No parece estar en discusión que la Constitución vigente requiere de una reforma. Definir qué modificar, su extensión y profundidad, sí es tema de debate desde hace muchos años.

La comisión especial, nombrada por decreto del Poder Ejecutivo, alcanzó importantes acuerdos en la propuesta de una reforma integral de la Constitución. Se trata de un hecho significativo si tomamos en cuenta la diversidad de sectores e intereses representados en ella.

Muchos han sido los consensos alcanzados por la comisión respecto de los cambios propuestos, todos en la perspectiva de adecuar la Constitución a las exigencias de la sociedad de hoy y a profundizar la democracia. Entre ellos pueden citarse, de modo muy general:

*La ampliación significativa de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, en especial durante la investigación judicial.

*Inclusión de importantes derechos sociales que eliminan toda forma de discriminación por sexo, o de privilegio en la aplicación de la ley, consagrándose el derecho a la seguridad social, la protección de la niñez y la adolescencia, entre otros.

* Ampliación de los derechos culturales e incorporando los derechos ecológicos.

*Consagración de la función ciudadana, no limitada al derecho de elegir los funcionarios, sino también a revocarle su mandato por faltas graves; ampliación de los modos de participación en la toma de decisiones a través de referendos, plebiscitos y Constituyentes.

*Limitación a un número fijo de los diputados, los que no podrán exceder de 162, incluyendo siete en representación de los dominicanos en el exterior y 5 por acumulación de votos para aquellos partidos o agrupaciones que no obtengan representación en las distintas circunscripciones.

*Reducción de las amplias atribuciones que el actual artículo 55 le otorga al Poder Ejecutivo; reconceptualización de las Secretarías de Estado y consagración de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

*La descentralización político administrativa del territorio, para lo cual se crean un conjunto de órganos regionales y locales. La función municipal se hace autónoma en su potestad tributaria, normativa, administrativa y técnica.

*Se establecen criterios para la democratización de los partidos políticos y para la transparencia en su financiación.

*Se reducen los porcentajes para ganar las elecciones en la primera vuelta a un 45% y a un 40%, cuando entre el primero y segundo la diferencia sea de por lo menos diez puntos porcentuales.

*A la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República se les otorga la autonomía financiera y administrativa.

*Se consagra que el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos contendrá íntegramente los ingresos y gastos del gobierno, no debiendo existir fondos, recursos ni compromisos al margen del presupuesto.

*Se consagra el peso dominicano como la unidad monetaria nacional y se prohíbe la emisión de papel moneda fuera de los autorizados por la Constitución.

*Se varía la designación de Secretaría de las Fuerzas Armadas por el de Defensa Nacional.

*Se consagra que tanto la justicia militar como la policial estarán restringidas exclusivamente a las violaciones disciplinarias de su ley orgánica, reglamentos y normas internas. Por tanto, todo hecho que constituya violación a la ley penal será competencia de los tribunales ordinarios.

*Se consagra la Constituyente electa por voto popular como el modo de modificar la Constitución, integrada ésta por 186 miembros: 150 de los postulados por los partidos políticos, 5 electos por acumulación de votos a nivel nacional para agrupaciones que no obtengan representantes locales y 31 provenientes de las organizaciones sociales.
De este conjunto el disenso más importante fue el relativo al poder o función judicial. En este punto, si bien la discrepancia se centraba en el período de la inamovilidad de los jueces y en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo sí hubo consenso en consagrar la independencia judicial, la necesidad de la inamovilidad de los jueces --aunque fuera parcial--, la carrera judicial, así como también la independencia y carrera del Ministerio Público.

El resultado del trabajo de la comisión simplemente sirve para organizar los puntos de un debate más profundo, que debe ahora desarrollarse en el seno de la sociedad. Es importante que todos tomemos posiciones respecto de cada uno de los asuntos envueltos en la reforma constitucional. Esa es la primera condición para que el texto constitucional resultante no surja como un nati-muerto o siga siendo un “pedazo de papel”. La participación amplia de la sociedad es lo que convertirá al texto constitucional en un punto de referencia cotidiano, en la exigencia ciudadana del respeto de sus derechos y libertades, y en el desarrollo de una cultura y valores democráticos.