Max Puix
Los errores se pagan
La actual administración gubernamental comenzó su gestión sobre bases políticas muy sólidas. La candidatura de Hipólito Mejía había rozado el 50 por ciento en las elecciones de mayo de 2000 y el nuevo presidente asumió el Poder Ejecutivo con un amplio dominio de su partido sobre el Congreso Nacional y la mayor parte de los Ayuntamientos.
El gobierno tenía autoridad suficiente para acometer los cambios que había prometido durante la campaña electoral. Sin embargo, se orientó en otra dirección. Prefirió dedicarse a criticar la administración anterior, a acusar con ligereza y a organizar reuniones provinciales cargadas de nuevas promesas.
Es cierto que el entorno internacional no era el más auspicioso y que las nuevas autoridades debían hacerle frente a la situación fiscal que se había creado como resultado, principalmente, de la tardanza en aumentar los precios de los derivados del petróleo.
En lo primero no tenían responsabilidad el presidente Mejía ni el PRD. No eran culpa suya la desaceleración de la economía norteamericana, el alza de los precios del petróleo ni la caída del euro. En cuanto a lo segundo, sí tenían mucho que ver. Cuando el gobierno del presidente Fernández decidió subir el precio de los combustibles, en el último trimestre de 1999, el entonces candidato Mejía y el PRD criticaron duramente la medida. De ahí en adelante, hasta las elecciones de mayo de 2000, se opusieron de manera radical a cualquier nuevo aumento. No obstante, a raíz de su victoria electoral cambiaron de posición y reclamaron del presidente Fernández que dispusiera ese incremento por decreto antes de agosto.
Gracias a su mayoría en las cámaras legislativas el PRD pudo haber dispuesto la revisión de los precios de los combustibles votando la llamada ley de hidrocarburos. Pudo inclusive haber propiciado un acuerdo nacional al respecto, con miras a colocar el tema por encima de los intereses partidarios. No solamente no lo hizo, sino que se opuso al aumento con fuerza, para luego criticar al gobierno del doctor Fernández por no haberlo hecho. En el asunto, pesaron más los intereses político-electorales del PRD que el interés nacional. Las consecuencias de este proceder las terminó pagando toda la nación, pero también el propio PRD, ya que esto le creó una situación fiscal adversa una vez en el gobierno.
Apenas inició su trabajo, el gobierno del presidente Mejía se propuso mejorar los ingresos públicos. Se sabe cómo lo hizo. Antes de que finalizara el año 2000 ya había hecho votar la ley de hidrocarburos y un pesado paquete fiscal. No derogó, como había prometido, la comisión cambiaria. Aunque las recaudaciones fiscales han crecido durante los seis primeros meses de 2001 con relación al mismo período del año anterior, no han aumentado en la proporción esperada por el gobierno. Esto tiene que ver con otro error: las nuevas cargas tributarias no se aprobaron en el momento más indicado, además de que algunos de los impuestos establecidos resultaron desproporcionados y afectaron de manera notable determinados sectores productivos.
Otra equivocación importante está relacionada con la administración del presupuesto nacional. El incremento del gasto corriente en detrimento del gasto de capital ha conllevado, como una de sus consecuencias, la disminución del ritmo de las obras públicas, afectando el empleo. Pero también ha limitado la capacidad del gobierno de cumplir con un paquete social que anunció con bombos y platillos pero que obviamente improvisó y no ha podido arrancar.
Un error ha conducido a otro. Los estrategas gubernamentales han considerado que la vía adecuada para salir del túnel es endeudar la República Dominicana. Pero también en este terreno parece reinar la improvisación: se procuran recursos a como dé lugar, sin estudiar mucho las condiciones en que son otorgados los empréstitos. Estas operaciones, contratadas generalmente de grado a grado, se caracterizan por la falta de transparencia.
El resultado conjugado de los factores externos adversos y de los errores de conducción cometidos está llevando el país a una situación difícil. Después de varios años seguidos de crecimiento sostenido, la economía dominicana reportó un crecimiento cero durante el primer semestre de 2001. Las pérdidas de empleo se cuentan por decenas de miles.
En una coyuntura caracterizada por las dificultades, el liderazgo presidencial está llamado a jugar un papel decisivo. Es deber del presidente de la República convocar a toda la nación para enfrentar de manera conjunta las adversidades. Eso no se ha producido hasta el momento. Por el contrario, han primado los reproches y la intolerancia.
Los errores se pagan. Ahí están para confirmarlo los resultados de las encuestas publicados los últimos días. La gente se siente frustrada y son mayoría los que no ven con confianza el futuro. Aunque la ciudadanía considere que el gobierno no está en capacidad de enderezar la situación y le atribuya un comportamiento errático, hay que insistir. El país es de todos y el gobierno está en el deber de escuchar y rectificar.
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