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Guillermo Moreno
Coalición por la reforma policial
La prensa ha reseñado las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, doctora Rafaela Alburquerque, conforme a las cuales ella ha confesado que no pone en agenda el anteproyecto de ley sobre la reforma policial “por las contradicciones que existen entre los miembros de la institución del orden”. A lo cual añadió: “Eso hay que llevarlo con mucho cuidado, porque hay muchos sectores dentro de la misma Policía que están contrarios a ese proyecto”. Se refirió a que muchos generales de la institución del orden “dicen que no fueron tomados en cuenta para la elaboración del proyecto de reforma y muestran disconformidad, y si ellos no están conformes cómo vamos a ejecutar esa ley”.
Estas declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados plantean muchas interrogantes sobre sus criterios en torno a la función legislativa. Conforme se desprende de sus declaraciones, un proyecto de ley no se pondría en agenda mientras haya sectores que lo objeten. De ser así no se hubiera promulgado una sola ley en el Estado, toda vez que éstas siempre afectan intereses. ¿Por qué las contradicciones entre bandos dentro de la Policía debe detener la labor del Congreso? ¿Acaso la ley de reforma de la Policía interesa sólo a los policías o es de interés general para la ciudadanía? ¿Por qué los que se oponen no asisten a las vistas del hemiciclo y exponen públicamente sus razones?
La doctora Alburquerque dio una pista sobre quiénes son los que se oponen al proyecto de reforma policial. Al final de sus declaraciones dijo: “y te hablo de policías de nacimiento, de origen, no de policías que están ahí por una circunstancia, sino de los policías fundadores de la misma Policía Nacional”. Es decir, como era de suponer, los sectores que llevan décadas enquistados en la Policía son los que se están oponiendo a que se aprueben las limitadas reformas que ha propuesto el Poder Ejecutivo.
No hay que ser avezado para saber que, con los límites de este Congreso, de lo cual son un ejemplo las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, finalmente se aprobará una ley de reforma de la Policía Nacional que no tocará los problemas de fondo de esta institución.
Desde la caída de Trujillo pocas demandas han sido reclamadas de modo tan constante por la sociedad y en ninguna, como en ésta, se ha logrado tan poco luego de 40 años de transición democrática. La Policía conserva intactos los métodos y la mentalidad trujillista.
Realmente la Policía nuestra no tiene nada de civil, es un cuerpo enteramente militar. Por eso uno de los ejes de la reforma es la desmilitarización de la Policía, restituyéndole su carácter de cuerpo enteramente civil, sin rangos, ni métodos, ni mentalidad militar. Que su cabeza sea un director civil. Esto supondrá, indudablemente, otro esquema de reclutamiento, buscando miembros mejor capacitados para actuar frente a los conflictos y para pacificar a la sociedad; pero igualmente esto va a requerir mejores condiciones salariales y de equipamiento y de seguridad social para todos los policías.
La Policía Nacional es la principal fuente de violación de los derechos y libertades fundamentales. El hecho de que, tan sólo desde el primero de mayo al 30 de septiembre, hayan muerto 63 personas en intercambios de disparos con miembros de la uniformada, revela que la Policía compite con la delincuencia en la creación del clima de inseguridad que afecta a la sociedad dominicana. En estas circunstancias sin reforma policial no habrá lucha efectiva contra la delincuencia. Las fronteras entre Policía y delincuencia están desdibujadas.
Por esa razón uno de los ejes de la reforma se refiere a que se le elimine a la Policía toda facultad para investigar las infracciones. Que para ello debe crearse un cuerpo técnico de investigación, adscrito al Ministerio Público, que apoye a éste en esa labor. Que la Policía, sea que se quede con su estructura actual o que adopte un carácter comunitario, debe quedar reducida a la condición de Policía administrativa, de carácter preventivo.
Si algo ha padecido la sociedad dominicana es la impunidad con que actúa la Policía. Esta carece de verdaderos controles internos y sobre ella no se ejerce el control jurisdiccional del Estado. De aquí resulta que otro de los ejes de la reforma policial es la eliminación de los mal llamados tribunales y códigos policiales. La reforma supondrá que todo policía que cometa un delito o un crimen deberá ser investigado y juzgado por un tribunal ordinario y por los funcionarios y conforme a los procedimientos y leyes aplicables a todo ciudadano dominicano.
Parece llegado el momento de que la ciudadanía tome en sus manos la reforma policial. La sociedad civil no debe prestarse para legitimar los acuerdos de aposento a que se lleguen para presentar una falsa reforma policial. Es tiempo ya de que todos los sectores preocupados por nuestra democracia y por la vigencia del Estado de Derecho formen una coalición y se den un plan de trabajo para presionar frente a los poderes del Estado por la reforma policial.
La reforma policial interesa a todos. Sólo movilizando y uniendo voluntades, podremos influir en alcanzar la que es la más importante reforma democrática en nuestro país.
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