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La citación a Leonel Fernández
El gobierno ha perdido credibilidad en la lucha contra la corrupción, al hablar mucho y hacer muy poco. El PLD ha desafiado el poder, sin tener claro cómo resistiría una reacción de las autoridades
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Por Gustavo Olivo Peña
La citación hecha por el Departamento de Prevención de la Corrupción al ex presidente Leonel Fernández Reyna y 16 de sus exfuncionarios para que expliquen cómo manejaron mil 427 millones 636 mil 454 pesos con 89 centavos de la cuenta 010-241183-2 ha venido a plantear un reto para el gobierno y para el líder peledeísta. Al margen de las consideraciones legales, y de si hubo o no hubo corrupción en el manejo de esos fondos del Estado, la respuesta dada por el doctor Fernández Reyna, sus ex funcionarios, y el Partido de la Liberación Dominicana implica un desafío político que podría definir la suerte del perredeísmo y del peledeísmo en los comicios del 2002 y del 2004.
La negativa del líder del PLD, desconociendo la competencia del Departamento de Prevención de la Corrupción (que fue una creación de su gobierno) para citarlo, y la declaración de virtual desobediencia civil, emplaza al gobierno a actuar, pues de lo contrario luciría extremadamente débil. Después de todo, los ex presidentes son ciudadanos con las mismas obligaciones que los demás, y no deben recibir un trato privilegiado en cuanto a asuntos de investigaciones sobre asuntos estatales.
Lanzado el desafío del doctor Fernández Reyna, de que no irá bajo ninguna circunstancia y que prefiere que lo maten antes que acudir a la citación, el gobierno está en la necesidad de hacerle sentir el peso de su autoridad, pero sin caer en excesos que violen los derechos civiles del ex mandatario o de sus exfuncionarios.
LOS ERRORES DEL GOBIERNO
En la denominada lucha contra la corrupción el gobierno del presidente Hipólito Mejía y del Partido Revolucionario Dominicano ha cometido muchos errores. En primer lugar comenzó su gestión permitiendo un exceso de denuncias, en muchos casos antes de haber hecho las investigaciones de lugar, lo que puso en sobreaviso a los posibles implicados.
En segundo lugar, una vez que las había hecho las aireó tanto que provocó que los debates que debían efectuarse en los tribunales se protagonizaran a través de los medios de comunicación. En consecuencia, una vez llegados los casos al Ministerio Público, ya la población les había perdido el interés y hasta tenía sus dudas respecto a la seriedad de los casos.
Además, la población ha visto que no se ha procedido contra los funcionarios que hicieron o multiplicaron sus fortunas en la gestión del doctor Fernández Reyna, y que el rumor público señala con pelos y señales.
Algunos, incluso, han estado detenidos por cuestiones “no tan importantes” como el manejo de miles de millones de pesos de manera muy irregular.
Otro error del gobierno con respecto a la corrupción ha sido la diferencia con que ha tratado a uno u otro de sus propios funcionarios señalados en casos de corrupción.
Contra Víctor Tió y algunos de sus colaboradores de Bienes Nacionales se procedió con celeridad y a vista de toda la población, tanto en la respuesta a las denuncias como en el sometimiento del expediente y en los apresamientos.
Sin embargo, en los casos del Instituto Nacional de la Vivienda, dirigido por Juan Vargas, y del Banco Agrícola, administrado por Radhamés Rodríguez Valerio, se ha actuado con excesiva condescendencia. Como las acciones contra Tió y los demás funcionarios de Bienes Nacionales fueron materializadas en momentos en que el Presidente Mejía se encontraba fuera del país, no han faltado los observadores que aseguren que se trató de una decisión de la vice presidenta de la República, doctora Milagros Ortiz Bosch.
Una vez consumados los hechos, el Presidente Mejía no quiso intervenir ante el Ministerio Público en favor de Tió, porque habría desautorizado a la vicepresidenta en momentos en que ostentaba el encargo del Poder Ejecutivo.
LOS ERRORES DEL PLD
El líder del PLD, Fernández Reyna, ha cometido también muchos errores en relación con las denuncias y los sometimientos por corrupción de sus adláteres y ex funcionarios.
En primer lugar, no es válido el argumento de que se trata de una persecución política. El hecho de que existan motivaciones políticas en un gobierno para emprender acciones judiciales contra ex funcionarios no las invalida, siempre y cuando se sustenten los expedientes con las pruebas necesarias. Fernández Reyna y el PLD hicieron exactamente lo mismo que habían criticado al Partido Revolucionario Dominicano y al Partido Reformista Social Cristiano, es decir que se precipitaban a defender a sus dirigentes cuando habían sido acusados de cometer hechos de corrupción desde la administración pública. El PLD se precipitó a calificar de política la acción del Ministerio Público contra Luis Yncháusti y compartes. Y al parecer Yncháusti cuenta con el favor de los más notables dirigentes del PLD, pues otros funcionarios acusados, como el caso de Félix Bautista, no fueron favorecidos con una defensa tan vehemente de parte de sus compañeros de partido.
