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NEGOCIANDO LA SOBERANÍA
El gobierno de los diez años de Balaguer
Por Leopoldo Espaillat Nanita
Después de la desastrosa gestión de Jorge Blanco, con las programadas y catastróficas devaluaciones del peso dominicano, la que le tocaba iniciar a Joaquín Balaguer en agosto de 1986 estaba rodeada –por un lado- de expectativas positivas (nadie podría hacerlo peor que Jorge Blanco) y también de aprensiones. Después de todo, Balaguer estaba ciego y dependiendo para todo de su anillo, incluyendo percibir la realidad nacional (o leerla en la prensa escrita), así como identificar y despachar documentos o vestirse. Esta nueva gestión de Balaguer duraría tres períodos, casi repitiendo sus primeros doce años de gobierno, pues fue recortada por factores políticos a diez años.
La designación del licenciado Luis Julián Pérez como gobernador del Banco Central marcaba un derrotero de política económica totalmente inversa al gobierno de Jorge Blanco, ya que Pérez había planteado públicamente, desde antes de asumir el cargo, la necesidad de revertir el proceso de devaluaciones que había recibido el signo monetario dominicano, cuyo valor respecto del dólar lo encontró al tomar posesión en 3.12 por uno, bajándolo en 1987 a 2.91 por uno. Pero, como veremos, Julián Pérez perdió la batalla frente a Balaguer y al FMI, y en julio de 1987 el peso dominicano llegó a cotizarse en el mercado libre a 4.75 por uno; en diciembre superó la barrera de 5 por uno, y en agosto de 1988 estaba en 6.35 por uno. Ya en noviembre de 1989 la cotización alcanzó a 9 por uno. En el plano político, la corrupción del gobierno Jorge Blanco fue abordada por Balaguer con su estilo indirecto de hacer las cosas. No levantó expedientes por vía del ministerio público por actos de corrupción, a la vista de auditorias, investigaciones, evidencias, etc., como era institucionalmente su obligación, sino que inauguró una serie de comparecencias por TV de funcionarios públicos, que denunciaban hechos de corrupción ante las cámaras, mientras Balaguer, impasible, los escuchaba desde un sillón próximo.
El próximo paso fue que un particular, y además jurista, Marino Vinicio Castillo, presentara ante el ministerio público lo que se denominó una ‘denuncia-querella’, y fue éste, no el Estado dominicano a través de sus instituciones, el que cargó con la responsabilidad de mover la acción pública contra Jorge Blanco y otros allegados y funcionarios de su gobierno, y llevar el peso de la acusación ante los tribunales de justicia, incluso mucho después de que el gobierno y el propio Balaguer se desinteresaran de proseguir los procesos.
Desde luego, todo ello se esperaba desde el mismo día del acto de juramentación de Balaguer en el Congreso Nacional, cuando aparecieron cartelones y pancartas que rezaban ‘a la cárcel con los ladrones’. Era cuestión de tiempo –que todo el mundo esperaba y muchos deseaban- que el nuevo gobierno le tomara cuenta a los desafueros administrativos de la gestión de Jorge Blanco, cometidos en gran medida a la vista de todo el mundo y sin esfuerzo de disimulo alguno. Balaguer no defraudó en el plano político estas expectativas.
En última instancia Jorge Blanco fue a parar a la cárcel, acompañado de algunos socios de negocios y algunos ex–funcionarios (incluyendo militares de alto rango y algunas víctimas inocentes como el ex–secretario administrativo Rafael Flores Estrella, víctima de su lealtad no correspondida a Jorge Blanco), pero lo hizo de tal manera que ello le permitió durante mucho tiempo decir que él no había perseguido a su corrupto predecesor, aunque mucho después –cuando le convino- dijo exactamente lo contrario: “Que él había sido el único Presidente que había perseguido la corrupción en este país”.
La forma vergonzosa en que Jorge Blanco evadió inicialmente la persecución judicial marcó su carrera política para siempre, alcanzando Balaguer al mismo tiempo el objetivo de descartarle del escenario político para el futuro, y dejar maltrecho y a la defensiva a su principal partido de oposición: el PRD. Esto le permitió emprender sin mucho problema la fase inicial de la liquidación del patrimonio estatal, su quiebra, cuya privatización había sido un ofrecimiento de la campaña.
