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Atrapado entre el rechazo generalizado de los dominicanos a la entrega de ese patrimonio a particulares y la nueva política norteamericana, Balaguer optó por la salida de hacer desaparecer el motivo de discordia. Conforme a mi archivo de recortes, las primeras propuestas de privatización de este patrimonio estatal en el Congreso Nacional surgieron en este período de parte de legisladores reformistas. Pero fueron las designaciones de administradores ineptos y/o ladrones el mecanismo eficaz utilizado por Balaguer para este propósito. La primera víctima de este proceso fue el Consejo Estatal del Azúcar. El Presidente Balaguer se había hecho acompañar en la boleta electoral del PRSC de quien en su momento se había rumorado como compañero de Majluta, Carlos Morales Troncoso, el segundo a bordo en la G&W, pero ahora el Vicepresidente (de quien se afirma tiene pasaporte de ciudadano norteamericano en violación a la Constitución dominicana) le resultaba una molestia a Balaguer en el Palacio Nacional.
El primer esfuerzo de Balaguer por salir de Morales Troncoso fue algo sin precedentes: enviar al Vicepresidente a Washington como embajador dominicano. Este intento tuvo que abandonarse, y estamos seguros que no fue por falta de deseo presidencial, sino porque -de ser cierto lo que se afirma- los EE.UU. no aceptaron que un ciudadano suyo representara en su territorio un gobierno extranjero. Mas sin embargo no es tan exigente el gobierno norteamericano en cuanto a que sus ciudadanos aspiren a posiciones políticas en otros países.
Tal fue el caso también de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, ministro de Economía del gobierno de Paz Estenssoro y autor del traumático plan de ajustes económicos que aquél aplicara y más luego Presidente de ese país, quien –independientemente del doblegamiento colectivo y mayoritario de voluntades representado en los cónclaves de mandatarios latinoamericanos frente a los intereses de EE.UU.– resaltaba entre sus compañeros con su inocultable e inconfundible acento norteamericano.
Balaguer terminó enviando a Morales Troncoso al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) como director ejecutivo, a sabiendas de que éste –no obstante sus antecedentes azucareros- no haría otra cosa que contribuir a liquidar ese emporio estatal. Ya en su momento le tomaría cuenta de mala manera, cuando en plena reunión de la Cámara Americana de Comercio, en la cual le tocaba intervenir, el presidente Balaguer reclamó públicamente la pésima actuación de todos los directores ejecutivos del CEA, y manoteando en la propia cara del vicepresidente Morales Troncoso, que se encontraba sentado a su lado, repetía: “todos.....”
LA ‘DOLE DOMINICANA’
La mejor muestra del ‘buen trabajo’ que hizo Morales Troncoso en esta dirección fue el contrato que él firmó con la Çastle & Cooke Worldwide Ltd.’, casa matriz de la ‘Dole Food’ y la ‘Dole Dominicana’, encabezada aquí por Randolph Fleming, un ex-teniente submarinista de la marina norteamericana, mediante el cual el CEA entregaba terrenos para la siembra de piñas y otros frutos, y su procesamiento en concentrados, a cambio de una participación en los beneficios de las ventas en EE.UU., sujetas a auditoria por parte de una firma contratada.
Mediante ese contrato de marzo de 1987 firmado por Morales Troncoso el CEA se comprometía a entregar a la ‘Dole’ una porción de 83,600 tareas (52,500,800 m2 aproximadamente) en el área de los poblados de Bermejo, Arenoso, Payabo, San Pedro y Buena Vista, en la zona de Cotuí, a cambio de una participación en las ventas de la Dole en EE.UU., con la siguiente estipulación: que el plazo inicial de usufructo de los terrenos sería por 25 años; pero la Dole tenía la opción unilateral de extender el plazo por 25 años más, hasta 50 años en total.
Pero lo mejor del contrato para los intereses de la ‘Dole’ estaba estipulado en el acápite d) del párrafo 2.2 del Art. 2, que indicaba que, al término de los 25 años, o de los 50 años, según fuera el caso, cuando sus interlocutores nacionales ni siquiera recordaran quién había autorizado ese contrato varias generaciones atrás, la Dole, en lugar de devolver al CEA la porción de terrenos recibida en los lugares indicados, podía devolver “una porción distinta de los terrenos, que contenga por lo menos el mismo número de tareas nacionales brutas (acres brutos) que dicha porción de los terrenos”.
Es decir que la Dole, que había recibido terrenos de suelos de la mejor calidad dotados de infraestructura, con excelente pluviometría y próximos al Puerto de Sánchez, podía ‘devolver’ un área igual en cualquier erial fronterizo. En cambio el CEA, para poder recibir el pago al cual tenía derecho, habría de determinar primero cuánto se había ganado la Dole en sus ventas en EE.UU. a través de una firma auditora contratada (cosa que nunca hizo), además de que a la Dole le bastaba declarar haber incurrido en pérdidas (como sí lo hizo) para que no tuviera que pagarle nada al CEA.