En segundo lugar, en una acción desesperada, Fernández Reyna y sus más allegados, acudieron a la Procuraduría General de la República, sin haber sido citados, no se sabía muy claro con cuáles propósitos, y el gobierno cometió el error de reprimirlos con bombas lacrimógenas.
A un error del líder peledeísta, el gobierno le agregó un error mayor. De no haber sido por esta torpeza del gobierno este hecho no habría pasado de ser una visita de cortesía, sin ninguna trascendencia sobre los procesos judiciales en curso ni sobre la situación política del ex gobernante.
En tercer lugar, a pesar de que su partido y sus abogados han negado que entregaran dinero a particulares de los más de mil 400 millones del denominado Programa Eventual Mínimo de Empleo, Fernández Reyna admitió en un discurso dirigido al país que su gobierno prefirió "pagar" para no tener que "pegar" (reprimir) a los habitantes de los barrios más pobres de Santo Domingo y las principales provincias. O sea se trata de un programa de "empleos" que no estaba destinado a poner a nadie a trabajar, sino a sobornar vagos para que no participaran en protestas.
LA SUERTE ESTÁ ECHADA
En gran medida el PLD basó históricamente su trabajo político en denunciar y combatir la corrupción administrativa. Las denuncias del PLD fueron implacables contra los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco.
En muchos casos las denuncias peledeístas estuvieron bien documentadas. Pero en otros sólo se trató de atender lo que señalaba el rumor público o la propia ostentación de los funcionarios denunciados.
Sólo hay que recordar que en las publicaciones especiales del periódico del PLD, Vanguardia del Pueblo, denominadas El Album de la Corrupción (I y II), se mostraban como pruebas de corrupción los niveles de bienestar obtenidos rápidamente por muchos funcionarios perredeístas.
Se señalaba, por ejemplo, el caso de un funcionario que había vivido en una pensión en sus años de estudiante, y luego vivía en una casa situada en uno de los sectores más exclusivos de Santo Domingo. Se hablaba, además, de los carros de lujo, en esa época Volvo, LTD, VMW, entre otros.
El PLD siempre afirmaba que si llegaba al poder sería drástico en la persecución de la corrupción, y que no defendería a los dirigentes peledeístas que estuviesen implicados en este crimen. Sin embargo, el enriquecimiento de sus principales dirigentes fue notable y rápido entre 1996 y el 2000, y no se ha producido ningún cuestionamiento de parte del Comité Político, el Comité Central ni ningún otro organismo del PLD. Más bien se ha defendido con pasión a esos ex funcionarios cuando han sido señalados públicamente.
El PLD ha llegado tan lejos que defendió la especie de reparto de botín que se llevó a cabo a finales de su mandato (la asignación de apartamentos de lujo entre los dirigentes y amigos, a los cuales se regaló millones de pesos para pagarlos), argumentando que todos los gobiernos habían hecho lo mismo.
Bajo este argumento peledeísta, cualquier delito o crimen que cometan todos los políticos por igual queda entonces automáticamente libre de sanción; si todos los políticos son corruptos, ninguno lo es.
Se quiere jugar al ajedrez político: te cambio una pieza por otra. Pero se olvida una regla elemental del ajedrez: cuando se ataca se debe tomar en cuenta primero que el oponente responderá el ataque, indefectiblemente tendrá que defenderse.
No se desafía el poder si no se tiene claro cómo y con qué se podrá repeler una reacción de ese poder. El doctor Fernández habló el domingo, en el programa El Gordo de la Semana, de una crisis política. Pero, ¿quién crearía esa crisis? ¿Tiene el PLD capacidad para crear una crisis política nacional? ¿Tienen armas y están dispuestos a iniciar una rebelión armada?
El doctor Fernández habla de arbitrariedad, pero olvida que en su administración se llenaron de tanques de guerra y cañones las calles de San Francisco de Macorís, sólo porque se había anunciado una protesta cívica. Esto sin mencionar casos como el de la Liga Municipal Dominicana. Habría que ver cuánto puede hacer el PLD, si no pudo hacerlo el PRD (un partido mucho más grande) cuando fue apresado Salvador Jorge Blanco durante la administración del doctor Balaguer).
Talvez el doctor Fernández Reyna, a quien nadie regatea su condición de intelectual y político brillante, ha sido mal aconsejado, y en vez de buscar una salida negociada ha optado por lanzar un desafío que podría desatar una batalla que él ni su partido están en condiciones de llevar hasta las últimas consecuencias.
El PLD no ha dejado más remedio al gobierno que actuar o demostrar una debilidad que tendría un costo político elevadísimo.
Tan alto sería ese costo político que podría llevar a la derrota al PRD para los comicios del próximo año (los congresionales y municipales), pero sobre todo para los del 2004, cuando el PLD llevará como candidato a quien se ha convertido en su líder y único vocero con capacidad de convocatoria nacional, el doctor Fernández Reyna.
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