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Complot en el Congreso
Continúan las presiones y amarres para la extensión del período de los legisladores, vía una modificación amañada de la Constitucióno
Por Ivonne Ferreras
Presiones, amarres, acuerdos bajo la mesa, chantajes, sobornos, reuniones y más reuniones. Todos estos elementos resumen lo que, a juicio del “Padre de la Democracia”, es la Constitución dominicana. Así, pura y simplemente, “un pedazo de papel” al que se le pueden quitar y agregar párrafos, artículos y acápites traídos de los pelos según la conveniencia de sectores o instancias políticas, quienes ante determinadas coyunturas pierden la compostura y retoman su naturaleza probable de simples "gavilleros".
La comprobación de lo antes citado no necesita de grandes esfuerzos. Una simple visita al “solemne” Congreso de la República sirve de termómetro para medir la fiebre de legisladores “marrulleros” que, amparados en la Carta Magna, no cesan en sus aspiraciones de seguir ocupando una curul sin someterse al escrutinio de la población.
El triste espectáculo que hay que presenciar no deja lugar a dudas, y el plan, aunque un secreto a voces, es confesado con el mayor desparpajado por algunos diputados que, convencidos de la imposibilidad de que se realice una modificación constitucional sin que se cuele el artículo que facilitaría la extensión del periodo por dos años más, chantajean para lograr sus objetivos.
Con ese convencimiento es que se ha levantando una nueva consigna: "extensión o peaje". Con esto se pretende chantajear al gobierno para que, o se permita legislar para extender el periodo, o simplemente, se les pague durante dos años por un trabajo no realizado.
Así de simple y con todo el descaro se pronunció un grupo de diputados de todos los partidos, reunidos en el Hotel Hispaniola (Santo Domingo Sur) para definir la estrategia a seguir frente al gobierno, quien, al menos públicamente, ha sido enfático en asegurar que no aceptará la prolongación del periodo legislativo como se pretende, argumentado la necesidad de unificar las elecciones.
En la referida reunión habrían participado los diputados Máximo Castro Silverio ( PRSC-Santiago), Rafael -Fafa-Taveras (PRD-D.N.), Rafael Vásquez -Fiquito- (BIP-D.N.), Alfredo Pacheco (PRD- D.N.), Eduardo Stormi Reynoso (PRI-D.N.), Mario Fernández Saviñón (PRSC-Duarte), Manolito Hazoury (PRD-D.N.), Genaro José Miguel Cabrera Cruz (PLD- Montecristi) y Radhamés Castro (PPC -D.N), entre otros.
Más aún, el próximo 20 y 21 se realizará en Santiago un seminario de marketing político, auspiciado por diferentes países latinoamericanos, al que fue invitado un grupo de diputados y donde se presume que se bajarán líneas en función de la extensión del periodo congresional. De eso están convencidos los invitados, entre los que no estarán ausentes importantes dirigentes políticos de los distintos partidos.
Por supuesto, que la pretendida marrullería –para no decir golpe de Estado institucional-- se fundamenta en la imposibilidad de ciertos legisladores de acudir a unas elecciones y salir airosos. Esos temores están íntimamente ligados al triste papel desempeñado por ellos en muchos casos.
Muchas conjeturas son las que se manejan a partir de pronuncia-mientos hechos por los propios diputados, sin que hasta el momento ninguno de ellos se atreva a admitir públicamente que estaría de acuerdo con la prolongación del periodo. En lo que sí coinciden sin lugar a dudas la mayoría de los legisladores es en el hecho de que, si la pieza es sometida en estos momentos, será aprobada.
Tanto es así, que elementos manejados de manera soterrada tienen que ver con los sorpresivos viajes realizados por la presidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Albuquerque --el ultimo de ellos a Egipto--, a fin de evitar que la pieza sea sometida.
Otros expresan temor ante la determinación de sus colegas parlamentarios, sin excluirse, por las consecuencias posteriores de una acción de esa naturaleza. Se trata de una situación de ingobernabilidad, un verdadero golpe de Estado institucional.
La situación evidencia que con el voto del 1998 el pueblo pretendió elegir representantes que le defendieran y, al igual que el creador de Frankenstein, ve con horror cómo su voluntad podría revertirse ante el surgimiento de pequeños monstruos enquistados en el poder que se resisten a abandonarlo.
POSICIÓN DE LOS PARTIDOS
La posición hasta el momento de las distintas organizaciones políticas con representación congresional ha sido tajante. Todos han expresado su repudio a una iniciativa que no es nueva. Más aún, hay quienes, como el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Hatuey Decamps, que ha amenazado con expulsar de la organización a los se atrevan a votar para que la pieza sea aprobada.
Ni hablar de lo dicho por la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, que se ha pronunciado en esa misma tesitura. Pero el anciano líder del Partido Reformista Social Cristiano ha ido más lejos en sus pronunciamientos. Recientemente el doctor Balaguer dijo que estaba dispuesto a llamar al país contra los planes de extensión del periodo.
