la comunidad y agotar un proceso de organización acorde con lo que establece la ley.
En torno al proyecto, asegura que se acordó un rediseño y se hizo una presentación del mismo el pasado tres de octubre en la sede de la propia secretaría, donde su titular supuestamente perdió la compostura y arremetió contra todos los técnicos.
Tal comportamiento provocó la reacción del técnico Gabriel Valdez, quien acusó a Moya Pons de violar la Ley 64, que establece en sus artículos manejarse con las partes involucradas, tal y como ocurre con el "Proyecto de Gestión de Recursos Naturales-GTZ". Esa reacción le costó el puesto.
El jueves 20 del pasado mes (septiembre) el secretario de Medio Ambiente militarizó la Subsecretaría de Areas Protegidas, sin permitir el acceso de los empleados durante tres días, bajo el argumento de que existe corrupción en el manejo de los recursos de esa dependencia. Durante dos días fueron introducidas personas de su confianza para investigar la situación y posteriormente se solicitó la realización de una auditoría y la cancelación de Ureña.
Valdez, nombrado por Ureña al inicio de su gestión, tiene en su récord el haber sido cancelado de lo que antes se denominaba Dirección Nacional de Parques, durante las gestiones del general Pedro de Jesús Candelier, en el gobierno de Joaquín Balaguer, y de Omar Ramírez, en la gestión de Leonel Fernández, y ahora por Frank Moya Pons, en la administración de Hipólito Mejía.
¿QUÉ SE PRETENDE?
¿Qué se pretende con todas esas actuaciones? Es la pregunta obligada. El técnico Fortuna dice te nerlo muy claro. A su juicio Moya Pons pretende transformar el proyecto de manera que no sea acompañado del fortalecimiento a las organizaciones, debido a que ello se contrapone a sus planes de explotar económicamente el parque.
No es todo, acusan al secretario de Medio Ambiente de tratar de centralizar lo que tiene que ver con la cartera que dirige, y se hace referencia a otro proyecto manejado vía el Secretariado Técnico de la Presidencia, destinado a diferentes proyectos en zonas devastadas por el ciclón Georges, que envuelve 8 millones de pesos. Esos fondos, según consta en una comunicación enviada al propio Moya Pons, fueron desviados para otras iniciativas sin informar de ello a ninguna de las partes involucradas.
El proyecto contempla la construcción de caminos de acceso a la zona de amortiguamiento del parque, reconstrucción de parcelas y la impartición de cursos y talleres para los residentes en el lugar.
Esa fue la causa por la que grupos de campesinos, asesorados por el sindicalista Francisco Antonio Santos, se presentaron a la sede de la secretaría para reclamar una explicación en torno al hecho. En la ocasión entregaron una misiva en la que se hace constar que "inexplicablemente y sin tomar en cuenta a las comunidades y sus organizaciones dispuso desviar los recursos donados a fines desconocidos por nosotros".
Y así como ésta, otras comunicaciones han sido enviadas a los ejecutivos de la GTZ, sin excluir al propio Presidente de la República, a quien han advertido sobre las intenciones de perjudicar a los campesinos y desnaturalizar el proyecto.
Más aún, tanto Santos como los técnicos cancelados, entienden que Moya Pons no tiene otro interés en Los Haitises que no sea el de la construcción de una carretera turística para la instalación de cinco teleféricos, mientras obstruye la construcción de caminos en beneficio de los campesinos.
"Moya Pons no está interesado en preservar Los Haitises", dice Francisco Antonio Santos, quien asegura que la intención de la instalación de los teleféricos iniciaría por Caño Hondo, un santuario de la naturaleza, para lo cual iniciaron los contactos hacia la firma de un acuerdo con la empresa Lluvia de Bosque, promovida por un empresario venezolano que vive en Panamá y que tiene instalado ese tipo de negocios en Costa Rica”.
Moya Pons suspendió en dos ocasiones la cita que tenía con reporteros de [A]HORA para fijar su posición en torno al caso y responder a las acusaciones que le hacen los técnicos cancelados y la organización de campesinos que dirige Santos.
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