Por otro lado, la política implantada por Luis Julián Pérez en el Banco Central de defensa del signo monetario dominicano implicaba contraponerse al modelo de la economía de servicios para propiciar la inversión extranjera, que era designio del gran capital norteamericano después de su gobierno haber promulgado la legislación que se denominó “Iniciativa Reagan para la Cuenca del Caribe”, pero que en realidad era oficialmente la ‘Ley para la Revitalización Económica del Caribe y Centro América de 1982” (Caribbean-Central America Economic Revitalization Act of 1982)
LOS PARQUES DE ZONA FRANCA
De modo que la política de proliferación de parques industriales de zona franca (primero de la CFI y luego privados) no había sido una iniciativa dominicana, ni del gobierno ni del sector privado para el territorio dominicano, sino del gobierno norteamericano para favorecer la exportación desde su territorio de procesos industriales intensivos en mano de obra hacia la periferia económica tercermundista, tanto del hemisferio americano (Centroamérica y el Caribe) como de litorales tan distantes como el Lejano Oriente. En resumen, exportaba empleos bien pagados, como lo exige la ley norteamericana, para pagarlos mal.
Con esta legislación se favorecía el ensamblaje de componentes importados desde territorio norteamericano por parte de empresas norteamericanas instaladas en los indicados parques de zona franca, o que contrataban esta tarea con empresas locales instaladas en éstos en función de contratistas, y reimportarlos al mercado norteamericano bajo condiciones concesionarias respecto de las estipulaciones del arancel norteamericano, pero bajo un estricto sistema de cuotas que constituye la verdadera protección de su mercado interno.
Lo pernicioso del modelo es que sumerge a los países que involucra en el mismo en una competencia perversa de devaluaciones monetarias, ya que plantea una disputa permanente por atraer estos capitales otorgándoles mayores ventajas en función directa con el abaratamiento salarial en moneda local respecto del dólar norteamericano, y consecuentemente al empobrecimiento de su población laboral -–esté o no vinculada a la operación de los parques industriales– y por ende a la disminución del poder adquisitivo de toda la población.
Esto es lo que más adelante, en 1990, el economista británico Raphael Kaplinsky, jefe de la misión del PNUD para la frustrada y natimuerta ‘reconversión o reestructuración industrial’ de la República Dominicana, a la vista de los efectos empobrecedores generalizados del modelo de ‘economía de servicios’, a manera de ‘subasta de pobreza’ donde se cotizan los salarios de miseria, terminara denominando ‘la depauperización del crecimiento’.
Basta ver las miseriosas condiciones de vida de los operarios de las maquilas mejicanas a todo lo largo de la frontera norteamericana-mejicana, y de las zonas francas de los demás países del área del Gran Caribe, para calibrar el dramático empeoramiento de las condiciones de vida y el estrecho horizonte de esperanza que puede darles a sus operarios y familiares la política de auspicio de ‘parques industriales de zona franca.
Es claro que la reducción del poder adquisitivo del país (como la de otros países del área) es contraria a la necesidad de la industria norteamericana de exportar sus productos, pero esta es la gran contradicción que se ha dado en el seno de la sociedad norteamericana entre la política de sobre-valuación cambiaria del dólar, que favorece las operaciones especulativas bursátiles, y las inversiones directas de su capital en nuestras economías (el nuevo GATTS), pero encarece toda la producción industrial norteamericana (tanto de consumo interno como exportable), ofreciéndole como única opción para sobrevivir cerrar operaciones intensivas en mano de obra (despidos masivos que se transfieren al seguro de desempleo y a la impagable deuda de su gobierno), trasladándolas al cinturón de miseria de mano de obra abaratada del cual forma parte la República Dominicana en el área del Caribe.
La política y los propósitos bien intencionados de Julián Pérez tenían que chocar con los representantes de esa política económica, lo que efectivamente se produjo cuando se decidió a sacar del edificio del Banco Central la oficina de los representantes del FMI, y se presentó a tomarle cuenta el entonces embajador norteamericano Robert Kilday. Lo que aconteció en ese momento me fue relatado –no por don Luis– sino por Arturo Villanueva, que se encontraba casualmente en su despacho cuando aquél recibió la sorpresiva visita diplomática. Después de escuchar lo que motivaba la visita, Julián Pérez invitó, enérgica y cortantemente, al embajador Kilday a retirarse de su oficina.
Pero esta política de respeto a la soberanía y a los intereses de los dominicanos llegaría solamente hasta donde el Presidente Balaguer sintiera que le colocaba en el compromiso de hacer causa común en un enfrentamiento con el gran poder del Norte, y así, poco después, no sólo removió a Julián Pérez del cargo, sino que confirmó su apoyo al modelo de economía de servicios propiciando nuevas y drásticas devaluaciones de la moneda dominicana.
Después de haber custodiado celosamente durante sus primeros doce años de gobierno el patrimonio empresarial estatal heredado de Trujillo del apetito de los sectores nacionales que intentaron una y otra vez apoderarse del mismo (muchos de ellos accionistas de esas empresas y desde luego ex-socios de Trujillo), constituyéndole en la base económica de su poder político, Balaguer se encontraba en 1986 con una política internacional encabezada por el gran capital norteamericano, convertida en política de su gobierno, que rechazaba el rol de los Estados latinoamericanos en la economía, enarbolando su privatización.
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