A juzgar por las distintas posiciones de esos partidos, no existe ni una sola razón para temer. Pero es obvio que una cosa es la posición que se asume públicamente y otra muy distinta la que se maneja de manera soterrada.
Según dicen algunos diputados del PLD de manera oficiosa, las posiciones a lo interno de esa organización son encontradas. Se ha dicho que el ex presidente Leonel Fernández estimula, por lo bajo, la extensión del periodo, en el entendido de que en sus pretensiones de repetir en la Presidencia de la República necesitaría un Congreso más "cómodo". En ese sentido, Fernández tendría el convencimiento de que si no se celebran elecciones en el 2002 estaría en la capacidad de arrastrar un mayor número de legisladores en las presidenciales del 2004. Por supuesto que esas son estrategias que revelan los peledeístas en privado, y que no se atreven a asumirlas públicamente.
En relación al PRSC, los "compatriotas" entienden que la estrategia es la del "dejar hacer", por lo que no existe, en los hechos, la intención de desarticular el entramado.
Se habla de que el anciano caudillo reformista, Joaquín Balaguer, estaría de acuerdo con la extensión, sólo si es sustituido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, por Pedro Romero Confesor.
"Su problema es que le quiten a Subero Isa, y con tal de lograrlo es capaz de apoyar" la reforma, explica un legislador.
LOS AMARRES
Los parlamentarios reformistas, con ligeras excepciones, quizás votarían por la extensión. Sin embargo, son ellos mismos quienes aseguran que sólo se busca una forma que no implique una situación insostenible para la nación. Con esa lógica se están realizando amarres de distintos sectores del pais.
"Está claramente decidido y definido hacer las modificaciones para favorecer a los legisladores, sólo se busca la forma de amortiguar la situación posterior. Es decir, se están creando las condiciones para que la pieza sea conocida en el más breve plazo", reveló un congresista a [A]HORA.
"Es mas", agregó, "me llegó el anteproyecto del senador Darío Gómez para que concatenáramos éste con el enviado por Agripino Núñez Collado, para que elaboremos notitas sin importancia, y meternos en el artículo 89 que es con el que nos haríamos un traje a la medida. El referido artículo habla de los colegios cerrados, que habla de la forma y fecha en que se celebrarían las elecciones".
Es decir, se pretende fusionar los dos anteproyectos y aprobarlos en dos lecturas consecutivas en el Senado de la República. En pocas palabras, resolverlo rápido y evitar las manifestaciones probables de rechazo de la población.
Aunque para muchos parezca increíble, hay legisladores de los que abogan por la extensión que aseguran que hasta la Junta Central Electoral ha estado jugando su papel en todo este embrollo, haciendo todo lo posible porque en el país no se celebren elecciones en el 2002.
Lo explican en la lógica de que hay jueces del organismo comicial que entienden que si se realizan elecciones en el 2002 la matrícula del PRD se debilitaría considerablemente, por lo que entienden que "el 17 de agosto del 2002 la JCE sería otra y la mayoría quiere jugar su papel en los comicios del 2004, en función de su estrategia con relación a las pensiones".
Aseguran que el organismo electoral está más o menos atada de pies y manos, esperando lo que pueda suceder. Si se recuerda el precedente de la resolución a favor de la asamblea del PRSC, no queda más que rezar y pedir a Dios que nos acompañe.
¿QUIÉN TIENE LA ÚLTIMA PALABRA?
Para muchos diputados el desenlace final estaría en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es así porque tienen que darse una serie de condiciones para que los votos necesarios puedan aparecer, debido a que el PRD y el PRSC juntos no completan la matrícula necesaria.
En ese sentido, se plantea que sólo por un descalabro o una actitud torpe de la organización morada se puede aprobar la extensión del periodo. El quórum para convocar a la Asamblea Nacional no enfrentaría grandes dificultades. El problema está en que para aprobar la modificación a la Carta Magna se tendría que contar con las dos terceras partes, que en este caso involucra a cien diputados. Si el PLD, que cuenta con una matrícula de 49 diputados, más el voto de José Francisco Peña Guaba, decide votar en contra malograría las pretensiones de extensión del período. Con 50 diputados de un partido opuestos a la extensión sólo restarían 99. Además tendrían que votar a unanimidad, incluida la presidenta del hemiciclo, Rafaela Albuquerque, y los 21 senadores.
Significa que es muy difícil que se reúnan esas dos terceras partes necesarias para decidir si la extensión del periodo va o no. Podría ocurrir entonces que los legisladores del PLD quemen la nave y se decidan por votar a favor por encima de los riesgos que correrían dentro de su partido. Asimismo, se plantea la posibilidad de que el PLD, con la ausencia de sus diputados, contribuya a la aprobación de una extensión que tanto ha criticado, debido a que de esa forma se completa con mayor facilidad las dos terceras partes requeridas. Sin embargo, y a pesar de la determinación, muchas cosas podrían ocurrir para que no se produzca una modificación de la Constitución, objeto del deseo de los legisladores que nada tiene que ver con la discusión horizontal de los temas cruciales que interesan a la sociedad dominicana.
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