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La Ciénaga
Un rostro demudado
ante la incertidumbre
El desarrollo urbano desde abajo, sin planificación y repleto de oquedades ha dado lugar a semilleros de pobreza que circundan la ciudad capital
Por Pedro Canó
Santo Domingo está repleta y circundada de barriadas irreguladas donde falta todo por hacer. Lugares donde la violencia social y la delincuencia son el pan de cada día, estos almacenes de fuerza de trabajo barata son una excrecencia del sistema.
Gente que viene del campo, donde han perdido las esperanzas y no cuentan con los elementos mínimos que garanticen su pervivencia con dignidad siquiera a mediano plazo, viene a poblar los baldíos de los centros urbanos, preferiblemente en Santo Domingo.
Así, los terrenos cenagosos a orillas de los cursos de agua capitalinos son lugar de primera elección para tanta gente desarraigada.
En principio, es el espejismo del progreso como una dimensión que culmina un proceso de esfuerzos. Luego, cuando a fuerza de esfuerzo no se llega al sitio pretendido, es la frustración. Eso es la pobreza. Carencia material, desazón espiritual y ausencia de un horizonte realizable con las manos propias.
La Ciénaga cumple cabalmente con los requisitos para integrar ese cuadro.
¿QUIÉNES VIVEN ALLÍ?
En el 1997 Ciudad Alternativa, organización de la sociedad civil que conduce trabajos en el área, determinó, por un censo, que 18,000 personas vivían allí en 3,399 viviendas. El 95,7% de los jefes de hogar es inmigrante, sea desde otros barrios o desde el interior del país, sobre todo de la región Sur.
Con un millón de hogares pobres en el país, según datos de la ONAPLAN del 1996, La Ciénaga es apenas un granito de arena en una playa. Pero sucede que este granito representa, además, a una de las colecciones de viviendas más pobres de ese millón.
Efectivamente, el conjunto de barriadas que se asienta a orillas del Ozama corresponde a las más pobres del país: la condición de sus habitantes cae por debajo del sesgo de pobreza y se interna en el dominio de los índices de pobreza extrema.
Las dos terceras partes de los pobladores perciben menos de tres mil pesos mensuales y sólo un 15% recibe 5,000 pesos o más al mes.
Casi la mitad de los pobladores tiene menos de 20 años. El 49% son mujeres y el 51% son hombres.
Un 18% de los menores de 14 años no ha sido declarado, por lo que no participan ni del sistema de educación formal ni son sujetes plenos de derecho bajo las reglas en vigencia. Son, en teoría, no-pobladores; humareda de un fuego que se ahoga en su fatuidad.
Tres cuartas partes de los habitantes viven en casas de uno o dos dormitorios; esto es, en serias condiciones de hacinamiento, con toda su secuela de problemas interpersonales y con el resultado de una malformación de la imagen que el individuo sometido a tales condiciones se hace de la vida social.
Así, sólo como muestra, cerca de una cuarta parte de las mujeres de menos de 15 años ha sido madre al menos una vez. Asimismo, más de las tres cuartas partes de las menores de veinte años son madres.
CONDICIONES DE VIDA
Hay una escuela pública con 14 aulas que funciona en horario matutino y vespertino, con una matrícula de 1,078 alumnos. Pero funcionan varias escuelas informales en patios de la vecindad.
El 72% de los menores de 6 años no asiste a escuela alguna, mientras que el 32% de los que tienen entre 15 y 19 años ya no asiste a la escuela. No hay liceo en el barrio, por lo que quienes aún cursan en ese nivel deben desplazarse a otras zonas.
En cuanto a las condiciones de salud, la alimentación inadecuada, tanto en calidad como en cantidad de nutrientes, plantea un problema de inicio, que se agrava cuando se presentan los cuadros patológicos –muy abundantes dados los niveles de contaminación e insalubridad- y se requiere asistencia profesional, prácticamente inexistente en el sector.
El 11% de los niños presenta cuadros de desnutrición. Los males intestinales y respiratorios aquejan a gran parte de la población. Ante la proximidad de las fuentes de agua estancada, las enfermedades que tienen al mosquito como vector son endémicas –aunque así no lo planteen las estimaciones oficiales.
Aunque el 80% de los pobladores se declara propietario de su vivienda, el 20% restante paga alquiler o vive en casa prestada. A todo esto, los terrenos son propiedad del Estado. El 93% de las casas tiene techo de zinc y el 92% posee piso de cemento.
La mitad de los hogares recibe agua en el interior de la vivienda; el resto debe acarrearla desde algún punto de la barriada. Ahora bien, las redes de suministro de agua han sido concebidas e instaladas por los propios moradores, por lo que su confiabilidad técnica e higiénica es mínima.
El 98% de las viviendas recibe servicio de energía eléctrica, pero la casi totalidad por conexiones irregulares. La mayoría, pues, no paga el servicio. Un 32% de los hogares recibe servicio telefónico.
