1 de Octubre del 2001 • Edición número 1,222
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Negociando la soberanía

el gobierno de los diez años de balaguer
De las crisis al inicio de
la privatización



Por Leopoldo Espaillat Nanita

De los actos iniciales de Balaguer en 1986, que mostraban un inútil esfuerzo por restar importancia a su falta de visión, fue el hacerse cargo personalmente de la Corporación Dominicana de Electricidad, cosa de la cual tuvo que desprenderse a los pocos días, y de la misma manera el auto-designarse como supervisor de la reforestación de la cuenca Higüey-Aguacate, cuyo proyecto de aprovechamiento se colocaba en el primer orden de prioridad. Fue precisamente esta ambiciosa obra hidroeléctrica, con un alto componente importado y financiada en su totalidad con recursos propios de los ingresos del Estado, uno de los factores distorsionantes de la economía dominicana en este período.

La conjunción en el tiempo de grandes proyectos de construcción en el breve período de cuatro años creó un enorme desbalance entre sus requerimientos de insumos y la capacidad de sustentación instalada de la industria de construcción y de la mano de obra calificada y no calificada de ésta. Se desarrollaban simultáneamente con la presa de Higuey-Aguacate y parte de las obras del acueducto de Santo Domingo, la expansión de la Terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas, el Faro a Colón y El Acuario, la carretera Duarte, y otras importantes obras de cosmética urbana en la ciudad capital, la prolongación de las avenidas 27 de Febrero y México, y el Expreso Quinto Centenario y todas las edificaciones habitacionales y comerciales conexas, así como el aeropuerto de Arroyo Barril y un sinnúmero de obras esparcidas por todo el territorio nacional.

Fue a partir de este período que el país, que había sido autosuficiente como productor de cemento, se convirtió en importador de este renglón. Lo mismo sucedió con la industria metalúrgica y con la mano de obra no calificada. Este fue el período de descontrol de la frontera dominico-haitiana y el inicio de las importaciones masivas de obreros haitianos para la industria de la construcción, mientras el personal calificado dominicano emigraba a Puerto Rico y a las islas del Caribe, en las cuales el turismo genera una gran actividad de la construcción y donde se ha quedado.

La presión de la falta de divisas para cubrir el alto componente importado del Plan de Inversiones determinó un proceso de devaluación del peso, y una inflación creciente que desajustó toda la estructura de precios de la economía, con las consiguientes protestas de la población. Esta fue también la época de los contratos abiertos para ir absorbiendo los efectos de la inflación en los precios de los insumos en el curso de la obra. Este mecanismo permitió todo tipo de maniobras de corrupción con los contratos de construcción del Estado, al romperse los parámetros de fiscalización económica. Para diciembre de 1987 el dólar se cotizaba en el mercado libre a razón de 5 por uno.

Ya para 1988 la búsqueda de divisas en el mercado libre, para financiar el componente importado de este sobredimensionado conjunto de obras, creó una devaluación galopante del peso dominicano, cuya tasa de cambio oficial con el dólar se remontó a 6.35 por uno, llevando a su vez a una crisis cambiaria de proporciones catastróficas por falta de divisas en el Banco Central y a una inflación sin precedentes del 60%. Escasearon los combustibles, especialmente las gasolinas y el GLP, y el gobierno anunció la subida de sus precios para el siguiente año.

Para el 1989 el deterioro de la economía y de las reservas de divisas del Banco Central continuó obligando al gobierno a recurrir al FMI. El presidente Balaguer anuncia la inminente quiebra de la Refinería de Petróleo y de Molinos Dominicanos. Los precios de los combustibles -–bajo control oficial-- fueron duplicados. La escalada de precios de artículos de primera necesidad determinó una cadena de protestas que incluyó una huelga nacional de dos días en junio de 1989. En septiembre el presidente Balaguer anunció que el país no podía hacer frente a sus obligaciones con la deuda externa, aunque no se comprometió a recurrir a una moratoria.

Ya para noviembre, la tasa de cambio del dólar en el mercado libre estaba a razón de 9 por uno. Se incrementan los apagones y la CDE anuncia que se le acaba el combustible y carece de dólares para adquirirlo. Para el mismo mes de noviembre el gobierno, mediante carta firmada por el gobernador del Banco Central, Guillermo Caram, anuncia a los países ricos acreedores de la República Dominicana su compromiso de traspasar al sector privado las empresas estatales y propiciar el cierre de los ingenios de azúcar deficitarios. Después de resistir durante tres años las medidas de ‘ajuste’ del FMI, que incluían la privatización de las empresas del Estado, Balaguer cedía.

