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Max Puig
Sin recortes ni adiciones
Es posible que, en el fondo de ellos mismos, los firmantes del Pacto para la Reforma Constitucional no estén plenamente de acuerdo con todas y cada una de las estipulaciones de este convenio. Es probable que alguna de las fuerzas políticas que lo rubricó desee una reforma constitucional más amplia en el corto plazo, realizada por la Asamblea Nacional en funciones de Asamblea Revisora. A lo mejor otra de las organizaciones signatarias prefiera limitar la revisión de la Carta Magna al establecimiento de la Asamblea Constituyente y nada más. Y quién sabe si para el tercero lo mejor sería, después de todo, dejar que las cosas se queden como están.
Se puede pensar todo cuanto se acabar de decir y muchas otras cosas. No obstante, más allá de cualquier ejercicio especulativo que podamos realizar, es importante para la salud institucional del país que el pacto se cumpla. Y que se cumpla sin recortes ni adiciones.
Cuando de transacciones se trata, las más de las veces las partes involucradas en éstas se ven precisadas a ceder en sus pretensiones, aceptando planteamientos o exigencias de los demás participantes. En interés, precisamente, de llegar a un entendido.
En el caso que nos ocupa el acuerdo suscrito toca un tema delicado: la reforma de la Constitución de la República en los acápites que se refieren al poder constituyente. ¿Qué es este poder, desde la perspectiva de la ciencia jurídica? Como nos lo recuerda Antonio Negri, el poder constituyente es la fuente de producción de las normas constitucionales, o sea la capacidad de establecer, a través de una constitución, las normas fundamentales que organizan los poderes del Estado. Dicho de otra manera, es el poder de instaurar el ordenamiento jurídico de una comunidad, lo que implica los modos de atribución y de ejercicio del poder, así como las relaciones entre los ciudadanos y el Estado.
Luego de múltiples avatares, llegaron a una avenencia sobre la reforma constitucional los dirigentes de los tres partidos a los que pertenecen la mayoría de los senadores y diputados, es decir, quienes tienen la facultad, de acuerdo a la Constitución vigente, para decidir acerca de la modificación de la ley fundamental.
El aspecto más importante del contrato político al que se arribó es el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, elegida mediante el voto popular, como mecanismo idóneo para producir la reforma de la Carta Magna. La consagración de esta figura jurídica constituye un logro incontestable de todas las fuerzas y sectores de país que la han venido reclamando como instrumento adecuado para la modernización y democratización de las instituciones políticas de la nación. Al mismo tiempo, los dirigentes de los tres partidos decidieron modificaciones diversas en materia electoral, destacándose entre éstas la reducción del porcentaje requerido para la elección del Presidente de la República, con lo que se satisface un reclamo del Partido Revolucionario Dominicano.
Al declarar como crimen de lesa patria la prolongación irregular del mandato legislativo que acariciaba un grupo numeroso de legisladores, el acuerdo de los tres partidos auspiciado por el presidente de la República y logrado en gran medida gracias a la diligencia de monseñor Agripino Núñez Collado y a la actitud civilista de representantes de la sociedad civil, neutraliza también una grave amenaza que se cernía sobre la institucionalidad democrática.
De modo que, al margen de cualquier consideración particular que se pueda tener sobre la forma en que se llegó al Pacto para la reforma constitucional y en torno a sus participantes y al papel jugado por cada uno de éstos, lo importante ahora es que éste se cumpla sin fisuras ni distorsiones que pudieran desvirtuarlo.
Las razones que apoyan esta necesidad son muchas y trascienden la República Dominicana. Las principales economías del mundo han sufrido, y van a seguir sufriendo, los efectos de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Todavía estamos a tiempo para tomar medidas que contribuyan a reducir los efectos posibles de esa crisis política y económica mundial a nivel nacional.
Es momento de concertaciones y acercamientos. Se impone dejar de lado conflictos secundarios y producir alianzas y acuerdos que ayuden a mejorar las posibilidades del país de salir adelante. El pacto suscrito va en la dirección anterior. Contribuye a disminuir tensiones y a orientar esfuerzos comunes colocando como norte los intereses de toda la nación.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo desplegado y de los logros alcanzados, no han sido despejadas todas las dudas. Hay confusión en torno al texto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y hay legisladores que se resisten a cumplir el acuerdo, pretendiendo alterar los compromisos establecidos por sus líderes partidarios. Con sus actitudes y comportamientos, esos legisladores contribuyen de nuevo al desprestigio de la actividad política y a la deslegitimación de los procedimientos democráticos. Eso le hace daño al país. El pacto se debe cumplir. Sin recortes ni adiciones.
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