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Max Puig
Ni ético ni legal
El senador habló claro. “Estoy convencido que el bateo y corrido es una realidad, porque yo estoy dentro; eso es indecoroso pero es legal si se hace”. Para el representante de la provincia Valverde ante la Cámara Alta la reforma constitucional espúrea, la anulación de las elecciones programadas para el año que viene y la prolongación de los mandatos legislativos y municipales son inevitables. Así lo reseña el Listín Diario en su edición del pasado 5 de septiembre.
El legislador noroestano fue todavía más lejos. Aunque afirmó no estar de acuerdo con la extensión de los mandatos, no hará nada para impedirla ya que, según él, sencillamente no hay nada que hacer. Estaríamos frente a un hecho inevitable que traería consigo grandes problemas, dentro de los que incluye la ruptura del orden constitucional.
En algunos aspectos de sus declaraciones el dirigente perredeísta no deja de tener razón. La voluntad política que se expresa en el seno de su partido se orienta, de manera manifiesta, en la dirección que él señala: la de la imposición de una reforma constitucional que responda a los intereses exclusivos de su organización, por encima de los del país.
En lo que se equivoca el senador de la Línea es en relación a la supuesta legalidad de una reforma constitucional que prolongue el mandato de legisladores y autoridades municipales hasta el 2004. Esta modificación, además de ser contraria a toda ética, y por consiguiente, profundamente deshonesta, también sería absolutamente inconstitucional.
La idea que prima en el partido de gobierno es la de “usar el poder”. Usarlo, en el sentido de aprovecharlo en beneficio propio, pero también de utilizar sus resortes para conservarlo, aunque para ello tuvieran que ser vulnerados los principios, los valores y las leyes en que ese poder se sustenta.
La propia presidenta de la Cámara de Diputados ha declarado estar “entre la espada y la pared”. Confiesa que ya no sabe cómo resistir las presiones que sufre. Su situación debe ser bien difícil, vista la alianza que ha concertado su partido, el Reformista Social Cristiano, con el PRD para el reparto de posiciones en la Suprema Corte de Justicia.
Según el senador de Valverde, y esto lo han asegurado también muchos otros, alrededor de 120 diputados y más de 20 senadores estarían comprometidos con la pérfida reforma. De resultar cierta esta afirmación, esto significaría que prácticamente la totalidad de los legisladores perredeístas, una buena parte de los reformistas y una fracción de los peledeístas estarían de acuerdo en llevarla a cabo. En realidad, no se sabe cuántos legisladores peledeístas estarían prestos a traicionar su partido, que ha manifestado públicamente su oposición al crimen institucional que se prepara en el Congreso Nacional.
Al final de cuentas, la concreción del golpe artero a la institucionalidad dependerá del insoslayable doctor Balaguer y del número de representantes del PLD que le den las espaldas a las posiciones de su partido en materia de reforma constitucional. Una vez hecha la contabilidad de las apostasías, la evolución política inmediata del país dependerá en gran medida del comportamiento que asuma el PLD respecto a los legisladores morados que hayan participado, directa o indirectamente, en este juego sucio.
De producirse el golpe constitucional, lo que suceda en el mediano plazo nadie lo puede predecir de manera exacta. Mucho menos los que están propiciando la aventura de la anulación de las elecciones de mayo de 2002 y la extensión irregular de las funciones de senadores y diputados.
No se sabe, porque es muy difícil determinar de antemano el comportamiento que puedan asumir los distintos actores sociales a partir de la ejecución de una acción que, como la que analizamos, trastocaría muchos factores de incidencia en la vida social dominicana. Desde la instauración de una dictadura de partido hasta el desarrollo de una resistencia cívica que dé al traste con esa pretensión, pasando por una situación de desorden y deterioro económico y social, todo es posible.
A diferencia de lo que pudieran imaginar quienes auspician el desatino, la pérdida de legitimidad abarcaría todas las autoridades públicas. Ello les abriría las puertas a situaciones de una gravedad insospechada. Esto debería hacer reflexionar a los que acarician el sueño de conservar el poder por todos los medios. Aun si lograran su propósito en lo inmediato, el abuso terminaría siendo corregido. Pero el daño infligido habrá sido de enormes proporciones. Por eso hay que esperar se imponga la sensatez.
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