No obstante todos los percances económicos, Balaguer ‘ganó’ nuevamente las elecciones de 1990 al profesor Bosch, en un proceso de resultados reñidos y sospechosos de fraude. En éste se manifestó nuevamente el cisma que aquejaba la cúpula del PRD, que dividía el voto perredeísta entre Jorge Blanco y Peña Gómez por un lado, siendo este último candidato por el PRD y Jacobo Majluta candidato por el PRI, por otro lado. Después de las elecciones la crisis económica estalló.

ESTALLA LA CRISIS
Varios bancos privados quebraron. Escasearon los combustibles. Se paralizó el transporte nacional. Largas colas de desesperados conductores se alineaban en las estaciones a la espera de algunos galones de combustible, cuyo precio se había duplicado. El sistema eléctrico nacional colapsó. El país se apagó. La profunda crisis económica, financiera y cambiaria devino en crisis política. El patrimonio empresarial estatal de CORDE, puesto en manos irresponsables, comenzó a mostrar el resultado deseado. Empresas monopólicas tan sólidas como Molinos Dominicanos quebraron, así como la mayoría de las industrias y entidades comerciales (incluyendo bienes raíces), esquilmadas por voraces administradores políticos.

De las empresas de CORDE, la Dominicana de Aviación (CDA) era más importante para el país como instrumento de su soberanía aérea que como empresa del Estado. Era y es más importante contar con una línea bandera nacional, que garantice el usufructo de las rutas que le corresponden bajo el principio de reciprocidad internacional, y no quedarse aislada, que tener una empresa rentable. El mejor ejemplo lo fue ‘Iberia’ (Líneas Aéreas de España), empresa del Estado español, deficitaria y subvencionada por su gobierno, que se dedicó a adquirir líneas aéreas nacionales deficitarias y rutas a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Pues bien, con el argumento de que la CDA estaba en condición deficitaria, un grupo de traficantes de influencia del gobierno de Balaguer lo tenían todo negociado y listo para vender la deficitaria CDA, línea bandera dominicana, a Iberia, la deficitaria línea bandera española. El ambicioso plan de Iberia era hacer de la República Dominicana el centro de sus operaciones latinoamericanas, conectando su red de rutas ya adquirida de mala manera en el ‘Cono Sur’ con las rutas transoceánicas hacia Europa.

Otro contrasentido de la operación era que se planteaba en el marco de la ‘privatización’ del patrimonio empresarial del Estado dominicano, y era inexplicable y todavía es inexplicable cómo podía ‘privatizarse’ algo de un Estado en manos de otro Estado. Era obvio que tal operación constituía un incalificable acto de traición al Estado dominicano. De una forma u otra, Balaguer no autorizó tal desafuero, pero como veremos la CDA estaba condenada a su desaparición en manos de traficantes, cerrando sus operaciones en 1993.

En febrero de 1991 Balaguer anunció ante la Asamblea Nacional que se firmaría un Acuerdo Stand By con el FMI, para renegociar su deuda externa de más de US$4,000 millones. En julio otra huelga general de 48 horas paralizó el país, en protesta por los efectos de las condicionalidades impuestas por el FMI a los dominicanos. Varios bancos comerciales cierran o son cerrados en medio de escándalos financieros. En 1992, con el país apagado y sin la presencia del Presidente Balaguer, se inaugura el Faro a Colón en ocasión del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, ofreciéndose al mundo el absurdo contraste de la política de inversión pública de Balaguer: los reflectores encendidos del faro recorriendo el firmamento en la oscuridad de la noche de la crisis energética del país.

La crisis política de Haití de 1994, centro de la atención internacional y de las presiones de diversas potencias concertadas en evadir sus responsabilidades, afectaba necesariamente a la República Dominicana, única válvula dejada como desahogo a la crisis social y económica que aquejaba a su depauperada población, lo cual representaba un factor agravante a un país que tenía además programada elecciones generales para mayo de ese año. El climax de la misma se produjo con el desembarco en el mes de septiembre de tropas norteamericanas para deponer el régimen militar del general Cedrás y reponer en el poder al ‘democrático’ Jean Bertrand Aristide.


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