Por otro lado, un 28% de las viviendas no tiene solución sanitaria alguna; un 17% usa letrinas colectivas, el 48% tiene letrina individual y el 7% tiene inodoro. La manera en que tales instalaciones sanitarias irregulares inciden sobre los niveles de contaminación de las aguas freáticas debe ser alarmante. Asimismo, es escaso el servicio de recogida de basura.
Las condiciones, pues, son las propicias para la vida entre el temor por lo que pueda venir. ¿Es posible llamar a eso vida?
UN POCO DE HISTORIA
Sus primeros pobladores provinieron del Cibao a inicios de los sesenta. Grosso modo, en la actualidad poco más de la tercera parte de los pobladores son nativos, mientras que algo más de las dos terceras partes son inmigrantes, en su mayoría de la región Sur y, muchos, de la poblaciones de la periferia de la ciudad de Santo Domingo.
Antes de que se poblara, los habitantes de Los Guandules cultivaban frutos menores en esos baldíos. Con la muerte de Trujillo, ya iniciado el proceso de urbanización de la sociedad dominicana, esos terrenos empezaron a tener valor como parte del casco urbano.
Primero vinieron los asentamientos en torno al Puente Duarte, en la parte que aún se reconoce como la entrada al barrio, y en el sector de Clarín, así llamado porque en ese lugar se encontraban las antenas y repetidoras de Radio Clarín. En su casi totalidad los recién llegados venían de la zona rural.
La población fue creciendo paulatinamente durante años y el tejido social se fue haciendo cada vez más fuerte, tanto por la propia fuerza de la vida en común como por los imperativos de defensa ante la presión estatal para desalojarlos.
Tales intentos o procesos de desalojo se han operado, principalmente, durante el régimen de los doce años de Joaquín Balaguer y, después, en su otro período de gobierno de diez años.
Efectivamente, se han realizado varios desalojos masivos, que han tenido como excusa procesos de construcción de viviendas por parte del Gobierno para beneficiar a los desalojados, pero estos procesos han sido objeto de conflictos porque, al final, los beneficiarios no han sido, en su mayoría, habitantes del bario, sino dirigentes políticos y activistas del partido en el poder. Al final, estos procesos sólo han contribuido a la situación de desazón de quienes allí habitan.
Hoy se siguen barajando propuestas para solucionar la situación de hacinamiento en que viven sus pobladores –apenas uno de los componentes del círculo de pobreza. Entre esas soluciones se distinguen las que han resultado de los estudios y proyectos comunitarios, como el Plan Cigua y los trabajos del Plan RESURE, que propone integrar antes que desvincular estos asentamientos a la ciudad formal.
LOS TEMORES ACTUALES en EL OZAMA
La vida de los pobladores de La Ciénaga y Los Guandules está íntimamente relacionada con la vida y muerte del Ozama.
Para los moradores, el Ozama es vía de comunicación, fuente de alimentación, fuente de agua para la satisfacción de sus necesidades y, además, enemigo al acecho.
Mientras más cerca del río se vive, más fácil resulta acarrear el agua hasta la casa, al tiempo que más precaria es la situación de la vivienda. En una crecida, el río podría –ya lo ha hecho- borrar muchos hogares de la faz de la tierra.
Hace años que se trabaja y habla de iniciar un proceso de dragado del Ozama. Planes que van y vienen crispan los nervios de la población y ponen en pie de lucha a las organizaciones comunitarias.
¿Se oponen las organizaciones al saneamiento del río? No. Por el contrario, lo han solicitado desde hace años. Empero, esta y otras excusas han servido en el pasado para iniciar procesos de desalojo que han perjudicado a los moradores sin beneficiar a nadie. Hay, pues, temores fundados.
Recientemente, el Poder Ejecutivo ha solicitado un préstamo por 368 millones de dólares para invertirlos en el saneamiento de la ría y el desalojo y reubicación de miles de familias que viven en situación peligrosa en su ribera.
Si bien varios planes de desarrollo se han hecho públicos con anterioridad, en el presente caso existe una solicitud de crédito –6,219,200,000 de pesos a la tasa oficial vigente-- destinada exclusivamente a esos fines.
En el presente los nervios y las quejas se relacionan con la falta de transparencia en el manejo ejecutivo del proyecto por parte de las autoridades que, en palabras de dirigentes comunitarios y parroquiales, no han informado lo más mínimo respecto de lo que se plantean realizar a quienes se beneficiarían más directamente de las soluciones propuestas: los moradores de los precarios terrenos ganados al Ozama en el curso de los años.
A pesar de que el proyecto ha sido anunciado públicamente, los moradores que serían desalojados no tienen la menor idea de dónde serían reubicados, cuándo y cómo. Los temores son fundados, porque cuando se pregunta las respuestas oficiales se contradicen.
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