No es un secreto para nadie que el Consejo Nacional de la Magistratura, próximo a reunirse por convocatoria del Presidente de la República, tiene ante sí una disyuntiva que definirá el curso futuro del proceso de reforma judicial que desde hace 5 años se desarrolla en el país.

Si al reunirse, el Consejo se limita a completar las vacantes de los tres jueces faltantes, seleccionando los sustitutos por su honestidad y capacidad, dándole prioridad a los jueces de la actual judicatura, entonces el Consejo habrá fortalecido el proceso de reforma judicial. Quedaría establecido como precedente que la competencia del Consejo se limita a la elección de nuevos jueces, cuando por cualquier motivo ocurran vacantes en el más alto tribunal. El Poder Judicial tendría estabilidad y dejaría de sentirse amenazado cada vez que se instale un nuevo gobierno, fallece o renuncia un juez de la Suprema Corte o cambie la correlación de las fuerzas políticas en el Congreso.

Si el Consejo, por el contrario, procede a destituir a todos o una parte de los jueces de nuestro más alto tribunal, incluyendo a su actual presidente, y elige los sustitutos atendiendo a su filiación u orientación política, entonces quedaría destrozada la independencia del Poder Judicial, la inamovilidad de los jueces y la carrera judicial. Este camino significa la imposición de la contrarreforma judicial y el inicio de un proceso de deterioro en la administración de justicia en el país.

Muchos lectores se estarán preguntando si hay razones para pensar que el Consejo Nacional de la Magistratura se desvíe por este último camino.

Lamentablemente hay motivos para preocuparse. Importantes sectores y dirigentes del PRD y del PRSC no han escondido sus intenciones de propiciar la contrarreforma judicial.

Para ello el PRD, aliado al PRSC y apoyándose en uno de los senadores del PTD o de la UD, está pretendiendo formar un bloque con cinco de los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que le otorgaría una mayoría absoluta, pudiendo en consecuencia manejarlo conforme a sus pretensiones y conveniencias políticas.

Del PRSC no nos sorprendería en absoluto una actitud de ese tipo. El doctor Balaguer, durante los 12 años y luego durante los gobiernos de los 10 años, fue el principal responsable de hacer de la justicia dominicana un poder servil, sometido a los intereses políticos, altamente corrupto e ineficiente. Incluso, nunca convocó al Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar de que la modificación constitucional se produjo en el 1994. Hubo que esperar al 1997 para la elección de una nueva Suprema Corte de Justicia. Cuando el doctor Balaguer recomienda que la Suprema sea dirigida por un perredeísta y la sustitución de sus actuales miembros e intenta colocar como jueces a connotados dirigentes reformistas está siendo coherente con su concepción respecto del Poder Judicial.

La actitud del PRD frente al Poder Judicial es otra historia. Es cierto que los gobiernos de Antonio Guzmán y, sobre todo, el de Salvador Jorge Blanco hicieron muy poco por revertir la situación de deterioro, corrupción y sometimiento político de la justicia, luego de la salida de Joaquín Balaguer del poder en el 1978. Sin embargo, en la década del 90 el PRD hizo suyo el reclamo de la reforma judicial, y se atribuye al doctor Peña Gómez ser el mentor de la reforma judicial en la modificación de la Constitución del 1994. Incluso se reconoce la actitud desplegada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, desde su condición de senadora del Distrito Nacional, en pro de la reforma judicial. Por eso es contradictorio que el PRD se involucre en aprestos para revertir una de la pocas reformas democráticas exitosas de estos últimos 40 años de transición.

Pero además, el retroceso en la reforma judicial tendría un alto costo para la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, y el país proyectaría una imagen negativa en el exterior que tendría graves consecuencias para la inversión y el desarrollo. Al actual gobierno es que menos le conviene que se produzca un deterioro en la administración de justicia.

Debo confesar que no me resultaría extraño que a pesar de todos estos razonamientos las direcciones políticas que conducen el Estado se enrumben por el camino de la contrarreforma.

Se confirmaría mi apreciación de que la democracia representativa, hoy día, se encuentra entrampada por un sistema de partidos políticos, que en base a una legitimación electoral formal y altamente condicionada y manipulada se apropia de los poderes y funciones públicas del Estado, y actúa en ellos con total autonomía de los intereses y aspiraciones de los ciudadanos.

Se confirmará mi creencia de que para la profundización de la democracia y la creación de condiciones que posibiliten a los dominicanos una vida digna, ya no podemos contar con esos partidos tradicionales por haberse convertido éstos en verdaderos grupos de intereses privados, antepuestos al interés general. Estas grandes tareas la nación tiene que acometerlas decidiéndose a transitar por un camino independiente, y posiblemente en confrontación con las cúpulas de esos partidos políticos tradicionales, convertidos hoy día en verdaderos obstáculos para la democracia y el desarrollo integral de nuestro país