Pero afortunadamente para sus autores, la ejecución de este contrato nunca se ha investigado, pues si tal cosa se hiciera la fila de posibles huéspedes de la cárcel de Najayo se haría más larga. Este fue el contrato citado en su momento por el entonces embajador norteamericano Robert Pastorino como el modelo a seguir por otros ‘inversionistas’, pendientes de su ejecución, para decidirse a ‘invertir’ en la República Dominicana, amenaza que no llegó a materializarse por lo que explicaré.
La ‘Dole’ terminó, por suerte para el país, marchándose con su música a otra parte, cuando perdió el enfrentamiento que sostenía con la empresa nacional fabricante de cajas de cartón ‘Cartonajes Hernández’, encabezada por Ricardín Hernández, un empresario que -–a diferencia de muchos-- no estaba dispuesto a ceder su mercado a importaciones del exterior, y cuando el CEA -–ya en otras manos-- se negó a seguir entregándole más tierras. De hecho, fue en medio de ese enfrentamiento, que Ricardín buscó mi ayuda, lo cual me brindó una oportunidad de llevar a los hechos el discurso de defensa de la economía nacional que desde entonces venía levantando frente a la denominada ‘apertura’ neo-liberal, y acepté actuar como su asesor externo, labor que luego se convirtió durante un tiempo en una función asesora permanente dentro de su empresa.
El pleito se decidió a favor de Ricardín en una reunión que tuvo efecto en el despacho del entonces secretario de Industria y Comercio, Rafael Bello Andino, al entregarle la versión notariada de una trascripción que yo había hecho, de la grabación de una reunión previa celebrada en CEDOPEX, a la cual Ricardín había tenido la habilidad de hacerse acompañar de un notario, grabándola con el consentimiento de todos, en la cual Fleming se auto-incriminaba admitiendo que en las importaciones de cajas de cartón de las fábricas de la Dole desde Centroamérica no se declaraban todos sus costos “por representar sacar dinero de un bolsillo para el otro”. En el léxico legal y económico de comercio internacional esto se conoce como “dumping”, es decir falsear los costos por debajo de la realidad como práctica desleal de comercio.
Concurrí a esa reunión acompañando a Ricardín, y nos asistió como abogado Ramón Tapia Espinal, quien se le ‘paró en dos patas’ a Fleming y a su abogado, Luisito Heredia Bonetti, que enarbolaban los nuevos tiempos de la ‘apertura de los mercados’ para que metieran en su cabeza que tenían que respetar y acatar las disposiciones legales vigentes del país, que protegían la producción nacional de ese tipo de importación, con la condición de que fuera capaz de competir en precio y calidad con el producto importado, cosa que Ricardín garantizaba.
La presentación de ese documento notarizado, más la amenaza de llevar el caso hasta la justicia norteamericana, acompañándola con la puesta en la mesa de un ejemplar de la Ley ‘Sherman’ de EE.UU., del 2 de julio de 1890 y de la jurisprudencia al respecto (antimonopolio y anti-dumping), para someterlo a la decisión de estos tribunales (que a diferencia de los jueces dominicanos de la Suprema Corte de Justicia no juegan en la aplicación de ese principio), la Dole se plegó a adquirir las cajas de cartón de la empresa de Ricardín Hernández.
Esta decisión y la dificultad de que le entregaran más tierras, parece que provocaron la desgracia de Fleming, quien fue trasladado a otro destino y determinaron el posterior retiro del país de la Dole, liberando al CEA y a los dominicanos de ese malhadado contrato. Pero lo que estaba en juego en esa confrontación, no eran los intereses de dos empresas, una nacional y otra transnacional, sino el derecho del aparato productivo nacional a sobrevivir, participando y compitiendo en su mercado o en el mercado de exportación del país, frente a las maniobras que acostumbran las empresas de capital extranjero (predominantemente norteamericano) que operan trans-nacionalmente para ignorarlo. También estaban en juego la voluntad entreguista de quienes se someten a la voracidad de las empresas extranjeras o les sirven y la voluntad de quienes se resisten y oponen a la misma.
Estas empresas transnacionales constituyen el verdadero motor para desconocer las fronteras y soberanías económicas y políticas nacionales, las cuales incurren reiteradamente en prácticas desleales de comercio que la legislación de su país de origen no permite, ni tampoco los acuerdos pactados en la Organización Mundial de Comercio, y que pueden llevar a cabo impunemente en nuestro país, porque carecemos de legislación en la materia y hemos carecido de voluntad política para implantarla.
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