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Rafael Peralta Romero
El PLD sabe de circunstancias
Cuando el doctor Leonel Fernández recorría todo el territorio nacional --en 1998- tratando de conseguir la aceptación de la ciudadanía para los candidatos peledeístas al Congreso Nacional, buscaba en última instancia –o quizás en primera- asegurarse una adecuada representación congresional con la que pudiera lograr un objetivo fundamental: reformar la Constitución.
El impedimento constitucional de la repostulación fue para Fernández y los peledeístas un verdadero tormento. Durante el cuatrienio que les tocó gobernar, todos los miembros del PLD proclamaron que no tenían más candidato presidencial que el entonces presidente Fernández.
A contrapelo de lo escrito en la carta Magna, Fernández y el PLD se embarcaron en una campaña por la repostulación que se expresó en tres vertientes: a) Trataron de conquistar, aun menoscabando la dignidad presidencial, la mayoría que soñaban, b) Usaron amenazas y bravuconerías como “el PLD se queda en el gobierno aunque haya que repetir acciones como la de la Liga Municipal”.
c)Propusieron al Partido Revolucionario Dominicano una reforma constitucional en la que que el partido blanco concedería levantar la prohibición a la reelección presidencial y el PLD concedería a cambio disminuir el porcentaje de votos requeridos para ganar la Presidencia.
De esos hechos hace poco más de un año. Por eso no se entendía la actitud tajante de rechazo a la reforma ahora exhibida por el partido morado durante la pasada semana. Nos pareció una demostración más de la circunstancialidad que predomina en el quehacer político nacional y acentuó un carácter de vacuidad en la retórica peledeísta.
El tema de la reforma constitucional ha estado en la boca de los líderes políticos en las últimas décadas. Quizás el doctor Joaquín Balaguer haya sido el menos recurrente en el asunto, porque se ha manejado desde 1966 con la Constitución que él quiso. El PRD ha sido, sin duda alguna, el principal sostenedor de esta demanda.
Más recientemente, en que sectores tales como el empresariado, los intelectuales e instituciones profesionales se han aglutinado en un estupendo grupo de presión denominado “sociedad civil”, el reclamo de modernización del Estado, a través de su legislación fundamental, ha sido un grito común.
La circunstancialidad llevó a algunos sectores a objetar apasionadamente la reforma promovida por algunos legisladores, en ejercicio de sus facultades legales. De ahí surgió no sólo que senadores y diputados querían extenderse el período para el que fueron elegidos, sino que el Gobierno estaba presuntamente interesado en ello, porque también el Presidente Hipólito Mejía, se beneficiaría con tal medida.
No bastaron las repetidas negativas y desautorizaciones del mandatario, pues el PLD siguió divulgando el asunto. El Presidente Mejía creó una comisión multisectorial para estudiar a fondo la reforma constitucional en la que estuvieron representados todos los colores políticos y de opinión pública. La comisión rindió su informe. Esta es, podríamos decir, la primera fase de la reforma constitucional. Todos opinaron en un escenario donde sus opiniones serían validadas efectivamente.
El pacto suscrito al mediodía del jueves 27 en el Palacio Nacional se traduce en un cambio de actitud del partido morado e imprime un sello de madurez al discurso político criollo. Total, el PLD suele repetir que en política se hace lo que conviene a los intereses de quien actúa. Las reformas propuestas por el Presidente Mejía no perjudican a nadie.
Los cuatro puntos sobre los que se fundamenta el pacto atañen a todos los partidos por igual, pero el más concesivo ha sido precisamente el PRD. Veamos porqué. Eliminar los colegios cerrados suprime una aspiración del PRD por la desconfianza generada en el pasado por algunos gobernantes en cuanto al manejo de las elecciones. Modificar el 50 por ciento como requisito para ganar las elecciones, llevándolo a 45 por ciento, es una concesión aparente al PRD, pero se supone que los tres partidos mayoritarios están en situación de aspirar a ese porcentaje.
El tercer punto del Pacto procura consagrar la elección popular para los representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano. Hasta el momento es una prerrogativa del Poder Ejecutivo, lo cual significa un desprendimiento por parte del Presidente Mejía de una facultad de la que disfrutaron en su momento otros jefes de Estado.
Y el cuarto asunto incluido en el acuerdo propugna por “modificar los artículos 117 y 118 para introducir la figura jurídica de la Constituyente para reformar la Constitución, dejando a la ley todo lo relativo a su composición. Sus integrantes se elegirán en los comicios electorales de mayo del 2002”.
Una vez se apruebe esta reforma, los legisladores actuales ceden su derecho a reformar la Constitución a unos legisladores transitorios que deberán ser elegidos por el pueblo, entre los cuales podrá haber suficientes representantes de la Sociedad Civil y todo el que pueda ser elegido, desde profesores universitarios hasta merengueros.
El pacto fue suscrito por el Partido Reformista Social Cristiano, el PRD y el PLD, y firmó como testigo el Presidente Mejía. La reforma está en pie. Comienza ahora y será después. El PLD sabe de circunstancias.
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